La Audiencia obliga al BBVA a aportar los correos de su exdirectivo Antonio Béjar

Duro revés para el BBVA y para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que lleva el caso Villarejo-BBVA.

Un auto la sección tercera de la sala de lo Penal ha revocado la decisión del juez, que en diciembre pasado rechazó conceder el acceso a los correos de Antonio Béjar en el BBVA y en su participada, Distrito Castellana Norte, de la que fue presidente hasta su imputación en el caso. El BBVA, que despidió fulminantemente al ejecutivo tras iniciar una investigación interna en el banco, también se opuso y el procedimiento contra Béjar se llevó a cabo con los documentos que seleccionó la entidad y sin que el acusado pudiera acceder a toda la documentación que reclamaba, que estaba en manos del banco. La entidad acusó al exdirectivo de ser la persona que contactó y negoció con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pese a ocupar un cuarto puesto en el escalafón directivo. La Fiscalía Anticorrupción también apoyó la petición de Béjar por entender que era necesario para su defensa.

La sala ahora atiende el recurso del exdirectivo y acuerdan el acceso a los correos corporativos de BBVA, excluyendo lo irrelevante.

“Acusado por el material aportado por el banco”

El exdirectivo solicitó asimismo las agendas de sus secretarias en ambas etapas. En su recurso de apelación, Béjar insistía en que no fue hasta febrero de 2020, coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, cuando conoció “que su incriminación deriva de mensajes en su cuenta de correo electrónico corporativa, de la que solamente se ha aportado parte de la información”. La entidad reiteró que incorporar tal información afectaría a sus derechos e intereses, “implicando secretos de empresas y derechos de terceros ajenos al procedimiento”.

Tras esta oposición, Béjar modificó su pretensión inicial en dos escritos, el último de los cuales limitó la solicitud en lo referente a sus cuentas de correo corporativo en BBVA a las comunicaciones mantenidas con determinadas personas.

Ahora la sala recuerda que si el exdirectivo está siendo investigado ha sido “en virtud de un material probatorio traído al proceso” por el banco. Entienden así que no puede cuestionarse “la pertinencia, utilidad y necesidad” de la petición de Béjar, que “consiste en darle acceso al conjunto del que se realizaron las extracciones (...) puede poner en su contexto los indicios y tener como resultado, bien su confirmación, bien su desvanecimiento”.

La “operación Trampa”, que implica a González

La “operación Trampa”, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el BBVA habría al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto de la entidad como de Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano, y Béjar, como exresponsable de riesgos.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos. En el auto del levantamiento del secreto, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una “reiterada injerencia” en los derechos de las personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria”.