El Supremo ordena a la Audiencia Nacional investigar el ‘caso Nimbus’ por una posible estafa millonaria de criptomonedas

La Audiencia Nacional deberá asumir la investigación que cerca a Nimbus, una empresa con sede en Malta acusada de tejer una trama para desviar el dinero invertido en criptomonedas por cientos de ahorradores, buena parte de ellos residentes en España. Tras meses de espera, el Tribunal Supremo ha ordenado a este órgano judicial que asuma las pesquisas. Los magistrados han apreciado indicios de un posible delito de estafa, al igual que la Fiscalía y la Guardia Civil, que han llegado a cifrar el fraude en más de 135,8 millones de dólares (más de 125 millones de euros).

La decisión del Supremo reactiva una causa que había quedado paralizada en 2021, a la espera de resolver quién debía continuar con las pesquisas, que arrancaron hace casi un año en un juzgado de Huelva tras la denuncia de un particular. Ahora, a través de un escrito fechado el pasado 16 de marzo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el alto tribunal concluye que, “de las actuaciones se deduce que los hechos investigados se encuadran dentro del delito de estafa” y, tras analizar el carácter internacional de la presunta trama, explica que la Audiencia debe asumir la competencia.

“El domicilio de la empresa Nimbus Platform LTD, autora de los hechos, se encuentra en Malta. La denuncia se dirigió también contra diversas personas que ostentaban cargos en dicha empresa, dos de ellas con domicilio en Madrid (Andrea Zanon, [un exconsultor del Banco Mundial identificado como el antiguo consejero delegado de la compañía] y Javier García Madruga)”, exponen la terna de magistrados que han resuelto el caso: Julián Sánchez Melgar, Ana María Ferrer y Leopoldo Puente.

Aunque Nimbus ha defendido su inocencia de forma reiterada —negando incluso la existencia de la propia investigación que la coloca en el punto de mira y amenazando a los periodistas con demandas—, la Fiscalía le atribuye un sistema de “captación maliciosa” de fondos para su posterior desvío. Según el ministerio público, que llega a hablar de “organización criminal”, la compañía ofrecía a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins con la promesa de que su “revalorización” se traduciría posteriormente en un reparto de beneficios. Pero no tenían intención de cumplir, en opinión de la acusación.

El fiscal sostiene que Nimbus, al que describe como una estafa piramidal, se esforzó en “generar un capital suficiente para mantener durante un tiempo duradero la apariencia de una actividad inversora capaz de reportar y soportar ganancias que los primeros depositantes pudieran considerar legítimas”. Entonces, llegó un momento en el que cesó su actividad financiera, y las inversiones “quedaron sin respaldo”. EL PAÍS se puso en contacto este martes con la compañía para volver a recoger su versión. “En Nimbus, confiamos en que los tribunales y las instituciones judiciales de España determinen la verdad. Estamos disponibles para resolver cualquier duda de una autoridad competente. Confiamos en nuestra trayectoria, y nuestros productos y servicios hablan por sí solos”.

En su resolución, el Supremo añade que, tras las indagaciones de la Guardia Civil, se informó de que Nimbus ofrecía “servicios de inversión en un sistema automatizado de criptomonedas entre casas de cambio [...], prometiendo una rentabilidad fija al día en función del capital aportado por el inversor”. El 9 de octubre de 2020, según consta en el sumario, la empresa “suspendió todas sus operaciones, quedando bloqueadas las retiradas de capital y los pagos de beneficios, sin que hasta la fecha haya sido posible retirar los fondos depositados”. Para más inri, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió en noviembre de ese año que dicha entidad “no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en la Ley del Mercado de Valores”.

Tres juzgados

La decisión del Supremo marca así un punto y aparte en un larga batalla judicial. La causa comenzó en abril de 2021 en un juzgado de Huelva, donde un particular denunció que le habían estafado tras invertir 9.000 euros en la plataforma. A raíz de los informes de la Fiscalía y la Guardia Civil, el magistrado onubense decidió enviar el caso a la Audiencia Nacional. Este recayó en el Juzgado Central de Instrucción 6, que rechazó el pasado septiembre la competencia. Pero el proceso se elevó entonces hasta el alto tribunal, que explica que otros dos juzgados locales de instrucción —el número 8 de Barcelona y el 9 de Granada— también se inhibieron a favor de la Audiencia.

El pasado año, durante las pesquisas, la Fiscalía y la Guardia Civil comunicaron al juez de Huelva que querían intervenir los fondos millonarios localizados en 41 direcciones electrónicas vinculadas a Nimbus, donde calculaban que había hasta 288 bitcoins, cuyo valor supera los 10 millones de euros con la cotización actual. Con esta medida, los investigadores querían evitar que se esfumase una parte del dinero presuntamente estafado y que el Instituto Armado habría logrado encontrar siguiendo el rastro de los movimientos de criptomonedas gestado en torno a la plataforma.

Según las pesquisas, Nimbus no se estaba dedicando a “comprar y vender” los bitcoins en busca de rentabilidad, sino que los “estaba transfiriendo a terceras personas, aplicándoles técnicas de blanqueo”. Además, ahondaba el ministerio público, la Guardia Civil detectó “múltiples transferencias agregadas” que tratan de impedir que se pueda seguir el rastro de los bitcoins. “Se trata de una actividad que no tiene ningún sentido desde el punto de vista inversor y toda la utilidad bajo el prisma de un blanqueo de capitales”, remachó la acusación.

La Fiscalía ha llegado a comparar el caso Nimbus con la estafa piramidal gestada por exdirectivos de Afinsa mediante la compraventa de sellos. El abogado y exfiscal Carlos Aránguez, que representa a un grupo de presuntas víctimas y que impulsó la causa, definió Nimbus como “una estafa piramidal muy sofisticada, en la que se emplean complejos mecanismos de contención para retrasar el desplome de la estructura: a los inversores se les ofrecía todo tipo de alternativas para dilatar el reintegro de sus fondos”. Por su parte, la empresa carga contra este letrado, al que atribuye una campaña de difamación.

La Audiencia mantiene abiertas otras investigaciones similares por supuestos fraudes con criptomonedas: los casos Arbistar, Algorithms y Kualian. En estos sumarios, los investigadores calcularon el perjuicio en más de 350 millones de euros y cifraron los afectados en decenas de miles. Según coinciden las diferentes pesquisas, se ofrecían altos niveles de rentabilidad para captar ahorradores.