Leyes que obstaculizan la economía

La modernización de la economía y la sociedad española se encuentra seriamente obstaculizada por el anacronismo de muestras leyes básicas como son el Código Civil y el Código de Comercio que regulan los aspectos básicos de las relaciones económicas y los derechos de los ciudadanos. Aunque ambos textos han sufrido numerosas modificaciones su contenido incluye disposiciones que reflejan una visión ultramontana y una insostenible desigualdad. Como muestra un botón. El artículo 1584 del Código Civil establece que en caso de discusión “el amo será creído, salvo prueba en contrario”.

La permanencia de antiguallas de este tenor es especialmente inquietante ante la gran transformación que está registrando la sociedad con el desarrollo de las economías digitales a través de la presencia de plataformas con un potencial económico muy superior al de la mayoría de los estados. Unos cambios ante los que los ciudadanos están completamente desprotegidos.

En este sentido hay que saludar la creación del Instituto de Innovación e Investigación Jurídica por parte del Colegio de Abogados de Barcelona, impulsado por el catedrático de Derecho Civil, Javier Orduña, y el vicedecano del colegio barcelonés Jesús Sánchez. El Instituto cuenta con el apoyo explícito de insignes juristas como Juan Antonio Xiol Rios, magistrado del Tribunal Constitucional. El Instituto tiene como propósito “mejorar los derechos y libertades de la ciudadanía, elaborando nuevas propuestas normativas”.

Una de las primeras iniciativas será “promover la compatibilidad de la primacía del derecho europeo en nuestros derechos nacionales”, según el profesor Orduña. Hay que tener en cuenta que las directivas europeas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han sido el verdadero factor de modernización de la legislación española.

Orduña, ex magistrado del Tribunal Supremo, fue autor de numerosos votos particulares que han propiciado importantes resoluciones del TJUE que han elevado los derechos de los consumidores de manera significativa ante la abundancia de cláusulas abusivas en los contratos. En su opinión el desfase de nuestro código civil es notorio “con 132 años de antigüedad, ya sabemos que no es válido” y recordó que “cuando se redactó no se conocía el negocio jurídico”.

Jesús Sánchez, uno de los mejores conocedores del derecho europeo, sostiene que “los abogados somos los primeros en detectar las patologías de la sociedad”. Señaló el cambio sustancial que se produjo en 1993 con la directiva sobre cláusulas abusivas que ha revolucionado la protección de los ciudadanos. Actualmente la inmensa mayoría de los contratos que suscriben los consumidores no son negociados sino con un clausulado general impuesto por las empresas, los llamados contratos de adhesión, que se han caracterizado por la profusión de cláusulas abusivas.

La iniciativa de los abogados de Barcelona, abierta a la colaboración de otros colegios profesionales, tiene la voluntad de superar las trabas burocráticas que hasta ahora han impedido retrasar o impedir la modernización de las legislación española de la que depende la prosperidad económica y social del país.