Mantener las constantes vitales

La tercera ola de la pandemia de la Covid-19 (arrancada en la segunda mitad de enero, como consecuencia de los contactos producidos durante las pasadas fiestas navideñas) está siendo más severa que lo que lo fue la segunda ola (que se desarrolló, principalmente, durante el pasado mes de noviembre). El ritmo de contagios es el mayor registrado hasta la fecha desde la declaración de la pandemia en nuestro país, lo que ha vuelto a llevar al límite la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

El riesgo de salud pública que supone esta cierta saturación hospitalaria ha llevado a las autoridades competentes a reforzar las restricciones de movilidad y a limitar (cuando no interrumpir) el desarrollo de aquellas actividades económicas que conllevan un mayor contacto humano (aun cuando no se haya constatado de forma empírica que sean el origen de un gran número de contagios). Los sectores económicos más castigados siguen siendo los relacionados con el turismo y el ocio, así como con el comercio, que en conjunto reúnen más del 20% de los afiliados en nuestro país.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de enero conocidos a principios de este mes de febrero no se han comportado de forma diferencial a lo que suele ser habitual en este primer mes del año. La cesión de unas 219.000 personas afiliadas es inferior a la producida justo el mismo mes del año pasado, cuando la pandemia aún no se había manifestado en nuestro país con la rotundidad con la que lo hizo dos meses más tarde. Los sectores que más redujeron su volumen de empleos fueron, precisamente, los relacionados con el turismo, el ocio y el comercio, pero lo hicieron con menor intensidad también de lo que suelen hacerlo en este mes del año y eso a pesar de haber sufrido, nuevamente, restricciones al normal desempeño de su actividad.

La figura de los ERTE, cuya extensión hasta el 31 de mayo se alcanzó por acuerdo de los agentes sociales a finales de mes de enero, ha permitido, especialmente, a estos sectores económicos, aguantar el tipo y acoger a sus empleados a esta medida de flexibilidad interna, con la esperanza de que, pasada la tercera ola y retornada su actividad económica puedan mantener el volumen de empleo actual (las empresas se comprometen a mantener los empleos durante, al menos, seis meses). El retraso administrativo en la solicitud por parte de las empresas (se puede realizar de forma retroactiva al momento de la limitación o impedimento de la actividad) y su posterior aprobación por parte de la autoridad laboral de los ERTE solicitados a partir de la segunda mitad del mes de enero podrían explicar el hecho de que todavía no hayamos visto el pico en el número de trabajadores afectados de esta tercera ola (a cierre de enero rozan las 740.000 personas). A modo de comparativa, durante la segunda ola, el volumen de trabajadores afectados se incrementó más de un 20% y en esta ocasión apenas lo ha hecho en un 7%.

Los ERTE han puesto de manifiesto que son un potente instrumento de flexibilidad interna que, en ocasiones como las actuales, permite mantener el empleo, aun cuando la actividad económica se desplome (en el año 2020, según la Contabilidad Nacional del INE, el primero apenas se redujo un 3% de media anual, mientras que la segunda lo hizo en un 11% de media anual). Sin embargo, la dilatación de la pandemia y, con ella, de las medidas de restricción de las actividades económicas más relevantes en nuestro tejido empresarial está llevando a muchas de ellas a desaparecer inevitablemente. El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social sigue descendiendo (en el mes de diciembre –último disponible- lo hicieron en un 6,8% interanual) y, en contraposición, el número de concursos de acreedores aumentando (en el 4T20 fueron un 5,8% superiores al del mismo trimestre del año anterior), teniendo como protagonistas y contra su voluntad a empresas de los sectores del turismo, el ocio y el comercio (representaron más del 40% de los concursos del 4T20).

El despliegue de las líneas de financiación con aval del ICO en los primeros compases de la pandemia logró atajar el problema de liquidez de muchas de estas empresas, sin embargo, la situación ha llegado a ser insostenible para algunas de ellas, llegando a afectar seriamente a su solvencia y, por lo tanto, continuidad. Para mantener el empleo en los niveles actuales (18,8 millones de afiliados, aunque todavía sean un 2,2% inferior al nivel pre-pandemia de febrero de 2020) es necesario mantener las constantes vitales de las empresas.

En este sentido, numerosos economistas de todo el mundo han recomendado adoptar medidas complementarias a las puestas en marcha hasta ahora que se basen más en ayudas directas y no en aumentar el ya comprometido y alto grado de apalancamiento de las empresas más afectadas. El reciente anuncio del Ministerio de Asuntos Económicos de reformar el marco legal existente para impulsar las ayudas directas (una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado) va precisamente en esa dirección.

El refuerzo de la solvencia de las empresas más afectadas por la pandemia, directa o indirectamente, debe ser bien dirigido hacia aquellas empresas que manifiesten la viabilidad de su negocio y, por tanto, garanticen la continuidad de los empleos. Se trata de maximizar los beneficios que supondrá esta política pública, que convendrá también evaluar ex ante y ex post.

La selección de las empresas debe basarse en criterios objetivos, que garanticen la transparencia en su gestión. Algunos de estos criterios garantes de la viabilidad empresarial pueden ser los márgenes declarados en ejercicios pre-pandemia (EBITDA, EBIT), pero quizás también sea necesario requerir seriedad y cumplimiento empresarial con los diferentes organismos públicos (estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, por ejemplo) y privados (no estar en registros de ASNEF o de Riesgo de Crédito de Banco de España, por ejemplo), así como con la sociedad y el medio ambiente, si procede normativamente por su tamaño empresarial (sostenibilidad).

Las cuentas depositadas por las empresas en el Registro Mercantil, las declaraciones trimestrales realizadas ante la Agencia Tributaria, la Central de Balances del Banco de España y las altas de afiliación asociadas a cada cuenta de cotización empresarial de la Seguridad Social, entre otras fuentes de datos disponibles, deberían contribuir a realizar y agilizar este proceso de selección de empresas.

Conviene implementar ya las medidas de apoyo directo al tejido empresarial más dañado por esta pandemia. Si no se mantienen las constantes vitales de estas empresas, aumentará inevitablemente la mortalidad empresarial y, con ella, la tasa de paro.