Los Veintisiete apremian a Bruselas a buscar más alternativas para limitar los precios del gas

La batalla por contener los precios disparados de la energía en Europa se va a librar en los próximos días en el campo de la intervención del precio del gas natural que llega al bloque comunitario. Los Veintisiete han dado su visto bueno final este viernes a las medidas más urgentes que tenían sobre la mesa: una reducción de la demanda eléctrica, gravar los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales (renovables o nuclear) e imponer una “contribución solidaria” a las fósiles. Pero una mayoría de Estados miembros, como España, quieren ir mucho más lejos y reclaman intervenciones significativas para limitar el precio del gas, no solo el ruso, como propone la Comisión Europea. Sus demandas se topan con la resistencia de los países que temen que ello pueda afectar al suministro. Son menos, pero poderosos, como Alemania o Países Bajos. El tira y afloja se ha resuelto, al menos a corto plazo, con una orden urgente a la Comisión Europea para que presente nuevas propuestas “lo antes posible”.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que había llegado a Bruselas “decepcionada” por la pobreza de unas propuestas adelantadas por la Comisión que “se quedan cortas respecto a lo que Europa necesita”, se mostró al término de la cita en la capital belga bastante más satisfecha por el consenso cada vez mayor que dijo haber encontrado en torno a la necesidad de tomar más medidas, aunque todavía haya muchas diferencias respecto a hasta dónde deben llegar.

“Hay un respaldo mayoritario, casi unánime, con poca disidencia formal, a la necesidad de tomar medidas urgentemente y de que deben ir más allá del análisis preliminar” de la Comisión, dijo Ribera, que advirtió en rueda de prensa del riesgo de no actuar: “Si no ponemos un tope al gas, podríamos tener un impacto importante sobre el PIB de la UE, sobre la producción industrial y sobre los consumidores”.

“Tenemos que actuar ahora, las expectativas de los ciudadanos son extremadamente altas y no podemos defraudarles”, coincidió el ministro checo de Industria, Jozef Síkela, cuyo país preside este semestre la UE. El también viceministro se dijo dispuesto a celebrar las reuniones extraordinarias que hagan falta para concluir las negociaciones.

La propuesta de poner un tope al precio del gas natural en general, no solo el ruso, que apoyaron 15 países esta semana en una carta enviada a la comisaria de Energía, Kadri Simson, se ha encontrado con fuertes resistencias tanto de Bruselas como de una Alemania que hasta ahora había sido la mayor beneficiaria del gas ruso mucho más barato, y de Países Bajos.

Reticencias

Aunque Ribera asegura que ambos se muestran tras la reunión del viernes “abiertos a valorar otras opciones que nos permitan tener un impacto directo en el precio del gas”, tanto Berlín como La Haya han dejado claro que les sigue preocupando mucho la seguridad del suministro y exigen garantías de que una intervención en los precios no lo pondrá en peligro. “No somos dogmáticos”, aseguraban en los pasillos del Consejo de la UE este viernes fuentes conocedoras de las suspicacias holandesas y germanas. Pero ambos países, al igual que la Comisión Europea, quieren garantías —“precondiciones”, las llamó la comisaria Simson— de que un tope a los precios del gas generalizado no provocaría un aumento del consumo del gas (como dicen que sucede con la llamada “excepción ibérica”, aunque España rebata contundentemente este argumento) y que tampoco pondrá en peligro el suministro ni atascará la necesaria transición hacia las renovables.

Los países reticentes apuntan además a que los 15 países que han aumentado la presión no son un bloque unificado y que sostienen al menos cuatro fórmulas distintas sobre cómo limitar los precios del gas. Los interesados, que suman el 64,3% de la población y por tanto están rozando la mayoría cualificada, replican que se trata sobre todo de mostrar una “voluntad política” sobre la necesidad de actuar ya.

“Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer más, especialmente en cuestión de los precios del gas, antes del invierno”, concedió la comisaria Simson. “En la situación actual, es necesaria una intervención del mercado a escala de la UE para reducir los costes de la compra de gas por los consumidores y reducir el coste de la generación de energía por gas”.

El Ejecutivo europeo, que ha tenido que reconocer que su propuesta de limitar solo el precio del gas ruso no cuenta con suficientes apoyos, se ha dicho “abierto” a estudiar una propuesta similar a la excepción ibérica a nivel europeo, una iniciativa por la que ha presionado últimamente mucho Francia. Plantea también una plataforma conjunta de compra de gas, algo que tanto París como Berlín respaldan también.

Según Ribera, entre los Veintisiete hay también un “respaldo importante” a otra de las apuestas de España: crear un índice de referencia del mercado del gas europeo diferente al TTF holandés que por el momento sigue marcando los precios pero que, como subrayó la también ministra española de Transición Ecológica, “no responde hoy a la realidad y está distorsionando el funcionamiento de los mercados de gas”.

En cualquier caso, resumió Ribera, no se puede perder el impulso. “Hay que seguir trabajando, hay que hacerlo de manera urgente, no basta con lo que nos hemos encontrado hoy sobre la mesa (…) nos gustaría que la Comisión nos hiciera una propuesta mucho más completa”. La comisaria de Energía, cuya cara acusaba el impacto del rapapolvo que recibió en la sesión celebrada a puertas cerradas, aseguró al concluir las reuniones que Bruselas ha entendido el mensaje y se presentarán lo antes posible nuevas alternativas.

No obstante, no quiso que la tensión de la reunión sobre los topes al precio del gas —una de las tres sesiones de la jornada, en la que los ministros también fueron informados de la situación tras las cuatro fugas detectadas en los gasoductos NordStream 1 y 2— oscureciera un hecho que todos los ministros también han celebrado: el acuerdo político logrado sobre las medidas urgentes a adoptar.

Medidas urgentes: reducción del consumo eléctrico y gravámenes a los beneficios extraordinarios

El acuerdo fija un compromiso de los Veintisiete para reducir el 10% del consumo general de electricidad y un 5% obligatorio en las horas punta. Para esta medida vinculante, los países han logrado tras intensas negociaciones un margen de maniobra más amplio que lo inicialmente propuesto por la Comisión: deberán identificar un 10% de sus horas punta entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, durante las cuales reducirán en ese 5% la demanda, pero tendrán “libertad para elegir las medidas apropiadas para reducir el consumo” tanto en ese objetivo como en el del 10%, según el acuerdo final.

Los países también han acordado fijar un precio tope para las inframarginales entre el 1 de diciembre y el 30 de junio próximos de 180 euros MWh, aunque se permitirá a los países con medidas ya en marcha, como España, mantener sus propios topes. Finalmente, el acuerdo también implica la imposición de una “contribución solidaria” temporal y obligatoria a los beneficios de las productoras de energías fósiles y las refinerías. Esta “contribución” supondrá un gravamen del 33% de cualquier ganancia superior al 20% de lo que han obtenido de más respecto a la media de los últimos cuatro años en el año fiscal 2022 y/o 2023.

Aunque hasta que no se registren las medidas en el boletín oficial de la UE no se conocerán todos los detalles, el documento final que según diversas fuentes no ha sido retocado y al que tuvo acceso EL PAÍS incluye un nuevo artículo que pretende cerrar la puerta a las energéticas para que eludan el pago de la tasa temporal sobre los beneficios extraordinarios que les reportan los altos precios de las materias primas con los créditos fiscales. Esto es de gran importancia para España, uno de los pocos países de la UE que tiene este tipo de instrumento que permite, sobre todo a las empresas, reducir su factura fiscal.

Las energéticas acumulan en España más de 14.600 millones en créditos fiscales, una medida tributaria que permite a las empresas deducirse pérdidas contables que no pudieron deducirse cuando se produjeron. Cuando el Gobierno diseñó el nuevo impuesto temporal para las energéticas y la banca que todavía está en el trámite parlamentario, gravó los ingresos y no los beneficios para dificultar la elusión de la nueva tasa, por la que espera recaudar unos 7.000 millones. Pero la propuesta para la intervención de emergencia que puso sobre la mesa la Comisión Europea a mitad de septiembre prevé gravar a las ganancias y no los ingresos. El Ejecutivo se apresuró a señalar que cuando este plan fuera definitivo y estuviera aprobado por el Consejo de la UE adaptaría el diseño de su tributo a la regulación comunitaria. Este nuevo artículo da cobertura a Hacienda para una nueva redacción legal para el nuevo impuesto que grave los beneficios sin eludir su pago por los créditos fiscales.