La OCDE aboga por ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida

Con una población con una esperanza de vida cada vez mayor, unos servicios públicos cuyo coste también seguirá al alza y un crecimiento del PIB más flojo a largo plazo, la presión sobre los presupuestos de los gobiernos no dejará de aumentar en las próximas décadas. Algunos países podrán absorber parte de esa tensión aumentando la deuda pública. Pero, ¿y los que ya tienen una deuda muy elevada? Si se quiere evitar al máximo el aumento de impuestos, las vías para estos Estados (entre ellos, España) son otras, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y pasan por aumentar la edad de jubilación, acompasarla al incremento de la esperanza de vida y llevar a cabo reformas estructurales en el mercado laboral.

Según el informe de proyecciones sobre desafíos presupuestarios para los países de la OCDE de aquí a 2060, la pandemia de covid-19 ya ha tenido un gran impacto en la deuda pública: los expertos cifran ese impacto entre 20 y 25 puntos porcentuales del PIB más en 2022 que si no se hubiera sufrido una pandemia global. Pero este impacto directo de la pandemia, prosiguen los autores del nuevo estudio, “palidece” en comparación con las tensiones que surgirán debido al continuado envejecimiento de la población y el aumento del precio relativo de los servicios.

Los autores del documento El juego a largo plazo: las perspectivas presupuestarias para 2060 subrayan la necesidad de reformas estructurales, presentado este martes en París, señalan que si no se realizan reformas importantes, los gastos en sanidad pública y cuidados de largo plazo aumentarán una media de 2,2 puntos porcentuales del PIB entre 2021 y 2060. Los gastos en pensiones, por su parte, añadirán otros 2,8 puntos porcentuales de media, aunque la OCDE señala que en algunos países el impacto será mucho mayor que en aquellos que, como Estonia, Holanda o Portugal ya han “vinculado futuros aumentos [de la edad de jubilación] a las ganancias en esperanza de vida”.

“Sin cambios de políticas, mantener los actuales estándares de servicios y beneficios públicos, a la par que se mantienen los ratios de deuda pública estables a los niveles actuales, provocaría un aumento de la presión presupuestaria de casi 8 puntos porcentuales del PIB entre 2021 y 2060 en promedio en la OCDE y mucho más en algunos países”, advierte el informe. En España llegaría, según una tabla que acompaña al informe, hasta los 13,23 puntos porcentuales del PIB, el tercer país más alto tras Polonia y Eslovaquia.

Ajustes cuando la pandemia esté “domada”

No obstante, un “paquete ambicioso de reformas” que combine reformas laborales tendentes a aumentar la tasa de empleo con reformas para aumentar la edad de jubilación podría “reducir a la mitad la presión” en estos países hasta 2060, añaden. Eso sí, recalcan, cualquier política de ajuste solo debería realizarse cuando la pandemia esté “totalmente domada” y no sean ya necesarias las ayudas para mantener la economía a flote.

Según los autores del informe, una de las prioridades es realizar reformas para acabar con las “vías de jubilación anticipada”. A ello se debería agregar una política de vincular la edad de jubilación efectiva (la edad media de jubilación real) a la esperanza de vida, una propuesta similar al factor de sostenibilidad que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere derogar este año, aunque se ha comprometido a reemplazarlo por un factor de equidad intergeneracional.

Según estiman —aunque subrayan que todo cálculo es meramente orientativo y no debería ser tomado como pauta— aumentar la edad de jubilación efectiva en dos tercios de los futuros incrementos de la esperanza de vida (es decir, si esta aumenta en tres años, esto implicaría retrasar en dos la edad de jubilación), podría aumentar el PIB per cápita en otro 3% de media en la OCDE, que “llegaría hasta el 5-6% en Bélgica, Francia y España”, de acuerdo con el informe. Estas reformas también aportarían dividendos para las cuentas públicas de los países: según el informe, hasta 1,5 puntos porcentuales del PIB, que, en el caso de los países más afectados, como España, podría llegar a entre cuatro y cinco puntos porcentuales.

Estos ajustes deberían combinarse con “reformas estructurales que aumenten las tasas de empleo”, lo que podría conllevar “sustanciosos dividendos presupuestarios”, señala el informe. En un contexto de ralentización del crecimiento de la población global, y hasta en declive en algunos países como en buena parte de Europa, reformas laborales que incrementen la tasa de empleo y alienten “vidas laborales más largas” son consideradas como “particularmente deseables”. Más allá de la reducción presupuestaria que conllevarían, señalan los autores, estas reformas “se alinean bien con el objetivo de ayudar a mujeres y a grupos en desventaja a lograr más empleo”.