La jefa de la UE que intervino el Popular niega que sus declaraciones sobre los problemas del banco provocaran fuga de depósitos

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha reconocido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Popular, que la autoridad tenía indicios desde 2014 sobre los problemas del banco intervenido el 7 de junio de 2017, pero ha negado que sus declaraciones en Bloomberg sobre la vigilancia a la que le estaban sometiendo tuvieran relevancia o afectaran a la fuga de depósitos de la entidad. Su declaración estaba prevista para una hora, pero se ha alargado más de tres, lo que ha provocado el cansancio visible de König, quien lo ha manifestado públicamente en alguna respuesta, según fuentes presentes en la declaración.

El caso se remonta al 13 de mayo de 2017, es decir, 25 días antes de que quebrara el Popular. König participó en un programa en directo de Bloomberg en el que hubo un debate con periodistas sobre bancos que tenían problemas y afirmó: “Por supuesto, el Banco Popular es también uno de los casos que estamos siguiendo de cerca”. La presidenta de la JUR se ha escudado en que no se refería en concreto a la entidad española, sino a varios bancos que el organismo estaba monitorizando en ese momento. Sin embargo además del Popular, no hubo ninguna otra intervención de bancos europeos.

Banco de España: fuga por König

Pese a estas declaraciones, según los peritos del Banco de España, a raíz de estas afirmaciones, que venían a confirmar los rumores del mercado, se produjo una fuerte retirada de los depósitos y una caída de la cotización bursátil. Ambas circunstancias aceleraron el final del banco y la venta por un euro al Santander, que absorbió 2.000 millones de los recursos propios de la entidad.

Preguntada sobre por qué no lo ofrecieron el Popular a bancos europeos, respondió que no se habían interesado por él antes de su quiebra, así que no hubo más subasta que la que quedó desierta a las 23.59 del 6 de junio. Posteriormente, sobre las tres de la madrugada del 7 de junio, llegó la oferta del Santander. También ha dicho que no se vio nunca con ningún directivo del banco presidido por Ana Botín, aunque no ha aclarado por qué el Santander no realizó una oferta en la subasta aunque sí lo hizo tres horas más tarde.

König ha sostenido que la autoridad no tenía prevista ninguna medida en caso de que el Santander no hubiese presentado su oferta, más allá de una turbulenta absorción de los recursos propios y los depósitos internos para intentar salir adelante. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, la presidenta de la JUR dijo que la crisis del Popular fue de liquidez, pero desconocía si también lo fue de solvencia. Preguntada por si podría haber usado el fondo de liquidez de la JUR, dijo que sí, pero que decidieron no hacerlo, sin dar más detalles.

Con quien sí mantuvo un número importante de conversaciones telefónicas fue con Luis de Guindos, entonces ministro de Economía.

Tono exculpatorio

La presidenta de la JUR ha sido acusada por accionistas y bonistas —que perdieron toda su inversión— de infracción del secreto profesional. Además, estas declaraciones se vieron agravadas posteriormente con los comentarios de un funcionario de la UE, filtrados el 31 de mayo por Reuters, que hablaban de la emisión de un aviso especial sobre la entidad que entonces presidía Emilio Saracho. König ha dicho este jueves que investigaron esta filtración, pero que no procedió de la gente de su equipo.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, la jefa de la JUR ha mantenido un tono exculpatorio sobre todas las cuestiones planteadas, amparándose en ocasiones en que el caso está siendo investigado por el Tribunal de Justicia de la UE. También ha provocado malestar en el juez los problemas de traducción, ya que ha declarado en inglés y desde las oficinas de la JUR en Bruselas amparándose en los problemas de la covid. Las dificultades han llegado por la terminología bancaria que no era traducida con precisión, por lo que el magistrado ha pedido que se traduzca por escrito una grabación de sus declaraciones.

Deloitte, dos semanas para hacer un informe

König ha admitido que se vio con Saracho el 12 marzo, al llegar a la presidencia, y que ya le habló de que la salida para el Popular era la entrada de un socio, es decir una venta, o una ampliación de capital. Al parecer, König no ha dicho que el presidente tuviera un plan de negocio para salir adelante de manera independiente.

También ha detallado que se contrató a Deloitte el 20 de mayo para que hiciera el informe de valoración del Popular previo a la intervención, que tuvo que entregar el 5 de junio, es decir, tras solo dos semanas de preparación. Preguntada por si se dio alguna orientación a la consultora sobre el informe que iban a realizar, la presidenta de la JUR ha comentado que a los evaluadores es necesario darles una idea de lo que iba a ser la resolución porque no podían partir de la nada.

En esta causa, Calama investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después, antes de la resolución.

La prolongación de la declaración de König ha provocado que el magistrado aplace la declaración del exdirector de planificación de la resolución de la institución Dominique Laboureix hasta el próximo 14 de octubre. Calama sitúa a Laboureix como el directivo que gestionó directamente la resolución del Popular. Además, su testimonio podría esclarecer cuestiones sustanciales de dicho proceso, así como proporcionar información sobre las filtraciones a la agencia Reuters. Se trata de la segunda vez que se aplaza la declaración del exdirector, que tampoco pudo comparecer ante el juez el pasado 22 de julio.