Los transportistas exigen multas de hasta 90.000 euros para desconvocar los paros que comienzan este lunes

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte inició la pasada medianoche el paro indefinido de ámbito nacional en el transporte de mercancías que amenaza con poner en jaque a toda industria alimentaria y de distribución, como ya ocurriera en el anterior paro de marzo. Los convocantes justifican la nueva protesta por el incumplimiento de la ley que prohíbe a los camioneros trabajar a pérdidas o por debajo de costes. Una causa que el Gobierno, la patronal CEOE y las asociaciones mayoritarias de transportistas, que rechazan el paro, califican poco convincente para adoptar una medida tan grave que amenaza con paralizar España como ya sucediera en los paros del pasado mes de marzo.

Sin embargo, las peticiones de la Plataforma que lidera Manuel Hernández son muy concretas y están en encima de la mesa de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez. Se trata de una batería de enmiendas al Real Decreto 14/2022 de Medidas de Sostenibilidad Económica en el Ámbito del Transporte (más conocido como Ley de la Cadena del Transporte) que entró en vigor el pasado 2 de agosto. Fundamentalmente, se basan en dos reivindicaciones: multiplicar hasta por diez el importe de las sanciones para los cargadores (las empresas que les encargan los portes) que incumplan el decreto, pagándoles por debajo de costes o subcontratando ilegalmente los portes a empresas sin licencia; y permitir que los atestados de la Guardia Civil que se levanten por las infracciones del decreto se tramiten automáticamente como denuncia válida sin necesidad de más trámites administrativos, ni de que sean los transportistas los que deban poner las denuncias.

Así, consta en la carta remitida por la organización a la ministra el pasado 31 de octubre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En la misma, se solicita que para las infracciones más graves -el pago que no cubra los costes y la subcontratación ilegal- se introduzcan en la ley nuevas sanciones de entre 70.000 a 90.000 euros. Actualmente, el decreto prevé multas máximas de entre 4.000 a 6.000 euros, que se elevan hasta los 30.000 euros si se produce una reincidencia grave o un impago reiterado de las multas. Además, la asociación reivindica que en caso de que una empresa con licencia de transporte subcontrate a otra ilegal, no sea esta última la responsable de sanción, sino el “transportista efectivo”.

Denuncias de la Guardia Civil

Asimismo, en la misiva se insta a simplificar el trámite administrativo y de la denuncia hasta ahora en manos de los inspectores del Ministerio de Transporte, de forma que se amplíe a otras instancias, fundamentalmente la Guardia Civil. “Aparte de las correspondientes inspecciones de Transporte, como medida probatoria será válida la intervención en carretera de la Guardia Civil al comprobar precio y kilómetros, partiendo de la referencia oficial del Observatorio de Costes aplicando los márgenes establecidos, proponiendo sanción en su caso a la Inspección de Transporte correspondiente para su ejecución material. La Inspección dará comunicación inmediata a todas las partes (cargador y transportista) del inicio del expediente sancionador, llevando a cabo posteriormente las correspondientes comprobaciones que concluyan el expediente”, concreta la petición de la Plataforma. Y es que, tal y como adelantó EL PAÍS, ningún transportista ha presentado hasta el momento una denuncia formal y tan solo se han recibido denuncias anónimas. La misma añade que también serán válidas las denuncias que directamente interpongan las organizaciones de transportes a la Inspección de Transporte, así como las de cualquier afectado que acredite ser perjudicado por un funcionamiento desleal en los servicios de transporte de manera directa.

Otras enmiendas más técnicas se refieren al cálculo del precio y los gastos relacionados con el transporte para cubrir el total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por el porteador para su prestación. Para ello, piden que se tenga que realizar tomando la referencia del resultado de los siguientes costes: amortización del vehículo, financiación del vehículo (en caso de no haberla se aplicará el coste por depreciación), personal de conducción (partiendo de los convenios establecidos), seguros, costes fiscales (tasas, revisiones, etcétera), combustible, consumo de disolución de adblue, neumáticos, mantenimiento, reparaciones, dietas del conductor, peajes, costes indirectos, y tiempo de disposición para la carga y descarga. También admiten como referencia el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transporte con unos márgenes máximos de hasta un 5% de flexibilidad por las particularidades de cada transportista efectivo.

Igualmente, se solicita que el impuesto de sociedades y el IRPF se paguen en Hacienda en función de los kilómetros anuales aplicando una facturación estimada sobre la base del cálculo de coste, cuando el total de la facturación que presente la empresa estuviera por debajo de dicho cálculo. Y en este supuesto, Hacienda sancionará al pagador y cobrador por el incumplimiento de la norma.

Manifestación a pie en Madrid

Para hacer visible su protesta, los transportistas autónomos de la Plataforma amenazan con “tomar” Madrid a partir de este lunes y han convocado una “gran manifestación a pie” (sin sus camiones) que arrancará a las 10.00 horas de la Plaza del Emperador Carlos V, junto a la estación de tren de Atocha, y se dirigirá a la sede del Ministerio de Transportes. No obstante, desde Plataforma se advierte de la posibilidad de que los manifestantes puedan permanecer varios días en la capital, para dar más notoriedad a sus reivindicaciones.La convocatoria de la huelga ha sido unánimemente rechazada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en el que se integran las organizaciones mayoritarias de transportistas como CETM, Fenadismer, Astic o Uno, pero no así la Plataforma. La CNTC es el único órgano de representación que admite el Ministerio de Transportes como interlocutor, aunque representantes de la Secretaría se reunieron la pasada semana con los de la organización convocante sin ningún resultado.

Las principales de organizaciones empresariales de la alimentación, la distribución y la hostelería han exigido al Gobierno que se garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas para que “no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria” en el anterior paro, en el que “se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria”. Y es que la huelga coincide con la campaña del Black Friday y los prolegómenos de las fechas navideñas, con lo que puede afectar gravemente a las ventas de comercio, cuando las grandes empresas aprovechan para aprovisionarse de mercancías de cara a la temporada navideña para evitar cuellos de botella en la cadena de suministros.

El Ministerio de Transportes defiende que, desde los paros de marzo, el sector ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión, por ejemplo o 1.000 en el caso de furgonetas) y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).