Los trabajadores públicos amenazan con paros y huelgas por el deterioro de la Seguridad Social

Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF convocan movilizaciones para el próximo mes de noviembre si Escrivá no atiende a sus reclamaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado lunes en la sede del Ministerio.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado lunes en la sede del Ministerio.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Los tres sindicatos con mayor representación en el sector público, UGT, CC OO y CSIF, ha anunciado una campaña de movilizaciones el próximo mes de noviembre para denunciar la situación de los trabajadores de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. A través de un comunicado publicado este lunes, las tres centrales acusan al ministro José Luis Escrivá de no haber sido capaz de “reconducir el progresivo deterioro de la gestión del Sistema”, y de no haber dado cumplimiento a compromisos adquiridos como la implantación del trabajo a distancia o la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Para reclamar su cumplimiento, han amenazado con convocar desde paros parciales hasta huelgas, que todavía no han sido programadas.

Junto con el aviso de las protestas del próximo mes, los sindicatos han trasladado una carta a Escrivá en la que fundamentan sus futuras actuaciones. “Llevamos años denunciando la pérdida de empleo, la falta de ocupación de las relaciones de puestos de trabajo, la avanzada edad del personal que prestamos nuestros servicios en ella, el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, el cambio de modelo producido escudándose en la crisis sanitaria que ha obligado a miles de ciudadanos a acudir a los medios telemáticos por la falta de personal...”, señalan en la misiva.

Además, también aseguran que la contratación de los 1.615 interinos y las demás medidas que se han venido aprobando desde el Ministerio en los últimos meses —y que han sido rechazadas por estas organizaciones—, “no contribuyen a la mejora del Sistema de Seguridad Social, si no que precarizan aún más su funcionamiento y comprometen seriamente el futuro de la gestión al no afectar a la estructura del sistema y la dotación y clasificación de sus efectivos”.

En contraposición con estos argumentos, una fuente ministerial asegura que “se está trabajando intensamente para mitigar los problemas de plantilla de la Seguridad Social”. Y que “un ejemplo de ello es la contratación de 1.600 interinos anunciada recientemente”. De la misma forma, señala que “las dos últimas ofertas de empleo público han puesto especial énfasis en este asunto y la última hace una referencia específica a la Seguridad Social”.

Incumplimientos

Tanto UGT, como CC OO y CSIF denuncian algunos incumplimientos flagrantes por parte del departamento de Escrivá que han impedido afrontar una reforma del funcionamiento interno de la Seguridad Social y de sus trabajadores. Entre los principales destaca la no implantación del trabajo a distancia —como establece la Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo—; así como el incumplimiento de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que establece la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social antes del 30 de junio de 2022, un plazo ampliamente rebasado. La misma fuente del Ministerio incide en que “se ha pasado un borrador de texto a los agentes sociales”, y que “se están tomando muchas medidas de eficiencia en la gestión”.

Igual que con la Agencia, los sindicatos denuncian que no se ha formalizado el Acuerdo de Fondos Adicionales 2018-2020 en la Seguridad Social, y que algunas de las medidas suscritas en el Acuerdo de Mejora de las Condiciones Generales de Trabajo —suscrito el 29 de noviembre de 2018, con los entonces Secretario de Estado de la Seguridad Social y Subsecretario del Ministerio—, tampoco se han llevado a cabo.

En el comunicado, los tres sindicatos llaman a los trabajadores de la Seguridad Social a secundar unas medidas de presión que les harán llegar “en breve”, y que adelantan que consistirán en “concentraciones, manifestaciones, ruedas de prensa, sensibilización de los grupos parlamentarios y asociaciones ciudadanas, paros parciales y, finalmente la huelga intermitente, y general si fuera necesaria”. Todo para conseguir “que este servicio público vuelva a las condiciones de calidad, eficacia y eficiencia que siempre nos han caracterizado”.

A pesar de esta amenaza, en la carta enviada a Escrivá muestran al ministro su voluntad de mantener una reunión antes de que comience el proceso de movilización.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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