De la tormenta perfecta a la justicia energética

Noches a 20 grados bajo cero. Puede que parezca exagerado, pero ha ocurrido hace tan solo unos días en algunos puntos de España. Pese a no haber acabado el mes de enero, en este 2021, en el que desde el principio todo parece histórico, nuestro país ha enfrentado ya las temperaturas más gélidas de los últimos 20 años. La borrasca Filomena nos recuerda a nivel nacional que el mundo enfrenta dos pandemias simultáneas y que una de ellas, el cambio climático, provoca un clima extremo y peligroso. Un peligro que ataca antes a los más vulnerables, pero que nos afecta a todos.

Junto con la nieve y las heladas, Filomena trajo también una subida de aproximadamente el 27% en el precio de la electricidad respecto al mismo periodo del año anterior. Una parte de la explicación está relacionada con la creciente importancia que tienen las energías renovables en la producción energética. Parece una paradoja pensar que las mismas fuentes que reducen los efectos del cambio climático, formen parte de la ecuación que obliga a muchos a sufrir sus consecuencias más duramente. La explicación es que para reducir las emisiones de CO₂, los países tienen que invertir y aumentar la aportación de las energías renovables, pero cuando la contribución de este tipo de fuentes disminuye es preciso recurrir a otras más caras para mantener el suministro. Sin embargo, aunque es probable que tengamos que acostumbrarnos a tener picos de precios en determinados momentos, las inversiones en renovables no pueden condicionar el bienestar social, puesto que acabarían enemistando a la ciudadanía con las políticas en favor de la sostenibilidad.

En 2019, el 7% de los españoles pasó frío en invierno y el 6% sufrió retrasos en el pago de la factura de la luz o de la calefacción. No todos pueden permitirse mantener la casa a 21 grados y en un invierno como éste es probable que las cifras suban en 2021. Sin embargo, esta tormenta perfecta no debe condicionar la transición energética, que está llamada a ser un proceso de cambio a largo plazo, estructural e integrador. Para ello, la Administración debe poner a aquellos ciudadanos en situación de pobreza energética en el centro de la transformación.

Instalar ventanas de doble acristalamiento, o aislar las paredes exteriores, es un coste que puede ser difícil de asumir para personas con ingresos bajos o medios. Este es el caso, por ejemplo, de muchos pensionistas, que no pueden afrontar la inversión de mejorar la eficiencia energética de sus casas. En cambio, tienen un activo de gran valor con el que podrían avalar estos gastos: sus hogares. Más del 80% de las familias españolas formadas por personas mayores de 65 años tiene una vivienda en propiedad. Una opción es que la Administración sufragara el coste de esas inversiones mediante préstamos a devolver cuando la vivienda se traspase o se venda en el futuro. Así el parque de viviendas usadas tendría una adaptación energética progresiva y nuestros mayores ganarían en calidad de vida sin coste para el contribuyente.

Por otro lado, invertir en eficiencia reduce la demanda de energía, pero no la elimina. Para reducir la factura de la luz, algunos ciudadanos han optado por la instalación de placas fotovoltaicas en las casas. Sin embargo, no todos los tejados son aptos para ello y es una tecnología costosa para muchos ciudadanos. Para conseguir una transición justa hacia la energía renovable podemos mirar hacia abajo en lugar de hacia arriba. La inversión en energía fotovoltaica a gran escala necesita espacio y las entidades públicas son dueñas de terrenos donde podrían instalarse estas placas. De esta forma, ayuntamientos y autonomías trabajarían con empresas de instalación y manejo de parques solares y los beneficios de vender esa energía, o de licitar suelo público, permitirían subsidiar la factura de la luz a ciudadanos con menos recursos, o mejorar la eficiencia de edificios en áreas vulnerables.

El clamor contra la subida del precio de la electricidad en España, o las protestas de los chalecos amarillos en Francia, muestran que las políticas contra el cambio climático están relacionadas con áreas sensibles de la sociedad y requieren apoyo mayoritario para que sean realmente efectivas. Para conseguirlo es necesario que las oportunidades que brinda la transición energética nos beneficien a todos, y sobre todo a los que menos tienen. La desigualdad impide el desarrollo sostenible y el éxito de la lucha contra el cambio climático depende de nuestra capacidad para revertirla.

Óscar Guinea es economista en el ‘think tank’ European Centre for International Political Economy. Isabel Pérez del Puerto es periodista y comunicadora en finanzas para el desarrollo.