La Fiscalía peruana investiga al capitán del buque involucrado en el derrame petrolero

El fiscal que investiga el derrame ocurrido el pasado 15 de enero frente a la costa central de Perú ha incorporado a las pesquisas en calidad de investigado al capitán del buque Mare Doricum, que descargaba miles de barriles en las instalaciones de la refinería peruana de La Pampilla, propiedad del grupo español Repsol. La Fiscalía peruana apunta contra Giacomo Pisani, de nacionalidad italiana, por la presunta comisión de un delito de “contaminación ambiental dolosa”, según un documento oficial fechado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso este diario.

La incorporación en la investigación de Pisani llega poco más de una semana después de que la empresa española iniciase acciones legales que pueden conducir a una demanda multimillonaria contra el armador del buque. La naviera para la que trabajaba el petrolero es la singapureña Teekay Tankers Chartering Pte. Ltd., y el propietario del buque es la italiana Fratelli D’Amico Armatori S.p.A.

El fiscal Ariel Tapia, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima Noroeste, ha tomado la decisión a partir de la revisión de documentación y declaraciones recabadas, y bajo la hipótesis de que la rotura o fragmentación del llamado plem (las siglas de pipeline end manifold o colector de final de tubería) se produjera “por impacto o tirón del tren de mangueras desde el buque”. Esa mención da alas a la teoría defendida de la energética española, que culpa de lo ocurrido a un movimiento anómalo de la embarcación que provocó la rotura de la instalación. Tapia, además, llama a declarar a la tripulación que estuvo involucrada en las maniobras de amarre y en la reposición del barco, y ordena la recopilación de las imágenes de vídeo “que registren el puente de mando del buque sobre las actividades de cubierta”.

La Fiscalía también investiga las “hipotéticas malas condiciones del plem”, pero el presidente del el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Jaime Raúl Mendoza Gacon, señaló ante el Congreso peruano que dicha instalación había sido objeto recientemente de diferentes trabajos de supervisión a través de los que se “aseguraba que esas instalaciones estaban en perfecto estado para operar”.

Más allá de Pisani, en la investigación judicial también están incluidos el máximo responsable de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta —a quien la justicia ha prohibido salir del país andino en un año y medio—; así como a otros cinco mandos de la refinería y a varios funcionarios públicos, tanto de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina, como del Osinergmin y la autoridad ambiental (OEFA) por omisión de labor de fiscalización administrativa. El buque está inmovilizado en el puerto del Callao desde el 16 de enero, pero a pedido del fiscal Tapia el 28 de enero un juzgado ordenó su incautación.

El Ministerio de Ambiente del país sudamericano calcula que el vertido en el mar de 11.900 barriles de petróleo afecta 116 kilómetros cuadrados de aguas y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La petrolera española, por su parte, reduce la cifra hasta 10.396 barriles.

Comisión en el Congreso

El viernes pasado, durante una sesión de la comisión investigadora del Congreso sobre el derrame, tres oficiales de Marina señalaron que el peritaje del plem será realizado en el extranjero y que tardará dos meses en concluir. Una dependencia de la Marina debe entregar el 15 de marzo una investigación sumaria administrativa sobre el derrame, y precisó que no podrá esperar al resultado de la pericia, debido al plazo. En respuesta a preguntas de una de las congresistas, uno de los oficiales de Marina declaró que a la hora del vertido no había ningún oleaje anómalo, como indicaba Repsol en sus primeras versiones sobre la razón del derrame y como también declaró por escrito el propio capitán del barco. Tanto las autoridades marítimas de Chile, al sur de Perú, como las de Ecuador, al norte, emitieron ese día alertas de tsunami, pero la Marina de Guerra de Perú no lo hizo. Curiosamente, las autoridades peruanas sí atribuyeron al “oleaje anómalo“ el ahogamiento de dos mujeres ese mismo día en una playa. También se reportaron numerosas inundaciones en localidades costeras y el Instituto de Defensa Civil peruano dio a la población recomendaciones de prudencia “ante la ocurrencia de oleajes anómalos” en el litoral.

El oficial agregó que en la “rotura de tubería en el plem de descarga de la plataforma de la refinería”, había habido “un esfuerzo anormal producido por una fuerza generada físicamente por el buque sumado a las condiciones de fatiga del material”. “No hay duda de que hubo un esfuerzo anormal entre el buque, la manga de conexión y la tubería de alimentación, lo cual provocó el accidente“, insistió.

El documento del fiscal Tapia, además, fija 240 días como plazo para terminar la investigación, que califica de “compleja”. Pero precisa que, sin agotar ese plazo, puede emitir pronunciamiento sobre los investigados, entre ellos Fernández-Cuesta, en su calidad de representante legal de la refinería La Pampilla, y otros ejecutivos de la filial peruana.