Las inversiones alcanzan un nuevo máximo por el mayor gasto en infraestructuras de la historia

Los Presupuestos de 2023, los terceros que elabora el Ejecutivo de coalición (los de 2020 fueron una prórroga de los de 2018), mantienen el dopaje de los fondos europeos, lo que ha permitido al Gobierno elevar la inversión en infraestructuras al máximo histórico. Las cuentas públicas destinan 46.205 millones de euros para inversiones, que incluyen no solo el gasto en obra pública, sino también las partidas para otras actuaciones. El nivel de inversión de los Presupuestos del Estado consolidados, incluyendo organismos autónomos, crecen un 6,6% registrando una nueva plusmarca por tercer año consecutivo. Gracias al impulso de los fondos europeos, la inversión pública ha vivido un trienio dorado: las cuentas de 2021 (39.285 millones), 2022 (43.353 millones) y 2023 (46.205 millones) suponen en conjunto más que todo lo que se invirtió en los siete ejercicios anteriores. El gasto para inversiones se mantendrá en máximos al recoger el mayor gasto para infraestructuras de la historia: 14.521 millones, un 30% más. Es la mayor cifra de inversión en obra civil registrada nunca en unos presupuestos, superando incluso a la cifra programada para 2010 cuando el Gobierno de Zapatero disparó el gasto en infraestructura por el plan E para tratar de escapar de la crisis financiera.

Como en los años previos, el grueso de la inversión proviene de las transferencias de capital. Estas destinan 31.684 millones frente a los 14.521 millones de las inversiones reales. Las transferencias de capital son el dinero que la Administración central y sus organismos asignan a otras entidades para que acometan las inversiones. Fuentes conocedoras del funcionamiento presupuestario señalan que tienen otra ventaja: al tratarse de partidas estimativas y no limitativas, su ejecución es más flexible, mientras que las inversiones reales, que básicamente es el dinero que corresponde a cada ministerio para las obras que acomete de manera directa, tienen que ejecutarse en el ejercicio. Por eso, tradicionalmente todos los Gobiernos han jugado con estos recursos para darle un toque más político a las inversiones presupuestadas. Esto provoca que luego, cuando se ejecutan las inversiones realmente necesarias, evidencien grandes diferencias con los Presupuestos. No obstante, las inversiones reales son “la partida que más crece”, según ha destacado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El incremento respecto al año pasado supera el 33% y se plasma en una superior dotación para infraestructuras.

El secreto a voces del extraordinario aumento de la inversión son los fondos europeos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Bruselas aprobó para ayudar a los países a superar el bache de la pandemia contemplaba la llegada de unos 140.000 millones a España. De ellos, se espera que más de 27.000 millones se desembolsen el año que viene. Y la mayoría, 21.279 millones, se destinarán a inversiones. Esta partida es inferior en unos 1.000 millones a la del año pasado. Del total de fondos europeos, 2.644 millones se asignarán a inversiones reales y 18.635 a transferencias de capital.

En el conjunto de los últimos tres ejercicios, las ayudas europeas han aportado a la inversión cerca de 65.000 millones. Solo esa cifra ya es superior a todo lo que España invertía antes en cuatro años (por ejemplo, 64.000 millones, de 2016 a 2019). Pero a ello se suma que lo que las cuentas denominan “presupuesto nacional” (es decir, los recursos propios de España) también se ha aumentado respecto a las cifras anteriores. El resultado son tres años con una expansión nunca vista del gasto en inversiones: casi 129.000 millones presupuestados entre 2021, 2022 y 2023. Antes alcanzar un dato así exigía sumar muchos más años. Por ejemplo, en todos los presupuestos de los Gobiernos de Mariano Rajoy, de 2012 a 2018, las inversiones no llegaron a 105.000 millones.

El ministerio que más gastará será, como es habitual, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento). Las cuentas le asignan 2.272 millones de inversiones reales que fundamentalmente se destinarán a conservación de carreteras y a construir nuevas infraestructuras. En las transferencias de capital, Transportes también sale muy beneficiado al ver incrementarse su presupuesto en estas partidas más de un 41%. Las cuentas destacan el aumento de las transferencias al operador ferroviario público, Renfe, que recibirá 660 millones “para la financiación de diversas actuaciones”. El martes, en el anuncio del acuerdo sobre los Presupuestos de 2023, el Ejecutivo señaló que mantendría el año próximo la gratuidad de los abonos para trenes de Cercanías y Media Distancia.

El tren, el gran beneficiado

Desde el punto de vista de las infraestructuras, el ferrocarril se alza como el gran beneficiado de las cuentas. De los casi 11.794 millones que se contemplan en las partidas estatales (un 7% más que el año pasado, con 4.092 millones para inversión directa del Estado y 7.701 millones para otros entes), los ferrocarriles se llevan casi la mitad: 5.408 millones. Esta asignación no incluye las transferencias a Renfe Operadora, que presupuestariamente se considera una inversión, pero no se corresponde con la política de infraestructuras.

Tras las líneas férreas, el segundo gasto más importante será para las carreteras. La red viaria española recibirá una inyección cercana a los 2.292 millones, de los que aproximadamente la mitad, 1.150 millones, se destinarán a la conservación. Para el desarrollo de nuevas infraestructuras se destinan 1.040 millones y el Seittsa, la empresa pública que gestiona las autopistas de peaje que tuvieron que ser rescatadas por el Estado, recibirá 102 millones. Tanto en esta partida como en la de ferrocarriles, las cantidades son similares a las de los Presupuestos de 2022.

En tercera posición destaca la dotación para infraestructuras hidráulicas (pantanos, canalizaciones, depuradoras...), que supone 1.114 millones. La mayor parte, 831 millones, se canalizan a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Los principales objetivos son “alcanzar la seguridad hídrica” y mantener las actuales infraestructuras adaptándolas a los requerimientos del cambio climático. La partida es superior a lo que se destinará a puertos (1.067 millones) y aeropuertos (826 millones). Las cuentas públicas en infraestructuras crecen sobre todo porque se consignan además 727 millones al mecanismo de recuperación y resiliencia (el núcleo principal de los fondos europeos), que mayoritariamente se destinan a conservación y restauración de ecosistemas terrestres o marítimos. También hay 263 millones para obras de costas y medioambientales, y una pequeña cantidad (6,35 millones) para infraestructuras relacionadas con el reto demográfico.