Países Bajos endurece el tono ante la reforma de las reglas fiscales

Holanda remite una carta a la Comisión con peticiones que no se incluían en el documento firmado en abril con España

La presidenta del BCE, Christine Lagarde conversa con la ministra de Finanzas holandesa, Sigrid Kaag (de rojo).
La presidenta del BCE, Christine Lagarde conversa con la ministra de Finanzas holandesa, Sigrid Kaag (de rojo).YVES HERMAN (REUTERS)

Países Bajos ha movido ficha ante la inminente propuesta de la Comisión Europea para revisar las reglas fiscales para el gasto público. La ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, ha enviado una carta al vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de toda el área económica, Valdis Dombrovskis, en la que exige normas claras con “números consistentes”, consecuencias cuando no se cumplen estas normas y dar más papel en la vigilancia de las reglas al consejo fiscal de la UE. El texto es mucho más detallado que el que firmó Kraag con su homóloga española Nadia Calviño en abril y con un tono más duro que este. Además, sitúa a Holanda claramente en el pelotón de los llamados países frugales, donde también está Alemania, partidarios de cumplir las normas a rajatabla y de no asumir muchos riesgos mancomunados entre los estados de la zona euro.

El próximo 9 de noviembre la Comisión Europea tiene previsto presentar su propuesta. No parece que los dos números sacrosantos del pacto de Estabilidad y Crecimiento vayan a cambiar: un máximo del 3% de déficit en los presupuestos anuales y un límite de deuda pública del 60%. Pero sí que habría un cambio sustancial en cómo se reduce ese pasivo cuando un Estado miembro lo supere ampliamente (ahora Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Francia...). El comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, ya ha ido dejando caer, a grandes rasgos, por dónde va su propuesta: una senda de reducción de deuda individualizada para cada país que debe pactarse con la Comisión y más margen para Bruselas en el control de lo acordado.

Sobre la primera parte de lo que planea el Ejecutivo europeo, esa política adaptada a cada país, parece haber un consenso amplio. Países Bajos y España lo pusieron sobre la mesa en su documento de hace medio año. La coalición de Gobierno alemana también lo defiende en el pacto que alcanzaron los tres partidos en agosto. La regla actual (aunque esté suspendida desde la pandemia) prevé que la rebaja de la deuda hasta el 60% plantea una vía estándar para todos que en el caso de los países más endeudados se traduciría en una recesión brutal si se aplicara de forma estricta, de ahí que no se considere creíble ni por políticos ni por los mercados.

A partir de aquí empiezan a verse por dónde pueden ir las posibles divergencias que aparecerán durante la negociación. Y también aparecen en la carta que la ministra Kaag, del liberal progresista Demócratas 66, envió el 29 de octubre a Dombrovskis. El texto empieza recordando el documento conjunto firmado con España y “el ímpetu que dio al debate”. A continuación fija los tres puntos que guían su posición —“convergencia económica ascendente, sostenibilidad de la deuda y supervisión efectiva”— anunciando que el escrito se va a centrar más en la parte del cumplimiento y la supervisión del pacto, que “en el pasado ha sido insuficiente”.

La posición holandesa en esta misiva recuerda mucho a la que hizo pública la coalición alemana en verano. Ambos países piden normas claras, una forma de decir que quieren leyes con poco margen a la interpretación al Ejecutivo de Bruselas, con el que en el pasado han tenido fuertes discrepancias sobre cómo aplicaba las normas, algo que se vio en 2019 con Italia. “Las normas actuales dejan mucho margen de maniobra a la discrecionalidad de la Comisión y el Consejo, lo que hace que las normas se apliquen de forma poco transparente y a veces incoherente”, dispara Kraag, con el habitual tono directo de los holandeses en las instituciones europeas. “Deben establecerse salvaguardias claras para garantizar que la Comisión [Europea] y el Consejo [de la UE] tomen medidas cuando los Estados miembros no cumplan las normas, incluida la aplicación de los procedimientos de déficit excesivo. Esto es especialmente importante para los países con alto riesgo de sostenibilidad de la deuda”, añade, con una clara referencia final a estados como Grecia, Italia, España o Francia.

En estas frases está la prueba de cómo esta redacción se asemeja muchísimo a la germana, que en agosto pasado decía: “La flexibilidad debe ir acompañada de límites claramente definidos y con la mejora de los mecanismos de aplicación de las normas. Por esta razón, el desarrollo posterior del marco fiscal debe hacer especial hincapié en la aplicación de las normas”.

También hay mucha cercanía entre Berlín y La Haya en que quieren dar más protagonismo al Consejo Fiscal Europeo (EFB por sus siglas en inglés), un órgano semejante a la Autoridad Fiscal española: “Para mejorar la gobernanza y los controles del marco, podría estudiarse la posibilidad de otorgar al Consejo Fiscal Europeo (EFB) un mandato más fuerte para auditar la aplicación de las normas fiscales por parte de la Comisión y el Consejo sin modificar el Tratado”. De nuevo asoma la desconfianza de las capitales frugales a lo que sucede en Bruselas.

La insistencia de reglas claras y menos interpretables y el refuerzo de una institución como el EFB, en teoría guardián de la ortodoxia fiscal, persiguen realmente reducir el margen de negociación entre Bruselas y los diferentes Estados miembro para pactar las sendas de reducción de deuda. La propuesta que baraja la Comisión Europea se basa en la metodología del Fondo de Recuperación: se pactan reformas y políticas a cambio de recibir dinero para salir de la crisis de la covid. En este caso, el acuerdo pasaría por definir esas políticas y reformas en conjunto, implicando a los Gobiernos nacionales en ellas para que no pueda argumentarse que son antidemocráticas e impuestas, con el incentivo de dar más tiempo para rebajar la deuda. Y aquí está el espacio de negociación al que capitales como La Haya y Berlín temen y, por tanto, buscan reducir.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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