Bruselas investiga un préstamo de 400 millones a Alitalia por ayuda de Estado

Alitalia suma un nuevo dolor de cabeza en plena crisis por la expansión del coronavirus. La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de una investigación sobre la legalidad del préstamo de 400 millones de euros otorgado a la aerolínea en diciembre por el Gobierno italiano. Bruselas estudiará a fondo si el dinero entregado por las autoridades constituye una ayuda de Estado ilegal, lo que supondría quebrantar las normas comunitarias de Competencia.

La intención del Ejecutivo italiano era evitar que la compañía dejara de funcionar mientras encuentra inversores interesados en reflotar la aerolínea. Pero las quejas presentadas ante la posibilidad de que la ayuda incumpla las leyes europeas para sacar de apuros a empresas en dificultades han llevado a Bruselas a iniciar la investigación.

La aerolínea que durante siete décadas fue compañía de bandera del país transalpino pasa por un momento delicado. Sin beneficios desde 2002, en 2017 entró en concurso de acreedores tras rechazar sus trabajadores el plan de reestructuración. En los tres últimos años ha funcionado con respiración asistida gracias a sucesivas inyecciones de dinero público, una práctica que la Comisión Europea observa con recelo. El Ejecutivo comunitario ya abrió otra investigación en 2018 por un préstamo puente de 900 millones concedido a Alitalia por el Gobierno poco después de la quiebra. Sin decisión todavía sobre aquellas pesquisas, los casos con el nombre de Alitalia se acumulan sobre la mesa de la implacable comisaria de Competencia danesa, Margrethe Vestager.

El momento difícilmente puede ser más inoportuno para la compañía. Italia ha sido el país europeo más golpeado por el coronavirus. El veloz crecimiento de los infectados ha provocado una cascada de cancelaciones. Y Alitalia anunció este viernes que ha reducido los vuelos en 38 rutas nacionales e internacionales debido a la baja ocupación de los vuelos. Pone como ejemplo el caso de la conexión entre Génova y Roma, donde el 62% de los asientos han quedado vacíos frente a una media anterior del 34%.

El Gobierno italiano deberá por tanto continuar con la búsqueda de compradores en un contexto complicado en dos frentes: convencer a Bruselas de que las ayudas concedidas a Alitalia son legales y no han de ser devueltas, y lidiar con la crisis sanitaria del coronavirus.