Bruselas permite a Berlín dar a sus empresas 27.500 millones en ayudas para la transición energética

La transición hacia una economía de bajas emisiones o ninguna, objetivo marcado por Bruselas para 2050, tiene un precio alto y más en países donde la industria tiene un gran protagonismo, como Alemania. A la primera economía del continente, la Comisión Europea le ha dado luz verde este viernes para otorgar 27.500 millones en ayudas hasta 2030 a las empresas que utilizan la electricidad intensivamente por el aumento de precios que va a provocar el comercio de derechos de emisión. Sobre el papel, el objetivo es evitar que esa transición, en la que Europa está a la vanguardia en el planeta, no se convierta en un lastre que provoque “la deslocalización de la producción hacia países fuera de la Unión Europea con políticas climáticas menos ambiciosas”.

Cuando se dan cifras sobre el coste de la revolución verde, los responsables de la Unión Europea hablan de cantidades tan enormes que cuesta mucho hacerse a una idea de lo que suponen. El Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, lo suele cuantificar en medio billón de euros al año entre la inversión pública y la privada, o sea más que todo el presupuesto consolidado del Estado español este año. Pasos como los que autorizó ayer el departamento de Competencia de la Unión Europea ayudan a entender el por qué de esas cantidades desmesuradas. Dio luz verde al Gobierno de Olaf Scholz para que dé subsidios entre 2021 y 2030 por casi 30.000 millones, un dinero que saldrá de los contribuyentes alemanes, y que ayudará a que una industria muy dependiente del gas barato de Rusia -algo que se ha acabado por el momento- no se lleve un golpe mayor.

La invasión de Ucrania obliga a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelera esa transición, pero también la encarece mucho. La guerra, las sanciones económicas, las represalias del régimen de Vladímir Putin y el aumento del precio de los combustibles se superponen sobre el cambio estructural que es la revolución verde y provocan sobre países como Alemania una tormenta perfecta. Berlín contaba con el gas (barato) ruso para esa transición, como demuestra la construcción del Nordstream II, y eso ha saltado por los aires con la guerra.

En este contexto cabe enmarcar los 27.500 millones autorizados como ayudas de Estado por el departamento que dirige Magrethe Vestager, que también dio luz verde a subvenciones para el mismo fin en Holanda, 835 millones, y Finlandia, otros 687. La diferencia en la cantidad final no es la única distinción. El plan alemán se extiende de 2021 a 2030 y financia hasta el 75% del coste indirecto provocado por los derechos de emisión (el aumento de precio de la energía provocado por este mecanismo) e incluso más si se dan determinadas circunstancias. El periodo previsto por los programas de La Haya y Helsinki va de 2021 a 2025: en el primero también se podrá pagar hasta el 75% del coste; en el segundo, el 25%. La justificación que da la comisaria danesa en los tres casos coincide: “Promover [o lograr] la economía sin emisiones de carbono de una forma que no lastre la rentabilidad de la economía [...] protegiendo al mismo tiempo el mercado único”.

Esas palabras de Vestager sintetizan el documento que la Comisión aprobó septiembre de 2020 en el que se regulan estas ayudas. Antes de que estallara la guerra, cuando comenzaron a subir los precios de la energía, era habitual que países de la UE muy dependientes de combustibles fósiles que generan mucha emisión de carbono, como el carbón, responsabilizaran al mecanismo de derechos de emisión como causa del encarecimiento. Polonia, Hungría o República Checa solían exponer sus quejas. Ese mecanismo, básicamente, consiste en que se le da un valor al daño que puede provocar en el medioambiente la generación de carbono (al generar electricidad, por ejemplo) y para poder emitir esa contaminación hay que comprar el derecho a hacerlo, y, además, hay un mercado en el que estas autorizaciones se compran y se venden. Todo esto, lógicamente, encarece los procesos de fabricación y puede acabar por lastrar la competitividad de las empresas.

Para luchar contra el calentamiento global, la Comisión Europea se fijó a finales de 2019 el objetivo de que los países de la UE reduzcan sus emisiones en 2030 en un 55% sobre lo que lo hacían en 1990. Ese listón suponía acelerar los planes iniciales de lograr dentro de ocho años una rebaja del 40%. Meses después de esa decisión, en septiembre de 2020, es cuando llegó el criterio de la Comisión que permite dar estas ayudas que alivien los costes que tienen que afrontar las empresas por este objetivo.

Pero las urgencias de las compañías no se acaban con los planes para frenar el cambio climático. La guerra de Ucrania las ha agudizado y ahí aparecen otras decisiones de Competencia sobre ayudas de Estado este verano, amparada en una regulación de marzo pasado. Una de ellas también autoriza a Alemania a dar 5.000 millones en ayudas a compañías hasta septiembre de este año, la misma cantidad que Francia. Otros países destacados en este capítulo son Italia, que tiene el visto bueno para subsidios por más de 13.000 millones, Finlandia (2.500 millones) o Polonia (1.200 millones).

Aunque si hay una ayuda de Estado que en los últimos meses ha provocado debates en la capital comunitaria e, incluso, tomas de posición de casi todos los Estados miembro ha sido la excepción ibérica para fijar los precios de la electricidad en el mercado mayorista, algo que afecta a los consumidores . Tras recibir el respaldo político de un Consejo Europeo a finales de marzo, Competencia autorizó finalmente el mecanismo que estaría en vigor un año y que se valoró en 8.400 millones (6.300 para España y 2.100 para Portugal).