La Fiscalía pide intervenir millones de euros en bitcoins vinculados a la plataforma Nimbus

El ministerio público asegura que la empresa ideó una estafa piramidal con afectados en España y el extranjero. La Guardia Civil cifra el presunto fraude en más de 110 millones de euros

Representación de bitcoins.
Representación de bitcoins.REUTERS

La Fiscalía y la Guardia Civil quieren intervenir los fondos millonarios localizados en 41 direcciones electrónicas que vinculan con la empresa Nimbus, con sede en Malta y a la que acusan de tejer un entramado internacional para desviar el dinero invertido en criptomonedas por cientos de ahorradores. Según varios escritos remitidos al Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, que abrió estas pesquisas a principios de año, tanto el ministerio público como el instituto armado consideran necesario dictar comisiones rogatorias al extranjero para identificar a los responsables de las cuentas bajo sospecha y ordenar el “secuestro judicial” de las cantidades allí depositadas. En total, según sus informes, estas pueden albergar hasta 288 bitcoins, cuyo valor supera los 12 millones de euros con la cotización actual.

Los investigadores aseguran que, con esta medida, tratan de evitar que se esfume una parte de los fondos presuntamente estafados y que el instituto armado habría logrado localizar siguiendo el rastro de los movimientos de criptomonedas gestado en torno a la plataforma Nimbus, a la que ponen en el punto de mira y a la que vinculan con Andrea Zanon, un exconsultor del Banco Mundial identificado como el antiguo consejero delegado de la compañía. Contactada por EL PAÍS, Nimbus Platform asegura que no está involucrada en ningún tipo de fraude y que ningún juez ha imputado a sus responsables, además de desconocer cualquier iniciativa de los investigadores: “Creemos que no es más que una continuación de la campaña de desinformación para dañar las plataformas de Nimbus. Nunca hemos estado involucrados en actividades ilegales o poco éticas”.

Frente a la defensa de Nimbus, la Fiscalía describe un escenario muy distinto. En un escrito fechado el 16 julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la acusación incide en que existen indicios de que la empresa gestó un sistema de “captación maliciosa” de fondos para su posterior desvío a terceras personas. Según la tesis del ministerio público, esta sociedad ofrecía a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins con la promesa de que su “revalorización” se traduciría posteriormente en un reparto de beneficios. De esta forma, entregaba al depositante un certificado electrónico —“al que se denomina token”— que representa la “titularidad o el derecho de recibir una cantidad de bitcoins” y que “se supone respaldado por los depósitos que la plataforma posee”. Pero, según repiten los investigadores en sus informes, la fórmula ideada escondía otras oscuras intenciones.

La Fiscalía sostiene que el grupo de sospechosos —al que llega atribuir la denominación de “organización criminal”— realmente se esforzó en recabar el mayor volumen de fondos posible con el objetivo de “generar un capital suficiente para mantener durante un tiempo duradero la apariencia de una actividad inversora capaz de reportar y soportar ganancias que los primeros depositantes pudieran considerar legítimas”. Entonces, llegó un momento en el que Nimbus cesó su actividad financiera, según explican la Fiscalía y la Guardia Civil. “Y los tokens o títulos representativos han quedado sin respaldo”, subraya el ministerio público.

El financiero italiano Andrea Zanon, vinculado con Nimbus y ex consejero delegado de la empresa, según la propia compañía.
El financiero italiano Andrea Zanon, vinculado con Nimbus y ex consejero delegado de la empresa, según la propia compañía.

Según los informes de los investigadores, Nimbus no se está dedicando a “comprar y vender” los bitcoins en busca de rentabilidad, sino que los “está transfiriendo a terceras personas, aplicándoles técnicas de blanqueo”. Además, ahonda el ministerio público, la Guardia Civil ha detectado “múltiples transferencias agregadas” que tratan de impedir que se pueda seguir el rastro de los bitcoins. “Se trata de una actividad que no tiene ningún sentido desde el punto de vista inversor y toda la utilidad bajo el prisma de un blanqueo de capitales”, remacha la acusación, que añade: “La salida progresiva de esos bitcoins implica una descapitalización al margen de los acuerdos alcanzados con los depositantes”. Nimbus Platform niega, en cambio, todas las acusaciones y defiende que “está completamente operativa”, desarrollando su actividad “en 121 países para más de 50.000 personas”.

En un primer escrito remitido al juzgado a principios de 2021, la Guardia Civil cifró en 135,8 millones de dólares (más de 110 millones de euros) el fraude colectivo supuestamente perpetrado por la compañía. Ahora, en un nuevo informe fechado este verano, el instituto armado ha logrado identificar a dónde fue a parar presuntamente una parte de esos fondos. Los agentes han identificado las direcciones electrónicas de los “exchanger” —”versión virtual de las casas de cambio” que sirven como intercambiadores de criptomonedas digitales en otros bienes, explica la Fiscalía— que recibieron supuestamente las transferencias de las cantidades desviadas.

La Guardia Civil identifica 30 direcciones pertenecientes al exchanger Coinbase, a las que se enviaron supuestamente 45,68 bitcoins entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. Y también 11 direcciones del exchanger Binance, que arrojarían un balance positivo de 242,4 bitcoins. Por ello, el instituto armado pidió dictar una comisión rogatoria internacional a ambas “casas de cambio” virtuales para que se identificara a los usuarios de dichas cuentas y se proceda a bloquear los fondos que tengan. Una medida que respalda la Fiscalía.

De hecho, el ministerio público apremió al juzgado de Huelva a adoptar esta iniciativa ante la posibilidad de que los fondos localizados se acaben esfumando de nuevo. “El elemento más decisivo de la urgencia de su intervención es el de la extrema facilidad que los autores tendrían para hacer que esos activos se desvanezcan con un par de claves que se encuentran en su poder y algunas pulsaciones en la pantalla de un teléfono móvil”, argumenta el ministerio público: “Transferir esos activos a otras cuentas o carteras virtuales (wallets) resulta extremadamente sencillo, al tiempo que relocalizarlos se convierte en un juego de azar imposible”.

“Haber localizado el paradero de los bitcoins es un golpe de suerte cuya magnitud no puede comprender quien desconozca esta tecnología”, prosigue la acusación pública, que llega a comparar el caso Nimbus con la histórica estafa piramidal gestada por exdirectivos de Afinsa mediante la compraventa de sellos. El abogado y exfiscal Carlos Aránguez, que representa a un grupo de presuntas víctimas y que impulsó la causa, definió Nimbus como “una estafa piramidal muy sofisticada, en la que se emplean complejos mecanismos de contención para retrasar el desplome de la estructura: a los inversores se les ofrecía todo tipo de alternativas para dilatar el reintegro de sus fondos”.

Eso sí, la iniciativa de la Fiscalía y la Guardia Civil de bloquear los fondos se ha topado con un importante muro. El caso Nimbus arrancó en el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva tras recibir la denuncia de un particular por la presunta estafa de 9.000 euros a través de la plataforma, pero actualmente vive una situación de parálisis a la espera de que se decida qué órgano judicial dirige la investigación. El pasado 12 de abril, el magistrado Javier Pérez Minaya, responsable del juzgado onubense, envió la causa a la Audiencia Nacional al considerar que esta debía asumir la competencia por tratarse de una presunta estafa que afecta a una “generalidad de personas” de toda España e incluye delitos cometidos en el extranjero.

Nueva investigación en Granada

De hecho, el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que había recibido una denuncia similar, se ha pronunciado en el mismo sentido el pasado 20 de septiembre, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. En su escrito recuerda que “son competencia de la Audiencia Nacional las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”. Además, recoge el argumento de que “el objeto de la puesta en escena de la defraudación (adquisición de criptomonedas) requerirá la adopción de medidas de investigación complejas y de carácter internacional que, en beneficio de la mejor administración de justicia, deben ser adaptadas de forma conjunta para todos los casos similares”.

Pero la Audiencia Nacional aún no ha notificado si asume las pesquisas y ha decidido que, mientras se pronuncia sobre ello, todas las diligencias las practique el juez de Huelva. Pero este, ante la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil, respondió que no tiene competencia para dictar las comisiones rogatorias al extranjero: “Este juzgado carece de jurisdicción para instruir hechos cometidos fuera del territorio nacional y, por ello, no puede instruir más de lo ya instruido, quedando los autos exclusivamente pendientes de que el Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional] resuelva su competencia”, reza una providencia firmada por el magistrado Pérez Minaya el 16 de septiembre.

La Audiencia Nacional sí mantiene actualmente abiertas otras tres investigaciones por supuestos fraudes con criptomonedas que calcan la tradicional estafa piramidal: los bautizados como casos Arbistar, Algorithms y Kualian. En estos sumarios, los investigadores calculan el perjuicio en más de 350 millones de euros y cifran los afectados en decenas de miles. Según coinciden las diferentes pesquisas, se ofrecían altos niveles de rentabilidad para captar ahorradores. Por ejemplo, como expuso el juez José Luis Calama sobre Arbistar: “Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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