El Gobierno prorroga hasta julio la rebaja fiscal sobre la luz y convoca una subasta extraordinaria de renovables

El Gobierno ampliará las rebajas fiscales sobre el recibo de la luz hasta el 30 de junio y convocará una nueva subasta de renovables como parte de un plan de choque para tratar de minimizar el impacto energético de la guerra de Ucrania. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un pleno monográfico en el Congreso sobre la invasión rusa, en el que ha anunciado una batería de medidas para tratar de frenar una “espiral inflacionista” que ya está laminando el poder adquisitivo de los hogares.

En su discurso, Sánchez ha llamado al resto de partidos políticos con representación parlamentaria a alcanzar un “pacto de unidad” tanto para afrontar la crisis como para aligerar el impacto económico sobre España: “Todos somos conscientes de que uno de los mayores riesgos de la guerra es el aumento del precio de la energía y la traslación al coste de la vida”, ha subrayado. Y ha invitado al resto de niveles de la Administración (comunidades autónomas y municipios) a sumar medidas adicionales para proteger a los sectores más frágiles de la sociedad en un momento de subida generalizada de la factura energética.

El presidente del Gobierno ha anunciado que prorrogará las cuantías actuales del bono social eléctrico, un descuento en la factura que actualmente alcanza el 60% en el caso de los colectivos vulnerables y las familias numerosas, y el 70% en el de los vulnerables severos. También continuará en vigor la reducción del IVA sobre la factura de la luz del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre la generación, y el recorte al mínimo legal (0,5%) del tributo especial que grava la luz, que antes de la crisis estaba en el 5,1%. El Gobierno también extenderá la minoración del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación de electricidad no emisoras por los llamados beneficios caídos del cielo.

500 millones para autoconsumo y 100 para eficiencia en alumbrado público

En su intervención parlamentaria, Sánchez también ha anunciado una línea especial de 500 millones de euros para acelerar el despegue del autoconsumo, un ámbito en el que se ha comprometido a agilizar los trámites para las nuevas conexiones. Y se ha comprometido a dedicar otros 100 millones a fomentar la eficiencia del alumbrado público y ahorrar, así, un 70% de la energía que consume actualmente.

El recién anunciado PERTE de energías renovables e hidrógeno verde —financiado con fondos europeos— contendrá, además, una inversión de 1.000 millones para nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos, y las empresas de la industria electrointensiva —las que están sufriendo en mayor medida el incremento de costes en sus cuentas de resultados— obtendrán una rebaja del 80% en los peajes eléctricos.

El Gobierno español ha redoblado en las últimas semanas la presión sobre la Comisión Europea para que introduzca cambios en el sistema marginalista de fijación de precios de la luz. Su objetivo es evitar que el gas, de largo la fuente de energía más cara, sea el que fije el coste de la electricidad la mayoría de horas. A diferencia de hace unos meses, cuando la respuesta fue una negativa total, ahora —acuciada por unos precios de la energía que amenazan con mantenerse altos durante más tiempo— Bruselas se muestra dispuesta a variar ese sistema de cálculo.

En ese sentido, el plan anunciado este miércoles llama al Ejecutivo comunitario a tomar medidas para “desacoplar de forma temporal los precios del gas y la electricidad” y a “fomentar los contratos de largo plazo entre agentes para dar estabilidad a los precios”. También urge a “abordar la especulación en el mercado de emisiones de CO₂″, que estos días cotizan —como el gas natural— en máximos históricos. España pedirá, además, que se avance en las interconexiones energéticas europeas, desatendidas en los últimos años pero que tienen un valor esencial en plena amenaza rusa sobre el suministro.

Alegato por un “gran pacto de rentas”

Más allá de lo energético, Sánchez ha pedido a los agentes sociales un “gran pacto de rentas” para evitar que la subida de precios “ponga en riesgo la recuperación económica”. En ese sentido, el presidente ha llamado a los agentes sociales a proporcionar “estabilidad”: en otras palabras, que trabajadores y empresas se repartan equitativamente las cargas con contención de salarios y beneficios. Tal como adelantó este diario a principios de febrero, patronal y sindicatos llevan semanas negociando un pacto para evitar que los llamados efectos de segunda ronda cronifiquen la inflación. Ambas partes comenzarán mañana las negociaciones formales, a pesar de que los contactos informales llevan tiempo sucediéndose.

Agricultura, turismo y fiscalidad

El presidente del Gobierno también ha reconocido este miércoles que las sanciones europeas sobre Rusia tendrán un “impacto” sobre las exportaciones españolas al gigante euroasiático, así como sobre la inversión y la llegada de turistas. En este último caso, el Ejecutivo está trabajando en la “búsqueda de alternativas” para tratar de compensar la sequía de visitantes rusos, especialmente en “temporada alta” y en las comunidades más dependientes, como Cataluña. Aunque el porcentaje sobre el total de llegadas a España es bajo, el gasto por persona de los rusos es mucho mayor que el de otras nacionalidades, lo que amplifica el impacto económico. La solución puesta encima de la mesa por Sánchez se limita, de momento, a mejorar la promoción de esos destinos.

En agricultura, otro de los segmentos más afectados por el conflicto ruso, el Gobierno pedirá a Bruselas que utilice “todos los medios a su alcance” para facilitar la llegada de “cereales y oleaginosas”, un ámbito en el que Ucrania es potencia mundial. El sector primario, ha reconocido Sánchez, puede verse “fuertemente afectado” tanto por el incremento de los costes de producción (gasóleo, electricidad y fertilizantes, entre otros) como por un potencial corte en el suministro de alimento para el ganado.

En Bruselas, España también insistirá en la adaptación de las reglas fiscales —un eufemismo para pedir que esas normas permanezcan suspendidas por más tiempo— para “apostar por la recuperación” pospandemia y “avanzar en la transición verde y digital y en una mayor autonomía estratégica”.

En pleno despliegue de sanciones económicas occidentales sobre Moscú, el Gobierno español ha anunciado este miércoles que impulsará la inclusión de Rusia en la lista negra de paraísos fiscales, tanto en la UE como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).