Anticorrupción critica el “cierre en falso” de la investigación contra Repsol y CaixaBank en el ‘caso Villarejo’

La Fiscalía Anticorrupción pasa al ataque en la parte del caso Villarejo que se centra en los presuntos encargos de Repsol y CaixaBank al comisario José Manuel Villarejo para espiar a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, con el objetivo de evitar que este se hiciera con el control de la petrolera tras un acuerdo con la mexicana Pemex. El ministerio público, que ha presentado un recurso de 39 páginas contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por terminada esta investigación, califica la iniciativa del magistrado como un “cierre en falso” o “prematuro”. “¿Por qué estas prisas?”, llega a preguntarse la acusación, que ya pidió antes anular las desimputaciones tanto de las dos compañías como del actual presidente de la energética, Antonio Brufau, y del expresidente del banco, Isidro Fainé.

A lo largo de su escrito, fechado el pasado 24 de septiembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, la Fiscalía carga extensamente contra la decisión de concluir las pesquisas: “Estamos ante un auténtico disparate procesal”, afirma Anticorrupción, que repasa el acelerón que experimentó la causa desde julio. El 7 de dicho mes, el ministerio público pidió ampliar el plazo de investigación. Una petición que se aceptó el día 13, cuando se dio luz verde a una prórroga de seis meses. “Casi inmediatamente, por auto de 27 de julio”, continúan los fiscales, “se acordó el sobreseimiento respecto a Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank”, lo que ya provocó que la acusación pública recurriera.

Y a continuación, el 20 de septiembre, tras un mes de agosto inhábil, el magistrado dictó “sorpresivamente” otro auto para dar por acabada la investigación, procesar solo a tres exdirectivos de las compañías —además de al propio comisario y a dos de sus colaboradores— y archivar la causa contra otros cuatro empleados de la petrolera y la entidad financiera. “Eso viene a suponer, no solamente el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción policial y empresarial, sino también una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal”, critica Anticorrupción, que considera que aún quedan pruebas por practicar. De hecho, también tiene recurrida la negativa del juez a ejecutarlas.

“¿Por qué estas prisas cuando por auto de 13 de julio se acordó, como se indicó anteriormente, la prórroga del plazo legal de instrucción de seis meses? No es una pregunta retórica; es una pregunta sin respuesta desde la lógica procesal”, ahonda el ministerio público. En esa línea, por ejemplo, la Fiscalía quiere interrogar a María Jesús Retamosa, directora de auditoría de CaixaBank.

Los indicios contra la cúpula

Anticorrupción aprovecha también este recurso para insistir en que los indicios recabados “obligan a pensar en la necesaria interferencia de altos directivos [de Repsol y CaixaBank], si no de los mismos presidentes”, en la contratación de Villarejo. Así, los fiscales recuerdan la ausencia de contrato escrito con el grupo Cenyt, encabezado por el comisario; las irregularidades en el alta del proveedor; la ocultación en el concepto de las facturas de los servicios realmente prestados; el fraccionamiento de las facturas y pagos; la omisión de participación en el proceso de las mesas de compras; y la desaparición de unos entregables —con los que se documentó los servicios prestados— de los archivos de ambas corporaciones.

La investigación judicial, iniciada en noviembre de 2018, ha concluido que Cenyt recibió en 2011 el encargo de espiar a Del Rivero para “frustrar” el acuerdo que el presidente de la constructora y la mexicana Pemex habían alcanzado para hacerse con cerca de un tercio de las acciones de Repsol y asumir el control de la petrolera española. Para ello, el comisario Villarejo, que entonces estaba en activo en la Policía Nacional, puso en marcha el denominado Proyecto Wine. Según la tesis de García-Castellón, la iniciativa partió de los que entonces eran directores de seguridad de Repsol, Rafael Araújo, y CaixaBank, Miguel Ángel Rancaño; que contaron con la colaboración del tercer exdirectivo procesado, Rafael Girona. La Fiscalía sospecha, en cambio, que la responsabilidad se sitúa más arriba.