La desconexión de Sniace

El jueves, la empresa Sniace tiró la toalla. Tras dos décadas de caminar sobre ascuas, la firma cántabra ha dicho basta. Un impedimento la aboca a echar el cierre y pedir la liquidación: la decisión de interrumpir el suministro de gas en su planta de cogeneración por parte de Cogen, contra la que presentará una querella por incumplimiento de contrato. Al tiempo, culpa de la situación a la iniciativa del Gobierno de reducir hasta un 35% la retribución de la cogeneración.

Es la crónica de una muerte anunciada que, no obstante, ha caído como una bomba en la comnarca de Torrelavega, donde Sniace ha sido un símbolo industrial durante gran parte de sus 80 años de existencia. El impacto ha llevado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a reclamar el apoyo del Gobierno central. “No podemos consentir que Sniace se cierre y punto”, dijo Revilla, que este lunes se reunirá con el comité de empresa y el Ayuntamiento de Torrelavega para analizar “alguna posibilidad de futuro”.

Una misión que parece imposible para una empresa que en los últimos meses había logrado incorporar dos inversores industriales (Sabino García Vallina y Félix Revuelta), dispuestos a elevar su participación al 30% cada uno y respaldar la ampliación de capital de 32,6 millones, y la renegociación de la deuda concursal con diversos acreedores. Pero ahora precisa un nuevo proveedor de cogeneración para respaldar el plan de financiación. El futuro pasaba por potenciar sus negocios, centrados en cuatro bases (forestal, celulosa, fibra y energía renovable) en una línea más medioambiental y especializarse en productos sustitutivos del plástico, según explicaba a EL PAÍS el pasado verano Gema Ruiz, que había asumido la presidencia en enero de 2019 en el último intento de salvación.

Pero, además, Sniace contaba con una operación urbanística que tenía el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno cántabro, que en la etapa que estuvo ocupado por el PP (2011-2015) se desentendió. Con el respaldo institucional, la empresa quería destinar 500.000 de los 700.000 metros cuadrados con que cuenta a desarrollos comerciales y de ocio.

Sniace, fundada en diciembre de 1939 como uno de los primeros logros industriales de la dictadura de Franco, entró en bucle a finales del siglo pasado. Tras vivir encierros de sus trabajadores, plantear planes de distinta índole y abordar tres ampliaciones de capital, no pudo evitar el concurso de acreedores. Hasta que en 2013 tuvo que cerrar las instalaciones para volver a abrir en 2016 con una plantilla de 440 personas. En su época gloriosa, que fue duradera, Sniace llegó a superar los 4.000 trabajadores, siendo la bandera industrial de la comarca del Besaya. Contaba con instalaciones que hoy parecen una ruina, con cristales rotos y edificaciones medio abandonadas.

Reacción del Gobierno

El Gobierno ha respondido a los ataques. Según fuentes de Transición Ecológica la retribución se decide de acuerdo a la normativa europea de 2014 cada seis años. Los ajustes, que se conocen con antelación, se trasladan a los costes regulados de la factura de la luz. La nueva orden refleja el significativo aumento del precio de mercado. Con los nuevos precios, los ingresos que reciben las plantas por vender su energía en el mercado serán mayores, lo que les permitirá cubrir más costes de explotación y, en consecuencia, será necesaria menos retribución regulada para alcanzar la rentabilidad razonable establecida por ley (que obtienen una rentabilidad del 7,39% de su inversión, avalada por el Estado). En concreto, serán necesarios 340 millones menos.

Las fuentes consultadas añaden que “las empresas conocen el marco y se han beneficiado de él, obteniendo beneficios extra, caídos del cielo, porque así lo permite la normativa que ahora critican”. Entre 2017 y 2019, los precios de mercado permitieron unos ingresos de 824 millones. A su juicio, no puede hablarse de hachazo, sino de ajuste de esos beneficios extra. “Y Sniace, en concreto, ha recibido en los últimos tres años más de 17 millones, adicionales a sus ingresos”. “No parece justo que recurra a ese argumento para esconder otras razones estrictamente empresariales”, completan.