Los Veintisiete proponen alternativas para cumplir con el ahorro de consumo eléctrico obligatorio europeo

Bruselas sigue inflexible a la hora de instar a los Veintisiete a que reduzcan su consumo eléctrico como parte del paquete de medidas urgentes para afrontar la crisis energética que se avecina este invierno. Pero se ha dicho dispuesta a dar un mayor margen a los países para decidir cómo hacerlo, tal como habían pedido muchos de ellos. A eso se agarran los Estados miembros que, en una nueva propuesta de cara a la nueva reunión extraordinaria de ministros de Energía este viernes en Bruselas, de la que deberían salir ya propuestas en firme para su aprobación lo antes posible, han preparado una alternativa a la fórmula de calcular las horas punta de consumo sobre las que la Comisión Europea exige una reducción obligatoria de al menos 5%, según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tal como adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a comienzos de mes, Bruselas quiere una reducción voluntaria de un 10% del consumo total eléctrico en la UE para los cuatro meses en los que está en vigor la medida (del 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023). A ello se añade una reducción obligatoria al menos del 5% del consumo en las horas punta. Es esta última condición la que más tiras y aflojas ha provocado en los países, algunos de los cuales, como España, se apresuraron a señalar que no siempre coincide la hora punta de consumo (que tiene que ver con los horarios de ciudadanos y empresas) con los picos de los precios de la electricidad (impulsados por la necesidad de recurrir al gas cuando entre otros la energía solar no basta, como cuando cae la noche), por lo que reclaman una mayor flexibilidad para adoptar a nivel nacional esta propuesta de regulación europea.

En un primer borrador de propuesta, avanzado por este diario hace una semana, los Veintisiete retiraban ya la vinculación de horas punta de consumo y picos de precios. Además, abogaban por eliminar el requisito de que la reducción del 5% de las horas punta se haga sobre cupos mensuales, dejando así la puerta abierta a que el cálculo se haga sobre los cuatro meses en los que estará vigente la medida de ahorro, lo que les daría a los gobiernos más margen de maniobra para distribuir ese ahorro conforme al diseño nacional de su sistema.

En un nuevo borrador, los Estados miembro añaden a esta propuesta una alternativa más: otra forma de calcular el ahorro energético que no esté constreñida por las franjas fijadas por Bruselas, que basa su propuesta en obligar a reducir como mínimo 5% el consumo en al menos el 10% de las horas punta totales que identifiquen los países para el periodo en que se aplicará la medida.

En vez de ello, los Veintisiete piden que se permita a cada país “identificar un porcentaje de horas punta diferente (…), siempre y cuando cubran al menos el 7% de las horas punta y que la energía ahorrada durante esas horas punta sea, al menos, equivalente a la que se habría ahorrado con los parámetros” propuestos por Bruselas.

Además, proponen que, entre la caja de herramientas que se ponga a su disposición para implementar estas reducciones de consumo eléctrico, se permita también “extender medidas nacionales ya en marcha”.

Por otro lado, modifican levemente los plazos de otra de las medidas reclamadas por Bruselas, la imposición de una “contribución solidaria” a las compañías de gas y petróleo. Según la nueva propuesta, dicha contribución se realizará mediante un gravamen del 33% de cualquier ganancia superior al 20% de lo que han obtenido de más respecto a la media de los últimos cuatro años fiscales, y no tres como se negociaba hasta ahora.

Lo que no varía es el compromiso de Bruselas y los Veintisiete en buscar que las decisiones se tomen rápido para poder implementarlas lo antes posible. “La disrupción del mercado energético, causada por uno de los principales jugadores del mercado que ha reducido artificialmente el aprovisionamiento de gas en el contexto de la agresión militar rusa contra Ucrania, y la guerra híbrida que está siendo llevada a cabo desde entonces, ha provocado una situación de crisis que requiere la adopción de un paquete de medidas económicas urgentes, temporales y excepcionales para atender los efectos insoportables en consumidores y empresas”, subrayan, coincidentemente, todos los textos que se negocian estos días en los despachos de Bruselas. “Si no se actúa rápido, la situación de crisis podría tener efectos nocivos graves en la inflación, en la liquidez de los operadores de mercado y en la economía en su conjunto”, advierten.