Los transportistas que paralizaron España en marzo convocan un nuevo paro indefinido desde el lunes

La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de mercancías que paralizó el país durante veinte días en la huelga protagonizada el pasado mes de marzo, ha anunciado este lunes un nuevo paro indefinido de ámbito nacional a partir de la medianoche del próximo domingo, día 13., al lunes, 14. La nueva protesta se produce por los incumplimientos que a juicio de la asociación convocante se han producido de los acuerdos a los que llegaron las principales asociaciones con el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para aliviar la situación del sector y el incremento de los costes por la subida del precio del combustible.

En particular, denuncian la violación reiterada por parte de las empresas que contratan sus servicios de la ley que prohíbe a los camioneros trabajar a pérdidas o por debajo de costes, ante la falta de control en su aplicación por la ausencia de inspecciones. Los transportistas culpan directamente de este incumplimiento al departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, al que acusan de desentenderse de las inspecciones y desautorizar los controles que hace la Guardia Civil haciendo inviable el cumplimiento de la ley.

La decisión se ha tomado después de que el pasado sábado los delegados provinciales de la Plataforma votaran en asamblea reanudar los paros con un 86% de los votos, tras analizar el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de marzo en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y del que no forma parte la Plataforma.

Entre las medidas que se acordaron entonces se encontraba la citada ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas; un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos en cada litro de carburante; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

“La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir”, ha señalado este lunes en rueda de prensa el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ha denunciado que los costes se ha incrementado este año otro 30% haciendo inasumible el negocio para la mayor parte de los pequeños transportistas, de forma que se ven obligadas a cerrar cada mes entre 200 y 250 empresas. “Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exige. No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios”, ha advertido Hernández.

Respuesta de la ministra

Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha afirmado que la convocatoria de huelga indefinida de los transportistas “no tiene sentido”, ya que “el Ministerio ha cumplido todos sus compromisos”, y la situación del sector ha mejorado “muchísimo” en los últimos meses, desde la aprobación del real decreto ley en agosto que regula que no puedan trabajar por debajo de costes.

Por ello, pidió “responsabilidad” a los transportistas, “un sector que sabemos que lo pasa mal”. A este respecto, destacó que ha recibido subvenciones por valor de 900 millones de euros. “La aplicación de la normativa ha cambiado el escenario en el que prestaban sus servicios”, aseguró la ministra en declaraciones a los medios en la estación madrileña de Chamartín.

Sánchez, en declaraciones previas a TVE, ha vuelto a ofrecer diálogo a los transportistas para “reconducir” los “pequeños desajustes” que puedan existir, y ha prometido intensificar las inspecciones. “Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros”, ha subrayado la ministra. Sánchez ha avanzado además que su departamento está ultimando un nuevo plan de Inspección que presentará “en las próximas semanas” para reforzar los mecanismos de inspección.

El Gobierno tramitó este verano por vía de urgencia un decreto ley para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquellos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. En el mismo, se exige como pedía la Plataforma que los contratos sean por escrito y se aplican limitaciones a la subcontratación en el sector.

Con este decreto, aprobado el pasado mes de agosto, Transportes desactivó la amenaza de nuevos paros realizada por la Plataforma. La asociación, pese a no tener representación en el CNTC, el órgano integrado por las mayores asociaciones de transportistas como CETM o Fenadismer, mantuvo paralizado el transporte de mercancías en casi toda España durante las más de dos semanas que se prolongó la huelga el pasado mes de marzo, provocando incluso problemas de abastecimiento en supermercados y el cierre de fábricas por falta de materiales.

De hecho, la mayor patronal del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha rechazado el paro porque, a su juicio, “no va a hacer más que empeorar unos “precios de la cesta de la compra y la energía disparados”. Añadió además que “es lamentable que se exijan cambios perjudicando a los propios compañeros que están en su derecho de continuar con sus servicios ante esta convocatoria”, en alusión a los incidentes violentos vividos en marzo: “hubo ruedas, pinchadas, lunas rotas, vehículos destrozados y se puso en peligro a muchos conductores profesionales que simplemente cumplían con su labor”.

Problemas de desabastecimiento en el Black Friday y Navidad

Precisamente, ante la convocatoria de los paros, una decena de organizaciones del ámbito de la alimentación y la hostelería exigieron este lunes que se garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas. Las asociaciones agrarias Coag y Upa y las agrupaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias de España, Fiab, Hostelería de España y Marcas de Restauración pidieron, en un comunicado conjunto, que “no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria” en el anterior paro, en el que “se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria”.

Por ello, exigieron que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro. Asimismo, señalaron que toda la cadena alimentaria ya está “gravemente tensionada por el complejo escenario internacional”. De este modo, alertaron de “los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento delicadísimo, fruto de la actual coyuntura”. Igualmente, subrayaron el “grave perjuicio” que esta situación podría llegar a suponer para los consumidores, en caso de prolongarse.

La huelga coincide además con la campaña del Black Friday y los prolegómenos de las fechas navideñas, con lo que puede afectar gravemente a las ventas de comercio, según denuncian distintas asociaciones. Y es que las grandes empresas aprovechan esas fechas para aprovisionarse de mercancías de cara a la temporada navideña para evitar cuellos de botella en la cadena de suministros.