El Gobierno no muestra prisas por renovar los organismos reguladores

El Gobierno de coalición, cogiendo velocidad de crucero, debe abordar algunos nombramientos. A saber: las presidencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Red Eléctrica de España (REE), en la que la primera tiene un 20% de participación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Consejo Económico y Social (CES). Pero no muestra muchas prisas.

Los más inmediatos parecen los de la SEPI, dependiente de Hacienda, que está presidida desde octubre de forma interina Bartolomé Lora tras la dimisión de Vicente Fernández, investigado en la causa e la mina de Aznalcóllar y por su supuesta interferencia como director general de Industria de la Junta de Andalucía, y REE, en la que recientemente dio la asonada Jordi Sevilla. En la SEPI se han barajado varios nombres, incluso la posibilidad de recuperar a Fernández si sale eximido del juicio. El nombramiento, en todo caso, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Mientras, en REE es el consejo de la empresa el que elige al presidente entre sus miembros, normalmente a propuesta de su principal accionista, la SEPI.

No obstante, en ese proceso quiere participar de forma activa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá muy en cuenta la opinión de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya en su momento recomendó a Sevilla, con el que al final no se entendió. Pero, según fuentes del entorno presidencial, no urge. “Se puede esperar porque los planes están consolidados y hay confianza en la dirección del consejero delegado” mientras se dilucida la persona para ocupar la presidencia sin precipitarse.

Más peliaguda se presenta la renovación de la CNMC, en la que el pasado septiembre terminaron su mandato el presidente, José María Marín, así como de la vicepresidenta, María Fernández, y tres vocales (Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart). Es decir, la mitad de los 10 miembros del pleno del consejo, que fueron nombrados tras su creación en septiembre de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La CNMC fue el resultado de la fusión de varias comisiones (principalmente la de Competencia, la de Energía y la de Telecomunicaciones) con la oposición de los grupos de izquierda, que se negaron a proponer candidatos, por lo que se formó con afines al PP, además de un representante del PNV (Idoia Zenarruzabeitia) y de la antigua CiU (Guinart).

La elección para entrar en la CNMC se presenta muy disputada entre los grupos políticos

El Consejo Económico y Social ha cumplido más de cuatro años con un presidente prorrogado

Durante el Gobierno en funciones no pudo abordarse el relevo, ya que necesita el refrendo del Congreso de los Diputados; pero ahora, que los grupos parecen dispuestos a entrar al juego, la incorporación de los sustitutos se presenta muy disputada. También se discute si se hace en bloque o por partes. En definitiva, la permanencia del actual equipo se puede alargar sine die. Por otra parte, el relevo ha abierto de nuevo el debate sobre la independencia necesaria de los miembros de la institución.

La CNMC fue el resultado de la fusión de varias comisiones (principalmente la de Competencia, la de Energía y la de Telecomunicaciones) con la oposición de los grupos de izquierda, que se negaron a proponer candidatos, por lo que se formó con afines al PP, además de un representante del PNV (Idoia Zenarruzabeitia) y de la antigua CiU (Guinart). Ahora parece que los grupos políticos están por la labor de entrar al juego. No obstante, el relevo ha planteado de nuevo el debate sobre la independencia necesaria de los miembros de la institución. Hace dos años, todavía con el PP en el Gobierno, se planteó una vuelta al modelo antiguo. Sin embargo, al larga inestabilidad política, unido a que el modelo actual ha funcionado ha retrasado cualquier decisión.

El caso más llamativo, no obstante, es el del CES, cuya renovación está pendiente desde 2015, cuando Marcos Peña cumplió su segundo mandato. Se mantuvo cuatro años de prórroga hasta que en abril de 2019 dejó el cargo que ahora ocupa Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, de froma interina . El organismo consultivo en materia social y laboral está adscrito al Ministerio de Trabajo, donde ahora manda Yolanda Díaz, representante de Unidas Podemos.

De momento, no se han dado señales de cambio, pero las fuentes consultadas subrayan que es la oportunidad de dar un impulso al organismo, que a su juicio está adormecido. Se baraja la posibilidad de que se adopte una presidencia rotatoria, de manera que cada dos años esté presidido por uno de los tres bloques que forman el pleno (sindicatos, patronales y social-expertos). Para el nombramiento, el candidato debe ser propuesto por el Gobierno, tener la aprobación de las dos terceras partes y pasar por el Congreso.

Otro asunto es el de la Airef, cuyo anterior presidente, José Luis Escrivá, dejó el puesto para asumir la cartera de Seguridad Social. En todo caso, su mandato acababa este febrero. El Gobierno debe decidir ahora si confirma a Cristina Herrero, que está de interina y cuenta con el apoyo de su antecesor.

Además se debate si la nueva Oficina de Supervisión del Consumidor Bancario se ubica en Economía o en Consumo.