Los Verdes reclaman un fondo europeo que impulse la inversión pública en vivienda social

Los Verdes europeos van a proponer este jueves un plan de actuación para que la UE pueda actuar en uno de los campos que más problemas sociales está provocando: la vivienda. Para ello, parten de un exhaustivo informe sobre el sector en los Veintisiete en el que se revelan cifras llamativas, como que los llamados inversores institucionales (fondos, bancos, aseguradoras...) poseen de 3,2 billones de euros en inmuebles en Europa y critican que, cada vez más, la normativa de la UE “está impulsando el giro hacia la vivienda como un activo [financiero]”.

Entre las medidas que los ecologistas ponen sobre la mesa están la creación de un fondo europeo para apoyar la inversión en vivienda social y la compra de inmuebles antes de que acaben en manos de fondos buitre, evaluaciones de impacto sobre el mercado de vivienda con cada norma financiera que prepare la UE o que los bancos centrales actúen con restricciones crediticias cuando “la inflación del precio de la vivienda” se dispara.

“Es verdad que muchas competencias sobre la vivienda son estatales, pero hemos estado campos de acción en los que se puede actuar desde las instituciones europeas”, explica el eurodiputado español Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú, en conversación con este diario. ¿Por qué? Porque, como explica el propio documento, ·es hora de que se reconozca que existe una crisis de la vivienda cada vez mayor en Europa”.

El informe, elaborado por Daniela Gabor, profesora de Economía y Macrofinanzas de la University of West of England, y Sebastian Kohl, investigador del Instituto Max Planck alemán, subraya que el fondo estadounidense Blackstone posee unos 700.000 millones de dólares en activos inmobiliarios en Europa o que en los últimos años, los fondos inmobiliarios han aumentado mucho su protagonismo en este mercado, con el consiguiente aumento de demanda y, probablemente, de precios. Si en 2010 eran 350.000 millones de euros lo invertido por estos vehículos financieros, en 2021 ha aumentado hasta el billón.

Según apuntan este grupo parlamentario, el creciente protagonismo de los inversores institucionales lleva a los mercados “estructuras de propiedad que suelen ser muy opacas”. Para evitar esto último, exigen que la taxonomía social de la Unión Europea incluya medidas para aumentar la transparencia “a través de un régimen de divulgación obligatoria para todos los propietarios institucionales con activos en vivienda”.

Otra medida destacada es una evaluación de impacto sobre cada norma financiera que elabora la UE. Urtasun explica que los Veintisiete suelen tener un gran número de regulaciones y directivas financieras y que una medida como esta ayudará a pensar sobre las consecuencias que tienen esas normativas sobre un mercado como el de la vivienda, que, cada vez más, se está convirtiendo en un objeto de especulación.

Junto a estas, el grupo ecologista defiende la creación de un fondo europeo para impulsar la inversión de los estados y las administraciones regionales y locales en vivienda local y que adquiera inmuebles que en épocas de crisis pueden caer en manos de fondos buitres, algo que se ha visto en España, o en otros inversores institucionales. El objetivo sería que funcionara de forma “contracíclica”, amortiguando así los impactos de las crisis inmobiliarias cuando las burbujas colapsan. La propuesta llega incluso a poner sobre la mesa que sea el propio fondo el dueño de los inmuebles para que se cree un parque público de viviendas “asequible”.