Escrivá critica a Guindos por asegurar que condonar deuda pública es “ilegal”

La polémica por la propuesta de que el Banco Central Europeo (BCE) cancele la deuda que atesora de los países de la unión monetaria, lanzada el viernes en EL PAÍS por un centenar de economistas, sigue trayendo cola. La respuesta negativa del BCE fue contundente. El español Luis de Guindos, vicepresidente del organismo, fue el encargado de dar la respuesta oficial: “La cancelación de la deuda es ilegal según los tratados. Pero no es solo una cuestión legal. Es que no tiene ningún sentido económico o financiero”. Unas palabras que no han sentado bien a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, que lanzó una crítica ácida en su cuenta de Twitter: “Eso me suscita la palabra hipocresía al recordar que el 30% de la deuda pública del euro está en sus bancos centrales”, ha dicho el ministro.

Las palabras de Guindos están en línea con los mensajes lanzados por el organismo antes y después de la publicación de la tribuna firmada el viernes por economistas como Thomas Piketty, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez. Desde entonces, el BCE se ha desplegado para insistir en que lo considera ilegal y contraproducente. Además, algunos economistas temen que, si este debate se instalara en el radar de los gobiernos, haría repensar a los países del norte el sí a regañadientes que han dado a las políticas más ambiciosas para luchar contra la crisis de la covid.

Pese a ello, Escrivá defiende el debate que por el momento el banco central rechaza de plano. José Manuel González-Páramo, antiguo miembro del Consejo de Gobierno del BCE, sostenía hace unos días en EL PAÍS que esta medida sería “legalmente imposible, políticamente disruptiva y muy dudosa en sus efectos”. Aunque admitía que la propuesta era “técnicamente posible”. Es decir, se podría llevar a cabo, pero conllevaría daños para la construcción europea. “La UE ha conseguido generar confianza para emitir deuda solidaria. Algo así haría saltar esa confianza por los aires”, añadía González-Páramo.

El asunto es algo recurrente que genera un profundo rechazo en el organismo. Además, no es la primera vez que un alto representante del Banco Central Europeo tiene que salir a la palestra para zanjarlo. “El artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe al BCE financiar los Presupuestos de los Estados. Así de puro y simple. Y la cancelación de la deuda sería exactamente eso. Vulnerar los tratados no está en mi hoja de ruta”, aseguraba en octubre a Le Monde la presidenta del eurobanco, Christine Lagarde. “La respuesta simple es que no podemos cancelar deuda porque los tratados no lo permiten. Pero, a pesar de los aspectos legales, cancelar la deuda no sería una buena idea en general”, abundaba hace unos días el economista jefe del organismo, Philip Lane.

Guindos, por su parte, ha asegurado además que condonar la deuda en el balance del banco central implicaría dificultades para que el BCE mantuviera el flujo de dividendos que paga a los Tesoros nacionales, por lo que la condonación de la deuda acabaría afectando a los dividendos que obtienen los gobiernos. Pero ese no sería el único problema. Porque un impago implicaría un daño a la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales, asegura Guindos.

Otros economistas son menos taxativos a la hora de rechazar la idea. Eso sí, tampoco defienden la condonación de deuda. Ejemplo de ello es Paul de Grauwe, profesor en la London School of Economics: “Mientras la deuda pública continúe en el balance del BCE es como si esos bonos no existieran. El problema vendrá en el futuro, si el BCE vende esos títulos para evitar que la inflación supere el 2%”, explica por correo electrónico. Para De Grauwe, el problema no es condonar o no la deuda, sino que el BCE permita más inflación en el futuro, reduciendo así el valor real de la deuda. ¿Quién acabaría pagando por todo en ese caso? “Los inversores que fueron lo suficientemente estúpidos como para comprar deuda a 10 años con intereses cero o negativos”, responde.

Los firmantes del manifiesto, sin embargo, defienden la necesidad de abrir el debate. “Es una propuesta discutible. Pero pone la puntilla a la lógica del austericidio. ¿De verdad se piensa que la deuda avalada por el ICO para pymes y autónomos por la pandemia se devolverá? La primera ayuda directa sería esa”, asegura Jordi Sevilla, exministro socialista y uno de los economistas que acompañan a Piketty en esta batalla ideológica.