Todos garantizamos los eurobonos

Hace un año se produjo el gran salto federal europeo: la cumbre de los 27 aprobó un programa fiscal de recuperación económica antipandémica, el Next Generation-EU, por un volumen insólito de 750.000 millones de euros, lo nunca visto, lo nunca imaginado, lo jamás profetizado.

Es cierto que esa cuantía debe medirse con prudencia ante el mayor impulso posterior de los EE UU de Joe Biden, tampoco augurado. Pero la originalidad de la apuesta europea era triple. Porque procedía de una laxa estructura confederal —donde los gobiernos nacionales mantienen vara alta— y no armónicamente federal, como en el rival transatlántico.

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Porque enseguida plantearía inéditos retos de homologación política, pues las normas del plan económico se condicionarían a su buen uso democrático, amenazando con interrumpirlo ante su mal uso por la corrupción ontológica de los gobiernos iliberales —sin control efectivo—, polaco o húngaro, la asignatura actual.

Y porque se vinculaban a inmediatas reformas económicas, la zanahoria incentivadora y no la amenaza de palo del austeritario Pacto de Estabilidad.

La ambición federal del salto estribaba en que se mutualizaba la deuda —los eurobonos— con que financiar los proyectos adscritos al plan. El hecho de que cada uno de los 27 Estados miembros contribuyese con la cuota proporcional a su riqueza, confundió. Muchos creyeron que esa deuda solo se mancomunaba —cada uno sería responsable, en caso de fiasco, solo de la cuantía equivalente a lo que aportaba— y no respondía por el impago de los demás.

John Müller, esforzado comentarista ultraliberal, pero de merecido aprecio personal, enardecía ese desconcierto indicando que “no se ha mutualizado nada”, “ni un solo euro”, que solo era “deuda mancomunada”, que “si en realidad se hubieran mutualizado las deudas todos responderían por los compromisos de todos, pero no es así” (El Mundo, 3-8-2020).

Pues es así: todos garantizan las responsabilidades de todos. Lo sintetiza la sentencia del euroescéptico Tribunal Constitucional alemán (de 15-4-2021, publicada el día 21) al fijar la jerarquía de responsables en honrar la deuda:

1) La decisión “no crea responsabilidades directas para Alemania o su presupuesto federal”; 2) Esa responsabilidad “solo afloraría si las asignaciones autorizadas del presupuesto europeo no fuesen suficientes para que la UE cumpliese con sus obligaciones respecto al endeudamiento”; 3) Y también si la Comisión Europea “no pudiese generar la liquidez necesaria activando otras medidas o la apelación al mercado de capitales”; 4) Para “cubrir el déficit resultante” los Estados miembros son en principio solo responsables “en proporción (pro rata) al ingreso presupuestario de cada uno”; 5) Solo en la eventualidad de que un Estado miembro incumple, en todo o en parte, la llamada a cubrir la financiación necesaria, “la Comisión tendrá el derecho adicional de convocar a los demás Estados miembros”. Y así, escalonado al infinito —”si todos fallan”—, en que cada uno respondería del incumplimiento de todos los demás.

La descripción que efectúa Karslruhe de esas garantías mutuas deriva de la Decisión sobre el Sistema de Recursos Propios (ORD, en inglés) de 14-12-2020, punto 23 y artículo 9: los Estados deben poner “provisionalmente a disposición los recursos en efectivo” cuando los créditos autorizados consignados “no basten para cubrir las obligaciones derivadas de los empréstitos”; la Comisión solo podrá “solicitar fondos en efectivo como último recurso, cuando no le sea posible generar la liquidez necesaria”; y, sobre todo, “en caso de que un Estado miembro no satisfaga a tiempo” su compromiso, podrá efectuar “solicitudes adicionales a otros Estados miembros”.

Siempre en principio sobre “una base prorrateada”, pero que al ir descartando a los no paganos se va ampliando: solo así se entiende que la decisión prevea “establecer un importe máximo” reclamable a cada Estado miembro.

También es cierto que, matizando la labor de Alexander Hamilton, que mutualizó en 1790 las deudas pasadas de los Estados confederados, la Next Generation solo las mutualiza, y en una cuantía previamente fijada, a futuro.

Precisamente por eso, cuando ha transcurrido un año desde la aprobación del plan de recuperación, y a la espera transitoria del ganador/a en las próximas elecciones de la República Federal, han empezado a desatarse las hipótesis de continuidad. Unos reclaman condonar las deudas nacionales, a secas. Algunos prefieren convertir la deuda ya común en perpetua. Otros ampliarían los eurobonos a niveles de ambición más altos y activarían un auténtico Tesoro europeo. La discusión se calienta, pero aún no ha alcanzado el rojo vivo.

Entre otras razones, porque se trufa con el debate sobre las reglas para la consolidación fiscal. Más allá de su posición sobre el viejo Pacto de Estabilidad, enquistado, reformable o flexibilizable, Europa deberá decidir con qué pócimas digiere la inevitable ascensión de su endeudamiento.

Dispone de cinco recetas y sus variantes: la represión financiera (tipos de interés bajos que aligeran su factura a costa del ahorro); la inflación moderada (que modula su carga en el poder adquisitivo, sin agravar demasiado el coste de los bonos públicos); los drásticos recortes del gasto social (vía segura hacia la rebelión social); la reestructuración (impago o quitas parciales), y, sobre todo, el crecimiento económico, que rebaja su peso relativo. Urge acordarlo.