Un exejecutivo de Iberdrola pide al juez del ‘caso Tándem’ que le aplique la norma que protege a denunciantes

El exdirector de control de funciones corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo ha solicitado al juez instructor de la macrocausa Tándem que le aplique la directiva whistleblowing, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, ante las “represalias” de Iberdrola por ser la “responsable” de las actuaciones que ha venido relatando. Así se desprende de un escrito presentado este mismo lunes ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que sostiene que existe la “obligación legal” de ser protegido, especialmente ante la actitud de la empresa. “No cabe duda tampoco de que Iberdrola está acosando a mi mandante desde que tuvo conocimiento de sus declaraciones en la Audiencia Nacional”, apuntan.

La solicitud de Del Olmo llega después de que el titular del juzgado, Manuel García-Castellón, abriese la puerta a aplicarle esa condición en un auto en el que dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que alegasen sobre el posible reconocimiento de la figura. Una de las partes personadas, en concreto el presidente de ACS, Florentino Pérez, se mostró a favor de esta petición y solicitó al juez su aplicación al considerar que el exdirectivo “está siendo represaliado” por su antigua compañía.

En concreto, Iberdrola se querelló en 2020 contra su antiguo directivo por el informe que elaboró en diciembre de 2004 donde reflejaba presuntas irregularidades y dejaba constancia de varias facturas, incluida una emitida por Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo. La compañía sostuvo que se trataba de un dosier falso y acusó a Del Olmo del robo de documentación.

Piden al juez que realice actuaciones proactivas

Ahora, en su escrito al juzgado, Del Olmo hace un repaso a los “procesos abiertos” por Iberdrola contra su persona y se adhiere a lo “manifestado” por Pérez. “Las medidas relativas a la suspensión de todos esos procedimientos tienen además perfecto encaje en nuestra legislación, tanto por la necesidad de que la revelación de secretos que se denuncia no sea ilícita, como hemos defendido ante las distintas instancias, como por la posible aplicación del instituto de la prejudicialidad, perfectamente coherente en este caso”, añade.

Y es que, “si bien” reconocen que “procesalmente esta cuestión no está recogida expresamente” en la legislación, la defensa de Del Olmo entiende que el juzgado puede “llevar a cabo actuaciones proactivas en aplicación de la directiva europea de obligado cumplimiento”. Por otro lado, el escrito también trata de dar unas “pinceladas” acerca de la “justificación de protección frente a Iberdrola por su interés en el proceso y por tratarse de una corporación única”, y descartando la distinción entre la matriz e Iberdrola Renovables.

“A partir del año 2002, debido a los proyectos que se estaban poniendo en marcha, se plantearon modificaciones en la estructura del Grupo Iberdrola. Se crea Iberdrola Renovables (con salida a bolsa), se compra SPW (Escocia), se compra Energy East (USA-actual Avangrid), se compra Elektro (Brasil), se crea Iberdrola México (Generación), etc.”, relata.

Sin embargo, señala, “todas estas empresas tenían, al igual que la matriz, organización de corporación”. “Esto, derivó en problemas operativos, por lo que desde la Presidencia de Iberdrola se puso en marcha, a principios del año 2010, el proyecto de Corporación Única que afectaba a todo el grupo”, y en el que se integraba el área de Del Olmo y también, entre otras, la de Seguridad Corporativa, encabezada por Antonio Asenjo.

Y es que, según explican, “el responsable de cada una de estas funciones, perteneciendo a Iberdrola en todos los casos, tenía la responsabilidad en todas las empresas del grupo donde se desarrollaba esta función”. “El esquema de trabajo consistía en que, el responsable de una función corporativa en una empresa del grupo, dependía jerárquicamente de una persona de dicha empresa, pero funcionalmente dependía del responsable de la función en Iberdrola”, añade, apuntando que “el responsable de todas las funciones corporativas” era, finalmente, el presidente de Iberdrola, José Ignacio Galán.

“Era Iberdrola la que controlaba el grupo por medio de ese comité operativo, lo que refuerza lo que venimos argumentado en el presente escrito, esto es, la necesidad de protección a mi mandante, frente a Iberdrola que es quien está tomando represalias, al ser la responsable de las actuaciones denunciadas por José Antonio Del Olmo”, concluyen.