Volkswagen anuncia una fábrica de baterías en España tras aprobar el Gobierno su plan de ayudas al coche eléctrico
El Consejo de Ministros aprueba el primer PERTE, con una inversión pública de 4.295 millones, para impulsar la transformación del sector de la automoción
El grupo Volkswagen, en el que se integra la firma española Seat, ha anunciado este martes que pretende instalar en España su tercera fábrica de baterías para coches eléctricos, tras las que ya anunció para Alemania y Suecia. Este anuncio coincide con la aprobación, en el Consejo de Ministros, del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que ha acordado el Gobierno para impulsar la transformación del sector hacia el modelo eléctrico y conectado. El grupo automovilístico ha confirmado que solicitará participar en el proyecto, cuya inversión pública es clave para la fábrica de baterías, pero no ha especificado en qué comunidad autónoma se instalará la planta.
El Gobierno ha aprobado este martes el primer gran proyecto estratégico para aprovechar los fondos europeos de recuperación, y las primeras respuestas empresariales no han tardado en llegar. El primer PERTE —el instrumento que permitirá acogerse de forma más eficiente a los fondos Next Generation de la UE— está destinado al impulso de la transformación del sector de la automoción. Incluye una inyección pública de 4.295 millones de euros que atraerá, según las estimaciones del Ejecutivo, una inversión privada de 19.700 millones. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha calificado el plan como “histórico”. “Es la primera vez que el Gobierno impulsa la transformación del sector. España tiene que liderar el cambio en la movilidad, queremos ser parte de esta revolución”, ha dicho.
Entre los requisitos para poder optar al PERTE, destaca que las candidaturas deberán incluir al menos cinco empresas de dos comunidades autónomas e instalar una fábrica de baterías. De ahí la trascendencia del anuncio hecho por el consejero delegado del grupo de automoción, Herbert Diess, que este martes ha presentado el proyecto Future: Fast Forward (Futuro: hacia delante), la hoja de ruta de Volkswagen hasta 2030. La ubicación de una fábrica de baterías en España era muy esperada por el sector, aunque todavía está por ver dónde se instalará. Varias comunidades autónomas han reclamado esta fábrica para su territorio. El grupo Volkswagen tiene dos plantas en España —la de Seat en Martorell (Barcelona), y la de la marca Volkswagen en Landaben (Navarra)—, alineadas en un corredor en el que se espera que se instale la producción de baterías.
El grupo Volkswagen ha destacado, en un comunicado, que sus intenciones en España están muy ligadas al PERTE aprobado por el Gobierno. El objetivo del grupo es “establecer un hub [centro de operaciones] de movilidad eléctrica en España” y convertir el país en “un pilar estratégico de los planes globales de electrificación” de Volkswagen. En este sentido, solicitarán participar en el PERTE, cuyas primeras convocatorias saldrán en octubre, y se empezarán a aprobar proyectos concretos en febrero. “Estamos dispuestos a establecer toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica en el país, incluida la producción de vehículos eléctricos, así como sus componentes, y una nueva fábrica de baterías del grupo”, ha dicho Diess. La tercera “gigafábrica” del grupo, como la han bautizado sus responsables, “permitiría un suministro altamente seguro para la producción de vehículos eléctricos prevista en el país”, ha dicho Thomas Schmall, presidente del consejo de administración de Seat.
La fábrica de baterías es indispensable para que se empiecen a fabricar coches eléctricos en España. La planta de Seat en Martorell quiere ser la gran aliada de Volkswagen para este objetivo, que el grupo sitúa a partir de 2025. Ese año, según ha anunciado Diess, se empezará a fabricar una familia de coches eléctricos urbanos, llamados Small BEV. Esta tarea podría recaer en España, y en el comunicado de Volkswagen se detalla que la decisión final se tomará “dependiendo del contexto general y del apoyo por parte del sector público”. En el evento para presentar la hoja de ruta hasta 2030 también ha participado el presidente de Seat, Wayne Griffiths, quien ha reiterado el objetivo de convertir la planta de Martorell en una fábrica de vehículos 100% eléctricos. El objetivo del grupo Volkswagen es que en 2030 los vehículos eléctricos representen el 50% de sus ventas en el mundo.
La composición del PERTE
El plan para la transformación del sector, según ha explicado Maroto, tiene dos ejes. Uno es la transformación de la cadena de valor industrial. “Vamos a invertir más de 3.000 millones de euros para que nuestras fábricas puedan hacer modelos eléctricos”, ha expuesto la ministra. En este bloque entra la instalación de fábricas de baterías. El segundo bloque es invertir en medidas facilitadoras para democratizar la compra de estos vehículos. Esto se hará mediante los planes Moves III y Moves Singulares, para la ayuda a la compra de coches eléctricos; un plan para regular el servicio de puntos de recarga de los vehículos; la ley de cambio climático; un plan de formación profesional para dotar de profesionales a esta nueva etapa en el sector; y el despliegue de la tecnología 5G, clave para el coche conectado.
Con este plan, el Gobierno prevé un impacto en la generación de empleo y en la dinamización del mercado del vehículo eléctrico. La ministra Maroto ha asegurado que en 2023, cuando se complete el periodo de aplicación del PERTE, habrá 250.000 vehículos eléctricos matriculados. En 2019, antes de la pandemia, se matricularon 10.047 turismos de este tipo. “Los hitos son ambiciosos, pero es nuestro deber, porque la pandemia ha acelerado los cambios, y porque nos lo pide nuestra sociedad y nuestro tejido empresarial”, ha destacado la ministra.
El Gobierno ha organizado la gestión de las distintas candidaturas para participar en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado en agrupaciones empresariales en las que al menos han de participar cinco empresas de un mínimo de dos comunidades autónomas. El 40% del peso empresarial ha de ser pymes y ha de contar también con alguna entidad centrada en la investigación. Además de incluir el diseño y fabricación de vehículos eléctricos, cada proyecto deberá disponer de instalaciones para la fabricación de celdas de baterías (de momento no hay ninguna en marcha en España y son una prioridad para la Unión Europea), que solo será una excepción para aquellos planes que tengan como eje la movilidad basada en el hidrógeno. Como elementos complementarios al proyecto se tendrán en cuenta otros factores como la inclusión de proyectos de microconectividad y sistemas de recarga. El objetivo es asegurar toda la cadena de valor, si bien quedará excluida de las ayudas la extracción minera del litio.
El Ministerio de Industria no descarta incluir en el PERTE más de un proyecto que aúne una factoría de pilas de combustible. De momento, además del grupo Volkswagen, hay un proyecto presentado, el extremeño, y otro avanzado en Valencia. Se ha descartado fijar una cuantía mínima de subvenciones a un único proyecto. El Ejecutivo considera que los casi 3.000 millones de euros que se destinarán a fondo perdido, recursos procedentes de los Next Generation EU, permitirán integrar diferentes planteamientos empresariales. De ahí que sus estimaciones señalen una generación de empleo de hasta 140.000 puestos y una aportación económica equivalente a entre un 1% y un 1,7% del PIB.
El PERTE acumula retrasos. Su aprobación ha tardado más semanas de lo previsto inicialmente y ahora ya se prevé que la convocatoria definitiva esté lista en octubre, para acabar resolviendo el proceso de concurrencia competitiva a partir del mes de febrero. Industria quiere que sus planes tengan un efecto llamada para las marcas con presencia fabril en España para que asignen el ensamblaje de nuevos vehículos eléctricos e híbridos a esas factorías.
Además del manguerazo de ayudas, el Gobierno mantiene su opción de tener una participación minoritaria en los consorcios que incluyan gigafactorías. No se busca tanto el control, ni la decisión sobre la ubicación de estas —la idea es que sea el socio industrial especializado en la fabricación—, sino la de ofrecer una imagen de compromiso a los inversores del Estado.
La decisión final sobre qué integra este primer PERTE dependerá de una mesa interdepartamental en la que participarán todos los ministerios afectados. La ministra de Industria, Reyes Maroto, será la presidenta del organismo de gobernanza, si bien el día a día recaerá en un coordinador conocido y respetado en el sector de la automoción. Este tendrá sobre todo trabajo en Bruselas, donde deberá intermediar con la Comisión Europea ante los problemas de gestión que pueda tener el PERTE. En paralelo a la mesa gubernamental, tendrá voz la mesa de la automoción integrada por comunidades autónomas, patronales y sindicatos, si bien hasta ahora esta apenas se ha reunido.
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