Bruselas relanza sus planes para que las multinacionales paguen más impuestos en la UE

El Ejecutivo comunitario lanza otra intentona para tapar los agujeros fiscales en la UE, que cada año le cuestan hasta 166.000 millones de euros. La Comisión Europea confía en un acuerdo en el marco de la OCDE sobre un impuesto mínimo de sociedades para proponer una nueva fórmula que armonice por fin ese tributo en 2023 y poner sobre la mesa una reformulada tasa Google. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, prometió una “actuación decidida” por parte de Bruselas, cuyos proyectos para acabar con la competencia fiscal dentro de la UE se topan con la oposición rotunda de Irlanda o Luxemburgo.

La Comisión Europea vuelve a la carga con la vieja ambición de armonizar el impuesto de sociedades en Europa. Bruselas se fijó este martes una nueva hoja de ruta sobre fiscalidad que empezará este año con una propuesta legislativa para poner coto a las empresas fantasma y que culminará en 2023 con una nueva oferta para armonizar la tributación de las multinacionales. A pesar de que no avanzó detalles sobre el nuevo proyecto, fuentes comunitarias explicaron que se basará en una base común mínima y en la redistribución de los actuales ingresos entre países.

Esta será la cuarta vez que la Comisión trata de poner fin a la competencia fiscal entre Estados miembros. Ahora, socios como Irlanda o Luxemburgo se oponen a homogeneizar tributos como la tasa Google con el argumento de que esos impuestos deben reformarse a escala global, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y no de la UE. La nueva agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, amenaza con dejarles sin razones, puesto que Washington ha anunciado ya su interés en imponer un tipo mínimo mundial en sociedades. “Ahora tenemos una tremenda oportunidad en el terreno internacional”, sostiene un funcionario europeo.

Los trabajos en la OCDE, que cuentan ya con un cierto acuerdo técnico, avanzan en dos frentes. El llamado “pilar 1” busca adaptar la fiscalidad a los modelos de negocio actuales para que se tribute allí donde se hace negocio y no donde está la sede. El segundo, trata de crear un tipo impositivo mínimo para las multinacionales. Bruselas quiere aprovechar el impulso que pueda dar ese acuerdo, que espera que se cierre este año, para proponer dos directivas que permitan aplicar casi de inmediato esos dos principios en la UE. Gentiloni afirmó ser “optimista” con la consecución de un pacto en la OCDE. Y si bien dijo que la viabilidad de la propuesta europea no se fía por completo a ese acuerdo, sí admitió que sellarlo permitiría “darle un impulso de una forma extraordinaria”.

Bruselas ve injustificable la pérdida de impuestos —entre 35.000 y 76.000 millones solo en sociedades— por la evasión. Menos si esta se produce por cauces legales. La Comisión, además, ve más urgente alcanzar un acuerdo para gravar la actividad de las multinacionales ante los varapalos que recibe del Tribunal de Justicia de la UE, que ha tumbado sus decisiones para que Starbucks, Amazon o Apple devolvieran ayudas de Estado que consideraba ilegales.

Sin embargo, Bruselas se ha dado siempre de bruces contra la unanimidad que requieren los asuntos fiscales entre los 27 socios. Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre y Países Bajos suelen rechazar cualquier intento de armonización. “Todas estas propuestas tan ambiciosas pueden quedar en papel mojado si no pueden ponerse en práctica, como ha pasado en el pasado con muchas de las principales iniciativas sobre justicia fiscal”, advierte el diputado de Los Verdes Ernest Urtasun.

Para lanzar la nueva propuesta sobre sociedades —bautizada con el nombre de Befit— la Comisión retirará las iniciativas pendientes. La nueva oferta será, según la comunicación aprobada este martes, “un reglamento único sobre los impuestos empresariales en la UE”, basado en una base imponible común y una redistribución de los ingresos fiscales entre los Estados miembros de acuerdo con una fórmula todavía por concretar. Según fuentes comunitarias, solo estarán sujetos a ese tributo las empresas que operen en más de un país del bloque.

Más tasas ambientales

Los nuevos acuerdos en el marco de la OCDE también supondrán que la UE reformule su propuesta para una tasa digital, impulsada en 2018 y rechazada por Finlandia, Suecia e Irlanda. “En julio presentaremos una propuesta que será muy diferente de la de 2018”, aseguraron fuentes comunitarias.

La Comisión también quiere que el sistema tributario se adapte a los grandes objetivos europeos, en particular a las transiciones verde y digital. Ahora el 50% de los ingresos fiscales de los 27 socios procede de los impuestos sobre el trabajo, incluidas las contribuciones sociales. La otra mitad de la cesta está compuesta por el IVA (15%) y tasas medioambientales (6%), sobre la propiedad (5%) y sobre beneficios empresariales (7%). Bruselas ve poco recorrido en la imposición sobre los salarios por el envejecimiento de la población, y cree que los tipos sobre el IVA están ya en máximos históricos.

A pesar de ser una competencia nacional, la Comisión sugirió el camino que deberían seguir los países: impuestos medioambientales y sobre la salud (tabaco y alcohol), una fiscalidad sobre el capital que sea justa y una tasa digital que asegure que “esas compañías” contribuyen “con su parte” a la sociedad.