Alargar el puente

El debate de política económica en España en las últimas semanas se ha centrado en la conveniencia o no de ayudas directas a empresas, asunto ampliamente superado en la mayoría de los países de nuestro entorno que las emplean con frecuencia. En la UE, el Marco Temporal de las ayudas de Estado es la referencia legal. España aparece en la cola de los países que han empleado esa facilidad. Sin embargo, es estéril seguir únicamente insistiendo que hemos llegado tarde en apoyos directos a hostelería, turismo y comercio. Es el momento de maximizar su eficacia, una vez el Gobierno, al parecer, aprobará un paquete de 11.000 millones en el Consejo de Ministros de hoy. Las empresas están teniendo problemas de ingresos. Cualquier medida, a estas alturas, debe ser para reforzarlos, para “alargar el puente” hasta que llegue la ansiada salida de la crisis.

Vista la magnitud de las dificultades, el paquete puede quedarse pequeño. Habría que intentar aumentarlo en recursos. Sobre todo, si no llega una recuperación intensa en verano. Los problemas de consolidación fiscal de nuestro país limitan los recursos disponibles. Según el Banco de España, en diciembre de 2020 –hace ya tres meses– el 18% de las empresas españolas estaban en situación de insolvencia. Sus previsiones de ingresos no cubrían sus deudas aunque la mitad de esas compañías era recuperable y viable.

Con seguridad, el coste fiscal de perder un 18% del tejido empresarial es mayor que el de apoyar a esas empresas. Al final de la pandemia, o sea de ese puente, finalizarán los ERTE. Eso debilitará aún más la posición financiera empresarial. Hay que llegar al punto donde las expectativas positivas y el crecimiento vuelvan. No nos podemos quedar a unos meses de la orilla. De momento, esta es una crisis empresarial. Se han creado sistemas de protección personal y familiar que, aunque no pueden ser infinitos, han contribuido a evitar lo peor en lo social. Sustentar a la empresa ahora es apoyar el empleo y a las personas también en el futuro. Parece haberse entendido mejor en otros países que en España.

Tres son las vías, al parecer, para canalizar los fondos, cuya diversidad debería aumentar su eficacia, con matices. La primera, ayudas directas a través de las comunidades autónomas, que son las que determinan restricciones a los sectores afectados y conocen mejor a sus empresas, aunque puede dar lugar a agravios comparativos entre regiones. El segundo canal es la reestructuración de los más de 120.400 millones de euros en créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un 98% a pymes y autónomos. Hay que evitar, en todo caso, soluciones dramáticas, como las quitas. El tercero, la recapitalización de las empresas medianas, donde deberían priorizarse figuras como los préstamos participativos –ya puestos en práctica en agencias como el Instituto Valenciano de Finanzas–, que permiten detectar empresas viables con la participación de intermediarios financieros. Hoy se lanzan las ayudas directas en nuestro país –buena noticia– pero quedará mucho por hacer en materia de mayores recursos y de gestión en los próximos meses.