Consumidores tontos y ejecutivos listos

Las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, calificando de “tontos” a los consumidores por mantenerse en la tarifa regulada y no haber pasado al mercado libre han indignado a muchos ciudadanos. Aunque posteriormente el presidente de la compañía más valiosa en Bolsa (68.657 millones de euros) se disculpó con un tuit, el exabrupto es un buen reflejo de la desigualdad en la información entre empresas y consumidores que caracteriza el mercado eléctrico.

La deficiente información de los consumidores es una realidad constatada por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), que señala que tres de cada cuatro hogares desconocen la diferencia entre la contratación de electricidad en el mercado libre o en el mercado regulado. Y un 22% ignora la potencia incluida en su contrato de electricidad.

La tarifa regulada, denominada precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), es la establecida por el Gobierno y a ella están acogidos unos 11 millones de hogares, un 38% del total. Según las organizaciones de consumidores (OCU y FACUA) históricamente ha sido la opción más barata y es la que permite beneficiarse del bono social a las familias pobres. Por otra parte, las compañías eléctricas han impulsado los contratos en el mercado liberalizado a precio fijo que utilizan 18 millones de familias (62%). El encarecimiento desorbitado del gas aumentó excepcionalmente el precio de la electricidad del mercado regulado en 2021. Esta coyuntura inusual fue aprovechada por las empresas para ganar clientes para el mercado libre que les resulta más beneficioso. El año pasado, 1,25 millones de clientes (el doble que en años anteriores) pasaron del mercado regulado al libre de precio fijo.

La Unión Europea ha tratado de regular este sector y proteger a los consumidores mediante la directiva 20196/944 sobre el mercado interior de la electricidad. La norma europea establece que los “Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales sean plenamente informados por los suministradores de las oportunidades, los costes y riesgos de dichos contratos con precios dinámicos de electricidad y se asegurarán de que los suministradores estén obligados a informar a los clientes finales en consecuencia”.

Por falta de información y otros abusos, la CNMC ha sancionado varias veces a Iberdrola. En 2015, la eléctrica fue multada con 25 millones de euros “por la manipulación del precio de la energía eléctrica, considerada una conducta muy grave”. En junio de 2021, la compañía fue multada con 1,3 millones de euros por incumplir las medidas de protección al consumidor al cambiarles la tarifa de forma automática sin informarles que suponía un aumento del 14%. El año pasado el Gobierno abrió una investigación a Iberdrola por vaciar embalses en Zamora y Cáceres, que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, calificó de “escandalosa”. Las sanciones son ridículas si se comparan con los 3.885 millones de beneficios obtenidos en 2021.

La cuestión no está entre consumidores tontos y ejecutivos listos, con salarios de 13 millones de euros al año, sino en que las empresas cumplan sus obligaciones de información.