Los transportistas que van a la huelga no han presentado ninguna denuncia por trabajar a pérdidas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) no ha recibido ninguna denuncia formal de ninguna empresa de transportes por el incumplimiento de la ley que prohíbe a los camioneros trabajar a pérdidas o por debajo de costes. Los servicios del departamento encargados de vigilar esa norma tan solo han recogido 88 denuncias anónimas en el buzón habilitado a tal efecto, pero ninguna formalizada por una empresa contra un cargador (las empresas que les encargan el porte) de acuerdo al procedimiento administrativo oficial, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El dato es singular porque el incumplimiento de la llamada Ley de la Cadena del Transporte es la principal reivindicación esgrimida por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte para la convocatoria de un nuevo paro indefinido de ámbito nacional a partir de la medianoche del próximo domingo, día 13, al lunes, 14. Los convocantes se quejan de que las grandes empresas que contratan sus servicios incumplen reiteradamente el decreto aprobado el pasado 2 de agosto, pagándoles precios inferiores al coste del transporte o subcontratando ilegalmente los portes a otras empresas sin licencia. Pero, a la luz de estos datos, no parece que estén trasladando esas quejas a los servicios de inspección del Ministerio de Transportes. De ahí, la insistencia de la ministra del departamento, Raquel Sánchez, en sus declaraciones tras conocerse la convocatoria de la huelga, para que los transportistas se atrevan a denunciar.

La actividad inspectora en materia de transporte terrestre se realiza conjuntamente entre la inspección de Transporte del MITMA y las inspecciones de las comunidades autónomas. El procedimiento tiene dos fases diferenciadas. Primero, la inspección propiamente dicha, que puede ser de dos tipos: a través de una denuncia, de las que el 100% se comprueban; o aleatorias, de acuerdo con los objetivos del Plan de Inspección Anual. El segundo paso es abrir un expediente sancionador, si se concluye que, en efecto, hay causa de infracción, un procedimiento largo y muy garantista, en el que se recaba el informe de alegaciones del sancionado. La sanción supone una cuantía monetaria que debe abonarse a la Administración.

Adicionalmente, el Ministerio de Transportes cuenta desde el primer trimestre de 2022 con un buzón de denuncias anónimas sobre incumplimientos de la normativa de transporte, para facilitar la actividad de la inspección. Las denuncias anónimas recibidas a través de este procedimiento se utilizan para ayudar y dirigir las inspecciones aleatorias del Plan de Inspección. Desde la puesta en funcionamiento del buzón, se han recibido las citadas 88 denuncias anónimas sobre precios que no cubren los costes. Una cantidad mínima si se tiene en cuenta que en España hay 105.000 empresas de transportes, de las que unas 82.000 tienen hasta tres vehículos. Cualquier afectado puede poner una denuncia, ya sea por el conductor o el gestor de transporte u otro interviniente, y se puede poner más de una denuncia por vehículo y por empresa.

“Estas denuncias anónimas se están depurando, y la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección, o no se acogen a los supuestos sancionables, aunque ya se han realizado las primeras inspecciones con los indicios apuntados en algunas de ellas”, según han señalado a EL PAÍS fuentes del MITMA. Sí que están más avanzadas las inspecciones relativas a supuestos de morosidad en el pago, cuyo régimen sancionador se aprobó en 2021 y ya hay unos 300 expedientes tramitándose, según las mismas fuentes.

Reforzamiento de la inspección

Aunque desde Transportes se insiste en la necesidad de que sean los transportistas los que denuncien cualquier incumplimiento que observen de la norma, el departamento de Raquel Sánchez va a intensificar y perfeccionar los mecanismos de inspección.

El actual Plan de Inspección Anual es único tanto para el ministerio como para las comunidades autónomas, que comparten objetivos y líneas de actuación, y que en 2021 tramitaron 132.614 expedientes sancionadores. En el Plan de 2023 se va a incluir además, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada. De esta forma, será un objetivo prioritario tanto para la inspección de MITMA como para la de las comunidades autónomas, según las fuentes citadas. Además, el ministerio está planteando un refuerzo del personal de inspección.

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Transporte es que los atestados de la Guardia Civil que se levanten por las infracciones del decreto de agosto se tramiten automáticamente como denuncia válida sin necesidad de más trámites administrativos. El problema, según apuntan fuentes del ministerio, es que actualmente no es obligatorio recoger el precio en la carta de porte y, por tanto, un boletín de denuncia de la Guardia Civil que indique que el precio no consta en la carta no puede ser objeto de sanción.

La mayor parte de las asociaciones empresariales del sector no secundan la huelga. Así lo han anunciado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO). Todas ellas forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), único interlocutor válido del sector que reconoce el Ministerio de Transportes y en el que no está integrada la Plataforma, que agrupa a pequeños transportistas y autónomos.

Precisamente, ante la convocatoria de los paros, las principales organizaciones empresariales de la alimentación, la distribución y la hostelería han exigido al Gobierno que se garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas. Y es que la huelga coincide con la campaña del Black Friday y los prolegómenos de las fechas navideñas, con lo que puede afectar gravemente a las ventas de comercio, cuando las grandes empresas aprovechan para aprovisionarse de mercancías de cara a la temporada navideña para evitar cuellos de botella en la cadena de suministros.