Aena no devolverá los alquileres cobrados de más a las grandes cadenas hasta que se pronuncien los tribunales

Aena no devolverá los importes facturados de más durante la pandemia a las grandes cadenas como Dufry, Areas y SSP por el alquiler de los espacios comerciales en los aeropuertos hasta que los tribunales se pronuncien en los procesos judiciales que enfrentan al gestor aeroportuario con estos arrendatarios, que suponen casi el 80% de la facturación total por este concepto, según anunció este miércoles el presidente de Aena, Maurici Lucena, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre una enmienda que obliga al gestor aeroportuario a ajustar el alquiler de sus locales comerciales a la caída real del tráfico. Pero la empresa semipública ha solicitado al juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma, que entró en vigor el 3 de octubre.

“Aena no se plantea no aplicar la ley. Lo que debe aceptarse al mismo tiempo es que en los casos que están en los juzgados, la compañía tiene derecho a utilizar las iniciativas legales que considere oportunas. Y lo que hemos hecho es plantear cuestiones de inconstitucionalidad”, ha señalado Lucena. Se da la circunstancia de que la aprobación fue posible porque tanto el PSOE —partido al que pertenece Lucena— como Podemos ampararon la aprobación de la norma al abstenerse en la votación, que contó con los votos a favor de la práctica totalidad del resto de grupos parlamentarios (PP, Vox, ERC, EH-Bildu, PDeCAT, PNV y Coalición Canaria).

Sobre los inquilinos que aceptaron el acuerdo de rentas propuesto inicialmente por Aena y no llevaron el caso a los tribunales Lucena se limitó a decir que cumplirán la ley, pero no aclaró en qué plazos se realizarán las devoluciones, pese a las insistentes preguntas de los portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios. Fuentes de Aena precisaron a este diario que se están calculando los importe a devolver de 2020, y que los de 2021 se liquidarán en 2022.

Lucena fue especialmente crítico con la aprobación de la enmienda porque, a su juicio, supone “una transferencia de los bolsillos de los accionistas, entre los que se encuentran todos los ciudadanos, ya que el 51% del capital es del Estado, a los bolsillos de las multinacionales propiedad de grandes fondos de inversión”. Aena ha evaluado que la enmienda aprobada en el Congreso le supondrá una merma ingresos de 1.500 millones de euros.

El presidente de Aena puso como ejemplo de este dislate normativo “el bonus millonario” que van a cobrar el consejero delegado, Julián Díaz González, y los principales ejecutivos de Dufry, el gigante suizo que explota las tiendas de duty-free, porque esa remuneración va ligada al ahorro en el pago de los alquileres. Y recordó que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy también ha considerado recientemente que no tenía ningún sentido la aprobación de esa enmienda.

Lucena recordó que el acuerdo de reducción de alquileres propuesto inicialmente por Aena que ha tumbado el Congreso fue aceptado por el 67% de los inquilinos —más de 90 firmas—, pero la mayoría son pequeños locales comerciales que solo suponen el 13% de los ingresos de Aena por este concepto. Las grandes cadenas, como Dufry y los grupos Areas y SSP —los principales operadores de restauración en aeropuertos como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat— llevaron el asunto a los tribunales, que han suspendido cautelarmente el pago de los alquileres hasta que se dirima el fondo del asunto.

La enmienda introducida en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, obliga a Aena a suprimir las rentas mínimas anuales garantizadas que debían pagar los arrendatarios de entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 —en los meses más duros del confinamiento—, y comprometerse a partir de esa fecha a que ese alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019″.

La norma reduce considerablemente las pretensiones de Aena, que ofreció a los inquilinos un acuerdo por el que se les eximía del pago del alquiler para los tres meses del primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio) y una rebaja del 50% de la renta mínima desde esa fecha hasta septiembre de 2021. A partir del pasado 1 de octubre, ya deben pagar el 100% de las rentas.

Con la enmienda aprobada por el Congreso, tanto unos como otros verán reducida considerablemente la factura del alquiler, ya que el tráfico de pasajeros descendió un 72,4% en 2020 y en el acumulado del presente ejercicio hasta septiembre, la caída es superior al 64% respecto a 2019. Aena ha evaluado en 1.500 millones de euros las pérdidas que le ocasionará la medida parlamentaria.

Respuesta de los locales

En respuesta a Lucena, la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), ha instado “a Aena y al Gobierno, ya que el Estado es el propietario final de la compañía, a que cumplan con la ley, modifiquen los contratos, y reduzcan los precios de los alquileres de acuerdo con el número de pasajeros”. El presidente de la AEOCA, Manuel Zea, considera inaudito que “una empresa pública se niegue a hacer efectiva la aplicación de una ley aprobada en el Parlamento. Zea estima que Aena “está arrastrando los pies para no llevar a cabo la refacturación que le corresponde de los pagos recibidos por la Renta Mínima Anual Garantizada que han abonado los locales comerciales durante 2020 y teme por la viabilidad y los empleos de un 70% de los comercios que operan en los aeropuertos, que son pymes”.