El Gobierno también investigará las trabas de las energéticas al cambio de tarifa del gas

Una semana después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriese una investigación formal a las energéticas por las trabas que están poniendo a los consumidores que quieren pasar del mercado libre al mercado regulado del gas, llega el turno del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo también indagará si estas empresas están frenando ese tránsito masivo.

La vicepresidenta ha dicho que cuenta con informaciones de que las compañías están “dificultando de forma particular” el flujo de clientes del libre al regulado, subvencionado por el Gobierno y que es, hoy por hoy, entre dos y tres veces más barato. “Tenemos que estar pendientes”, ha dejado caer al tiempo que decía no ver “razonable” esas “dificultades para hacer viable ese acceso” después del “esfuerzo” del Ejecutivo “para ofrecer una tarifa regulada que permitiera pasar el invierno en condiciones asumibles”. Este mismo miércoles, su mano derecha para temas energéticos, la secretaria de Estado Sara Aagesen, se ha reunido con la CNMC para tratar el asunto.

“Es capital”, ha apelado Ribera, que las energéticas refuercen sus servicios técnicos para permitir un cambio de tarifa “de forma ágil”. “Entiendo que deben de estar desbordados en este momento. No me atrevo a decir si están siendo responsables o no. Sí creo que tienen que hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden”, ha añadido.

El mercado libre —tanto del gas como de la luz— es notablemente más rentable que el regulado para las comercializadoras energéticas. Por un motivo: en el segundo tienen limitado su margen, mientras que en el primero, además de poder aplicar las tarifas que desean, suelen ofrecer servicios complementarios que les dan importantes réditos económicos.

35.000 millones para aliviar la factura

En su comparecencia en la Cámara baja, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha cifrado en 35.000 millones de euros la batería de ayudas y rebajas fiscales puestas en marcha para rebajar la factura de energética (electricidad, gas y carburantes). Un desembolso de dinero público que ha redundado, según sus cifras, en ahorros de alrededor de un 30% respecto a lo que habrían pagado los consumidores en su ausencia. El impacto de las ayudas ha sido, según Ribera, especialmente significativo sobre los consumidores vulnerables: quienes se pueden acoger al bono social eléctrico paga hoy —a tenor de sus cifras— 28 euros mensuales de factura mensual, cinco menos que el año pasado.

La sesión parlamentaria ha servido, también, para que el Gobierno anunciase que facilitará aún más el autoconsumo eléctrico colectivo para que municipios, comunidades de vecinos y empresas puedan compartir la instalación de placas solares: si hace dos semanas el Ejecutivo daba vía libre a duplicar (de 500 metros a un kilómetro) la distancia máxima entre el tejado en el que están instaladas las placas fotovoltaicas y el punto en el que se consume la electricidad, este miércoles la vicepresidenta tercera ha anunciado que ese rango pasará a ser de dos kilómetros.

Según las cifras gubernamentales, las instalaciones de autoconsumo (individual o colectivo) se duplica cada año. “Este año instalaremos 10 veces el autoconsumo que había en julio de 2018, cuando llegamos al Gobierno”, ha enfatizado Ribera al tiempo que llamaba a “agilizar” las tramitaciones administrativas para las instalaciones renovables.