Hacienda recurre a las nuevas tecnologías para perseguir a los españoles que simulan vivir en el extranjero

Hacienda estrechará el cerco sobre los contribuyentes que dicen vivir en el extranjero. Y lo hará a través de una de las tecnologías más en boga: el big data. Así se desprende del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2021, cuyas directrices generales se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Agencia Tributaria utilizará el tratamiento masivo de datos para comprobar que los españoles que dicen haberse ido de España de verdad tienen residencia fiscal en el extranjero.

La publicación de las directrices de la Agencia llega en plena polémica sobre el traslado de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. El Rubius ha sido el último influencer en anunciar que se mudará al microestado, hasta hace unos años considerado un paraíso fiscal tanto para España como para varios organismos internacionales por su secretismo bancario. Aunque el creador de contenido digital aseguró que la decisión de mudarse no tiene que ver con el dinero, también añadió que la imposición fiscal más laxa que tiene Andorra supone para él “un plus”.

Hacienda subraya que “las especiales características” de los contribuyentes más acaudalados, que más capacidad tienen y más uso hacen de la ingeniería fiscal, “requieren el uso de mecanismos de análisis sofisticado para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios”. Por ello, la Agencia Tributaria ha venido desarrollando herramientas informáticas específicas, basadas en el procesamiento del big data, para “determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias”. En otras palabras: comprobar si de verdad un contribuyente vive en el extranjero y no tiene que tributar en España.

Para cambiar la residencia fiscal no solo es necesario vivir más de 183 días (la mitad del año) en el extranjero. La normativa que regula el impuesto sobre la renta también tiene en cuenta dónde está el centro de intereses económicos relevante y operativo ―por ejemplo, la sede de la empresa donde el contribuyente sea titular, las cuentas bancarias, etcétera...―, y las relaciones familiares más cercanas.

Hacienda asegura que el resultado de las comprobaciones realizadas a través del uso masivo de datos se plasmará en el desarrollo de expedientes de comprobación que se iniciarán en 2021. “Los análisis desarrollados a través de esta nueva herramienta facilitan a la inspección tributaria la ejecución de las tareas necesarias para conocer de una forma ágil y eficiente los indicios de residencia, lo que permitirá intensificar durante este ejercicio las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados que dispongan de un nivel relevante de patrimonio o de renta”, aclara el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado para este año.

Vigilancia de los negocios menos golpeados por la crisis

La pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas para limitar los contagios han supuesto un varapalo para la actividad económica, que sin embargo no han castigado por igual a todos los negocios. Mientras que sectores como el turismo o la hostelería han encajado el mayor golpe, otras actividades, muchas de ellas digitales, han resistido al vendaval e incluso han mejorado su desempeño. Y es ahí donde Hacienda quiere poner la lupa.

El plan de control tributario señala que la Agencia prevé evaluar “con un mayor nivel de prioridad” aquellas actividades de multinacionales y grandes empresas que han sido menos perjudicadas por la crisis desatada por la covid-19. Aunque no ofrezca una lista detallada de los sectores sobre los cuales pretende estrechar el cerco, sí menciona expresamente el negocio digital: “Especialmente en este 2021, la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que, en el contexto actual, puedan presentar un mayor riesgo tributario”.

Hacienda señala que estas comprobaciones irán dirigidas a averiguar que los gastos financieros deducidos por las sociedades que tributan como grupo sean correctos, y que se verifiquen los pagos de intereses y dividendos. Añade, además, que a lo largo de este año se llevará a cabo “un número significativo de controles multilaterales” dentro de la UE para analizar los pagos intragrupo por cesión de intangibles, y se finalizará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia, que se verá reforzado gracias a la implementación de la directiva DAC 6 que obliga a los intermediarios a informar sobre la planificación fiscal agresiva.

Asimismo, la Agencia Tributaria reforzará en 2021 las medidas para controlar la actividad realizada a través del comercio electrónico, que ha vivido un empujón desde la declaración del primer estado de alarma en marzo del año pasado. En este sentido, Hacienda señala que la tasa Google puede ayudar a determinar el alcance real de la actividad de las grandes plataformas digitales. Este impuesto, que entró en vigor el pasado 16 de enero, carece aún del desarrollo normativo para que de facto sea recaudado. Por ello, el Gobierno ha decidido aplazar al segundo trimestre la primera liquidación.

“Ello no debe impedir que se continúe efectuando la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del conjunto de los contribuyentes”, puntualiza el documento, “bien porque individualmente hayan logrado mantener su situación económica con mejor éxito que sus directos competidores, bien porque los riesgos antiguos que arrastran aconsejan la realización de las actuaciones de comprobación”.