Arrestado en Alicante un matrimonio de recolectores de fruta que explotaba a sus nueve temporeros

Una pelea entre temporeros de una misma cuadrilla ha desembocado en el arresto de un matrimonio que explotaba a los nueve jornaleros que tenía a su cargo por un delito contra los derechos de los trabajadores. Durante la declaración por la disputa entre compañeros, uno de ellos relató a la Guardia Civil las condiciones infrahumanas en las que vivían y desempeñaban su trabajo. Se alojaban en una nave industrial con deficiencias estructurales y sin agua, les quitaban parte de su salario, que era menor de lo estipulado en su tipo de contrato, salían al campo de lunes a domingo y tenían que pagar la gasolina de su bolsillo. Los dos detenidos ya han declarado ante el juez y se encuentran en libertad con cargos a la espera de juicio.

La pareja, un hombre y una mujer de 31 y 26 años, ambos de nacionalidad rumana, ejercían de cabos de cuadrilla desde Sollana, un municipio situado a unos 20 kilómetros de Valencia. A través de una empresa de trabajo temporal (ETT) reclutaban a temporeros para labores de recolecta en diferentes localidades de Castellón, Valencia y Alicante, allá donde les llamaran, según la Guardia Civil. Ellos se encargaban de organizarlo todo. Ofrecían un contrato, pagaban los sueldos y gestionaban los pedidos. También procuraban que los jornaleros fueran extranjeros, para poder tramitar todo el papeleo con la excusa de que sus empleados no conocían bien el idioma ni la legislación.

A principios de 2019, la cuadrilla se desplazó a Pedreguer (Alicante). Dos de los trabajadores comenzaron una disputa que acabó con la denuncia de uno de ellos en el cuartel de la Guardia Civil por un delito de lesiones. Una vez ante los agentes, el jornalero relató sus condiciones de vida y la de sus ocho compañeros, todos de nacionalidad portuguesa y rumana. El testimonio daba señales de que la cuadrilla estaba siendo víctima de un caso de explotación laboral y llevó a que el Equipo Contra el Robo en el Campo del instituto armado iniciara una investigación.

Durante un año, los agentes han corroborado todas las acusaciones vertidas por el temporero. Una vez captados, los trabajadores pasaban a residir en una nave industrial anexa a la vivienda de los jefes, “obligados, para mantener su puesto de trabajo, a vivir hacinados y en condiciones infrahumanas”, según la Guardia Civil. Las instalaciones presentaban evidentes deficiencias en su estructura, se inundaban cuando llovía y carecían de agua corriente. De hecho, los empleados, “para asearse y lavar su ropa, utilizaban el agua de las acequias cercanas”, describen las mismas fuentes.

Las condiciones de trabajo no eran mejores. Los ahora detenidos incumplían todos los requisitos del convenio de recogedores establecido en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, las altas en la Seguridad Social se asociaban a las horas producidas y no a jornadas completas. Además, rebajaban hasta en 1.000 euros por trabajador el salario estipulado en las labores a destajo. Y, finalmente, ingresaban todas las nóminas en sus propias cuentas bancarias, con lo que “pagaban en metálico cantidades irrisorias” y mantenían el control de los sueldos, con el fin de obligar a sus trabajadores a soportar estas condiciones para cobrar a fin de mes, dice la Guardia Civil.

Por último, las jornadas de trabajo se alargaban de lunes a domingo y duraban más horas de las establecidas legalmente. El único descanso laboral que podían permitirse los jornaleros era “el de los días en que las inclemencias meteorológicas no permitiesen la recolección”, señalan las fuentes consultadas. Los gastos en combustible de la furgoneta en que se desplazaban, propiedad de los arrestados, corrían a cuenta de los temporeros. Y sus capataces se quedaban también con un pequeño porcentaje de la fruta recogida.

El pasado mes de diciembre culminó la investigación y se procedió a la detención del matrimonio que explotaba a sus temporeros. Fueron acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y pasaron a disposición judicial en un juzgado de Sueca (Valencia). Tras su declaración, han sido puestos en libertad con cargos y se encuentran actualmente en espera de juicio.