El frenazo en la segregación de activos agita el accionariado de Naturgy

El bombazo saltó poco después de la hora de comer del jueves 10 de febrero. Naturgy anunciaba su escisión en dos compañías independientes: una que se quedaría con los negocios regulados (redes y distribución) y otra con los liberalizados (renovables y comercialización). La noticia sorprendía, despertando importantes dudas entre muchos analistas, que no veían valor en el movimiento. Tenía, sin embargo, un sentido claro: tras la controvertida entrada del fondo australiano IFM en el capital, la operación pretendía ofrecer una salida a los accionistas que prefieren estar en una de las patas del negocio ―la regulada con rendimientos más recurrentes y estables, o la liberalizada, con más rentabilidad pero con más riesgo― de la segunda mayor energética española y la sexta empresa del Ibex 35 por valor de mercado. Pero no en las dos.

Ocho meses después, con la operación Géminis —como se bautizó la escisión— atascada, quienes pretendían deshacer posiciones vuelven a agitar el árbol. Varias fuentes financieras admiten movimientos en las últimas semanas para una posible venta de las participaciones en manos de dos fondos de inversión —CVC y, sobre todo, Global Infraestructure Partners (GIP)—. Entre ambos suman más del 40% del capital (20,6% y 20,7%, respectivamente) y acumulan jugosas plusvalías en su inversión financiera que ahora, con la segregación retrasada sine die, podrían materializar.

Las mismas fuentes financieras, conocedoras de los entresijos de energética española, reconocen que uno de los fondos tiene cierta prisa por deshacerse de su posición en Naturgy. Pero recuerdan que el mercado no está en un buen momento. La acción ha perdido el 15% de su valor en el último mes y hay riesgos por la guerra de Ucrania, las tensiones energéticas, y, sobre todo, las incertidumbres regulatorias. Las mismas fuentes consideran que el presunto interés de alguna energética en hacerse con las acciones de uno de estos dos grandes fondos en realidad tiene que ver con la aproximación que han hecho estos para tratar de vender más que en el interés real de otras energéticas en la operación.

“Algunos accionistas, especialmente los fondos, parecen interesados en aprovechar para vender ahora, en un momento de altos precios del gas. Para ellos sería más fácil vender después de la separación de negocios, pero todo es posible: también que vendan ya”, apunta Fernando García, que sigue el día a día de la antigua Gas Natural Fenosa para el banco de inversión canadiense RBC Capital Markets. De hacerse ya, la venta podría llevarse a cabo por dos vías: con una colocación apresurada o buscando un comprador para hacerse —íntegramente— con el paquete accionarial de GIP o de CVC. “A nadie se le escapa que estos inversores suelen operar con ciclos de inversión de cuatro a seis años”, apuntan fuentes del mercado. Y en el caso de GIP ya parece haber cumplido el periodo de maduración de la inversión.

GIP acaba de cumplir seis años en el accionariado de Naturgy; CVC, cuatro. Y los tambores de cambio en el capital de la empresa presidida por Francisco Reynés han crecido con fuerza desde la vuelta del verano, con el coloso energético francés Total Energies ―la mayor petrolera de la UE y una de las mayores empresas del Viejo Continente― como potencial comprador. Las piezas de ese puzle encajan parcialmente, porque la compañía gala lleva años mostrando interés por el mercado español. Pero no del todo: “Su entrada como accionista industrial de la actual Naturgy no tendría mucho sentido; sí lo tendría la compra de una parte de negocio (la liberalizada), como se rumorea. Para ellos, lo interesante sería el negocio de comercialización (su cartera de clientes) y algunos activos de generación de electricidad”, sostiene Virginia Romero, analista del Banco Sabadell. Según sus cálculos, estos activos suponen solo el 12% del valor de la energética. “La salida del accionariado de CVC y GIP podría tener sentido, considerando las plusvalías obtenidas. Pero salirse ahora no será fácil: estamos hablando de una participación muy importante, y el momento es de mucha incertidumbre”, añade por teléfono.

“La separación de la compañía en dos tenía como objetivo dar manos libres a los accionistas para que pudieran quedarse en la parte del negocio que les interesa y vender la que no querían. Los fondos, por su propio ADN, quieren la parte regulada y mucho menos en la liberalizada, la más volátil”, explica Javier Suárez, corresponsable de análisis europeo del banco de inversión italiano Mediobanca y especialista en empresas energéticas, que se muestra seguro de que la segregación acabará saliendo adelante. La duda, dice, es cuándo. “Si está tomando más tiempo es porque es una compañía sistémica. Hay más elementos que explican el retraso, como la dificultad de valorar los activos o la separación de la deuda, pero el punto más importante es dar estabilidad al accionariado de toda la cadena de valor del gas en España”.

GIP y CVC son, tras La Caixa —que tiene el 26,7% de las acciones a través de su brazo inversor (Criteria) y que no ha mostrado ningún interés por vender—, los mayores accionistas de Naturgy. El fondo de pensiones australiano IFM, que hace justo un año lanzó una polémica OPA y que tampoco parece interesado en salir, cierra el póker de grandes nombres en el capital. Los últimos acontecimientos han puesto de relieve la creciente importancia de este último en el consejo de administración: la ministra de Industria, Reyes Maroto, aprovechó su visita a un centro de baterías de la empresa en el país oceánico para reunirse con representantes del vehículo inversor.

A preguntas de este diario, un portavoz de Naturgy ha rechazado hacer declaraciones sobre cualquier movimiento en su accionariado. Sobre la segregación de activos, se ha limitado a afirmar que el consejo de administración de la energética “sigue monitorizando los avances de todos los análisis del proyecto, que hasta ahora confirman su idoneidad estratégica”, pero que “la volatilidad actual de los mercados, la evolución de la coyuntura energética y las múltiples incertidumbres regulatorias, todavía pendientes de conocerse con exactitud, aconsejan adecuar el calendario a la evolución de los acontecimientos”.

El acuerdo por el gas argelino, a punto

El miércoles pasado, la energética estatal argelina Sonatrach anunció el final de las conversaciones con Naturgy —de la que también es accionista: tiene el 4,1% del capital— para acordar un nuevo precio para el gas natural que llega a través del gasoducto Medgaz. “Las negociaciones han terminado y pronto firmaremos un acuerdo”, afirmó el primer ejecutivo de la empresa estatal argelina, Toufik Hakkar.

La cifra final será confidencial, como hasta ahora —es, como suelen decir en el sector gasista, “el secreto mejor guardado” de la industria—, pero con toda seguridad estará muy por encima de los valores actuales, tras la explosión del mercado en los últimos meses. “Va a haber una subida importante en el coste del gas que se importa de Argelia, y eso se notará en los resultados de Naturgy”, proyecta García, de RBC Capital Markets. “Ese cambio en las condiciones del contrato también es un argumento para los accionistas que quieren vender, ya sea antes o después de Géminis”.