Leyenda negra del rescate bancario
El salvamento financiero que cumple diez años no fue culpa exclusiva de las cajas de ahorros ni de su gestión demasiado politizada
El rescate financiero de España por la UE acaba de cumplir diez años. Y no se limpia de falsas leyendas. Como la de que fue culpa exclusiva de las cajas de ahorros. Y de su gestión demasiado politizada.
Cierto que la mayoría de entidades desaparecidas fueron cajas. Y es que las dos crisis anteriores se cebaron solo en los bancos. Entre 1978 y 1983 desaparecieron o fueron engullidos 51 de los 110 existentes. Y en la década de los años noventa se reconvirtieron los grandes: quiebra de Banesto en 1993; dos fusiones triples que originaron el BBVA, y el actual Santander, tras absorber al Central y al Hispano. Con un coste billonario, en pesetas, sufragado por los accionistas y por el Estado.
Pero el entierro o salvamento de 2012 no afectó solo a las cajas: ahí estuvo el Banco de Valencia. Y en su prórroga (2017) se achatarró al Popular. Aunque no algunas cajas clave, como la mayor, La Caixa. Ni las vascas (hoy, Kutxabank), en principio más politizadas (y las más solventes).
Esos vínculos políticos siempre los tuvo la banca. Antes de, y durante el franquismo: los Garnica, los Gómez-Acebo, los López de Letona. Y después, con consejeros exministros como Isabel Tocino (Santander), Francisco González (el protegido de José María Aznar en Argentaria y BBVA) o el jefe de la patronal sectorial, José María Roldán (entonces gurú y jefe de gabinete ministerial).
Además, el colapso de las cajas tuvo dos orígenes vinculados a destacados políticos. Su desencadenante internacional fue la quiebra de Lehman Brothers por su inmoral especulación con las hipotecas basura: su presidente español era Luis de Guindos, muy activo, justo hasta que estalló la matriz norteamericana. Y la causa interna, la burbuja inmobiliaria fraguada por la dinámica de desafueros que desató la ley del suelo de 1998, impulsada por Francisco Álvarez-Cascos.
El más impertinente mito del rescate fue el fundacional. No debía costar “ni un euro” al contribuyente, juraban Mariano Rajoy y su ministro Guindos. Pero el grueso de los 41.330 millones de su crédito europeo es una losa pendiente de amortizar; el banco malo (la Sareb) luce un valor negativo de 10.000 millones y endilga 35.000 millones de deuda al Estado; y el déficit total acumulado asciende a 73.138 millones (Eurostat). Eso, sin contar la evaporación previa de 14.750 millones de euros arrancados hasta 2015 a clientes humildes empujados a comprar “preferentes” y obligaciones “subordinadas” por medios abusivos.
Claro que gracias a eso se saneó el sector financiero. El problema es a qué precio. No todo coste se justifica: el rebaño ígnaro del stablishment aplaude el crédito europeo de 41.330 millones: pero fueron menos y más gravosos que los 112.000 levantados en sordina como provisiones para créditos dudosos de 2008 a 2012. ¿Eran menos euros al desembolsarse gradualmente y sin frases escandalosas en el FT, como las de Guindos (enero 2012), denunciando agujeros de 50.000 millones?
Y el problema son las promesas de gratuidad incumplidas. Y en beneficio de quién. No de los clientes de las cajas ni del servicio bancario o el patrocinio cultural en sus territorios. Las cajas suponían más de la mitad del sector financiero. Un tercio las absorbió la banca. Y ahora (casi) todas son todos (bancos). Desmontaron a sus competidores, por absorción. Así que el rescate fue a las cajas. Pero para la banca.
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