Deontología burocrática pospandémica

La Administración es el brazo ejecutor del, cada vez, más ambicioso catálogo de políticas y servicios públicos, con que el que se intenta dar respuesta a las expansivas demandas sociales, que, además, han crecido de forma exponencial con la pandemia. Como si de la propia curva de contagios se tratase.

Encomendamos a nuestra burocracia la gestión del tratamiento de los enfermos, mientras, a la vez, organiza la logística de la mayor operación de vacunación conocida. O, en el ámbito socioeconómico, debe gastar rápida y eficientemente, para reactivar nuestra economía, en rehabilitación tras el coma que previamente tuvo que inducirle en pos del obligado distanciamiento social, pero, sobre todo, para ese ilusionante objetivo de contribuir a su transformación, a ser posible, antes de 2050.

Ante este escenario, la pregunta es obligada, ¿está preparada nuestra burocracia para este reto? Existen motivos objetivos para la zozobra. Como, por ejemplo, que a día de hoy somos el país con menor porcentaje de ejecución de los Fondos Europeos de Cohesión del Marco 2014-2020. Según el Índice Europeo de Calidad de Gobierno, recientemente actualizado nuestras regiones, salvo excepciones cantábricas, solo estarían por delante de las de Grecia, el sur de Italia y este de Europa. O, para el Banco Mundial, la dificultad burocrática de abrir un negocio en España es superior a la de Colombia o Gabón. De hecho, ocupamos el nada honroso puesto 97. Más halagüeño es el análisis del Foro Económico Mundial, que nos otorga el puesto 28 en calidad institucional, dentro de su Índice de Competitividad Global.

Por todo ello, la reforma de nuestra Administración se torna en cuasi condición necesaria previa para otras ensoñadas revoluciones, como la verde o la digital. Sin la primera, las segundas corren el riesgo de convertirse en fallidas intentonas golpistas.

Necesitamos una burocracia de deontología más consecuencialista, para lo que podrían ser útiles las siguientes pautas no excluyentes:

1. Naturalismo normativo: la exigencia y complejidad del marco normativo económico debe venir definida, además de por los principios de necesidad y proporcionalidad, por la capacidad real de cada administración. Una sobre regulación del primero, por encima de la eficacia de la segunda, asfixiará la actividad económica, atascando, sine die, expedientes y procedimientos y ahuyentando las inversiones hacia otros territorios. Ante este dilema, la administración debe transitar hacia la regulación básica, renunciando a exuberancias normativas, por bienintencionadas que fuesen.

2. Reingeniería de procesos administrativos: los procedimientos administrativos deben estar sometidos a una continua revisión simplificadora por los funcionarios que los tramitan, contando con asesoramiento experto. Ningún centro administrativo debe puede eximirse de esta labor, menos aún los que soportan el mayor peso tramitador, como medio ambiente o urbanismo. En caso contrario, se corre el riesgo de generar un embudo burocrático, en el que el cuello lo definen los mecanismos de intervención generalistas que se excluyan de la simplificación.

3. Tras simplificar, digitalizar: los administrados deben disfrutar del mismo nivel de trazabilidad digital en sus relaciones con la Administración, que en sus compras online. Pero esa digitalización debe hacerse de forma ordenada, con estándares y protocolos comunes europeos, que permitan el uso compartido de los datos en tiempo real entre administraciones. Materia prima necesaria para una mayor inteligencia de gobierno y una efectiva cultura de Evaluación de Políticas Públicas.

4. Gobierno inteligente: con la digitalización, la inteligencia artificial y la robotización en la resolución de los procedimientos nos deben llevar a una administración más objetiva, basada en criterios cuantitativos y, por tanto, menos discrecional. La discrecionalidad, en el escenario más favorable, dilata los plazos administrativos e incrementa la incertidumbre, cuando el resultado del trámite depende sensiblemente de la interpretación del funcionario asignado.

5. Fast track: una verdadera Administración 2.0 debe ser neutral, es decir, debe ofrecer la máxima velocidad de tramitación a cualquier operador económico, independientemente de su tamaño. Pero, en su versión 1.0, la actual, grandes proyectos inversores, que estén sujetos a estrictos calendarios que comprometan su viabilidad (como los financiados por el Next GenerationEU o las inversiones derivadas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), deben contar con mecanismos de aceleración administrativa propios, como, por ejemplo, las Declaraciones de Inversiones de Interés Estratégico o Autonómico.

6. Menos apriorismos: la autorización, que frecuentemente se demora en el tiempo, no garantiza evitar futuros resultados indeseados. La Administración debe promover la declaración responsable como un signo de madurez en sus relaciones con los administrados, a la vez que aumenta su capacidad vigilante inspectora sobre cualquier posible externalidad negativa.

A estos elementos se podrían sumar otros, como promover una institución funcionarial más abierta y socialmente inclusiva, con instrumentos financieros equivalentes a los de formación del personal investigador. A la vez que se mejora el diseño del sistema de incentivos y retribuciones variables, que abandone el mito stajanovista de la auto motivación a largo plazo, troppo bello per essere vero. Todo ello sin olvidarse, de potenciar una mayor cooperación entre administraciones, aprovechando la experiencia acumulada en estos semestres pandémicos.

La tarea es abrumadora. Pero, frente a otras grandes reformas procrastinadas (laboral, financiación autonómica o pensiones), la de la Administración está más alejada de la primera línea de conflicto político, lo que aumenta la probabilidad de conseguir acuerdos parlamentarios transversales. Además, varias de estas propuestas, cuentan con el nihil obstat de Bruselas, siendo elegibles para su financiación con fondos europeos.

Una Administración actualizada, más proactiva, eficiente y respetuosa con sus plazos, antitética de la del “vuelva usted mañana”, contribuiría a alumbrar un verdadero cambio social, robusteciendo los lazos entre la ciudadanía y sus instituciones.

José Ignacio Castillo Manzano es secretario general de Economía de la Junta de Andalucía y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.