En el laberinto político

Las muchas convalidaciones de los reales decretos leyes que en el pasado han introducido reformas a resultas de previos acuerdos sociales, casi siempre se han producido con fácil logro de la necesaria mayoría parlamentaria. Esta fluidez de las convalidaciones también se ha conseguido durante la presente legislatura, a pesar de la intensa fragmentación del Congreso, así como de la importancia de las medidas adoptadas. Así ha sucedido con todos los reales decretos de actuación frente a la pandemia, pero también con los que han tenido un carácter más estructural, como los relativos al trabajo a distancia o a la presunción de laboralidad de los riders.

Sin embargo, con la convalidación de la actual reforma laboral parece que nos enfrentamos a la tormenta perfecta, por confluencia de múltiples circunstancias que la están situando en un escenario de elevada complejidad. De un lado, el equilibrio del acuerdo social en esta ocasión ha sido muy ajustado, entrando en juego no solo lo que resulta objeto de modificación, sino también lo que se acepta mantener inalterable, incluso resultando para algunos lo segundo más importante que lo primero.

Esto último explica que en esta ocasión el Gobierno se resista a que la convalidación parlamentaria venga acompañada de la conversión de la norma de urgencia en un proyecto de ley, porque ello pone en riesgo la alteración del equilibrio alcanzado en la concertación social, con incertidumbre de hasta dónde pueden llegar las enmiendas, al extremo de trastocar el espíritu del acuerdo. Se trata de una práctica de conversión en proyecto de ley muy extendida en nuestra práctica parlamentaria, pero no siempre realizada y ni mucho menos obligada desde la perspectiva constitucional.

Al mismo tiempo, por paradójico que pueda parecer, quienes podrían dar su apoyo natural a la convalidación, se resisten a votar favorablemente o a abstenerse; sin embargo, no manifiestan crítica u oposición a ninguna de las medidas de reforma del real decreto ley, pues su descontento se debe a lo que, a su juicio, debería añadirse al mismo, incluso a razones ajenas al modelo laboral y situadas en el terreno estrictamente político.

En esta tesitura, aunque parezca que se trata de la cuadratura del círculo, la trascendencia de esta reforma es de tal alcance, tanto en términos estrictamente laborales como, sobre todo, más ampliamente en clave política general, que es difícil que se produzca un resultado negativo en sede parlamentaria.

Probablemente sea la oportunidad de recordar que el Gobierno de coalición se comprometió a acometer sucesivamente un proyecto más amplio de revisión de otros aspectos del Estatuto de los Trabajadores, para diseñar un estatuto del siglo XXI, constituyendo ello la oportunidad de dar satisfacción política a expectativas que están sobre la mesa como condicionante de la convalidación. Más aún, ello sería la ocasión de abordar otras reformas estructurales, que siempre quedan pendientes por no responder a la habitual urgencia de los tiempos políticos. Al final, lo que se presenta como un importante escollo podría ser la oportunidad de desembocar en un círculo virtuoso.

Jesús Cruz Villalón es catedrático en la Universidad de Sevilla