Un reparto justo del sufrimiento

Nuestro país se ha empobrecido repentinamente. Como mínimo hay tres factores desencadenantes: encarecimiento de las importaciones energéticas, incremento del precio del dinero por la subida de los tipos de interés y aumento de los gastos de defensa. Dispondremos de menos dinero para las necesidades habituales. También sabemos que el encarecimiento de la vida castiga más intensamente a la población con menos recursos. Por ello, son prioritarias las medidas de protección a los más necesitados. Ahora no se trata tanto de debatir sobre la distribución de la riqueza, sino de cómo repartir los sacrificios. Es una lógica distinta, marcada por las exigencias de solidaridad y en la que los países más democráticos logran consensos.

El encarecimiento de la energía ha quedado patente en el aumento del déficit en el comercio de productos energéticos, que ha alcanzado los 16.155 millones de euros entre enero y abril de 2022 frente a los 6.414 millones del mismo periodo del año pasado. En estos meses las importaciones energéticas aumentaron un 141,9%. Las compras de petróleo y gas fueron determinantes en el fuerte aumento de las importaciones globales de países como Estados Unidos (143%), Argelia, (121,7%), Nigeria (108%), Brasil (96,9%) y Arabia Saudí (94,6%).

El empobrecimiento también viene condicionado por el alza del precio del dinero, especialmente significativo cuando la deuda pública es del 117% del PIB. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) puso cifras a este riesgo en el seminario de la APIE, al precisar que el aumento del tipo medio de las emisiones de deuda elevaría en más de 12.000 millones de euros el gasto por intereses en 2025. Por otra parte, la inseguridad agravada por la guerra de Ucrania exigirá un aumento del gasto de defensa en los próximos años de hasta 12.000 millones.

El disparo del precio del gas y del petróleo han generado unos beneficios extraordinarios a eléctricas y petroleras, ajenos a sus actividades productivas. Son los llamados beneficios caídos del cielo, que han permitido a las eléctricas vender la producción hidráulica o nuclear a precio de gas, que ha quintuplicado su precio.

Italia, Grecia, Hungría y Reino Unido han corregido estas distorsiones del mercado mediante impuestos a las compañías para compensar a los más vulnerables. Medidas similares al tributo especial a los bancos aplicado en 1981 por Margaret Thatcher por los beneficios extraordinarios gracias a los altos tipos de interés. En España, la iniciativa del Gobierno de fijar un impuesto para atender a los vulnerables, los que sufren el mayor coste de la vida, responde a una lógica que debería asumirse como una urgencia de país. Es inaceptable la actitud de las compañías que ignoran a los ciudadanos en situaciones de emergencia, lo que las aleja de la cultura de responsabilidad empresarial que crece en Europa.