Iberdrola pagó a Villarejo por informes sobre la solvencia de un socio rumano con el que intentó un negocio fallido

Antonio Asenjo, el que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola durante casi 20 años, ya ha declarado durante más de siete horas en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada del caso Villarejo —oficialmente, caso Tándem— que investiga los encargos que le hizo la eléctrica al comisario jubilado. Este martes la segunda jornada del interrogatorio ha estado centrada en dos informes que Asenjo, en nombre supuestamente de Iberdrola, pidió para saber si se podían fiar de una empresa rumana con la que habían firmado un acuerdo para construir hasta 50 parques eólicos en la región de Dobrogea, al sureste de Rumanía. 

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Asenjo relató que el responsable de Renovables le pidió en 2012 que contrastara si este socio era fiable, ante la sospecha de que pudiese cumplir con los hitos que se habían propuesto en el negocio conjunto. Si no se cumplían, la empresa española podía perder 11 millones de euros. Asenjo añadió ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano que habitualmente recurrían al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacer este tipo de averiguaciones en el extranjero, pero que en ese caso el organismo no pudo ayudarles porque ya no disponía de personal en el país. 

Asenjo aseguró que entonces se acordó de que le habían comentado que Villarejo había trabajado mucho en el extranjero y contactó con él. Este se ofreció a hacer la investigación, según estas fuentes, y entregó un documento breve, de tres o cuatro páginas, en el que concluía que el socio rumano, Eólica Dobrogea (participada por el grupo de ingeniería suizo NEK Umwelttechnik AG y las compañías rumanas C-Tech Srl y Rokura Srl) no era de fiar. Asenjo entregó el informe a quien se lo había encargado, el responsable de Renovables, a lo que este comentó: "A ver quién se lo dice al patrón". Según relató Asenjo en sede judicial, este directivo se refería a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y al hecho de tener que darle la mala noticia de que el socio no era trigo limpio.

Durante los dos días de su declaración Asenjo ha mantenido que Sánchez Galán conoció al menos dos de los 17 informes que Villarejo elaboró para la compañía, pero ha asegurado que no sabía que tras la empresa que los firmaba, Cenyt, estaba el comisario jubilado. El exjefe de Seguridad ha reiterado asimismo que en esos encargos el policía no cometió ilegalidades como espiar a los investigados o intervenir sus comunicaciones, sino que únicamente empleó fuentes de datos abiertos, como los registros mercantiles.

Asenjo señaló este martes que cree que el responsable de Renovables nunca llegó a elevar el informe que advertía de la poca fiabilidad del socio rumano. Poco después de aquel trabajo, la mercantil rumana empezó a incumplir su parte e Iberdrola inició un litigio en un tribunal de arbitraje, que finalmente ganó. Pero el socio se declaró insolvente para abonar los 11,8 millones de euros del laudo. Según declaró Asenjo, cinco años después de aquel primer encargo, en 2017, el director de la asesoría jurídica de Iberdrola le llamó para pedirle una investigación patrimonial en Suiza. La eléctrica quería saber si el socio rumano ocultaba propiedades o fondos con los que hacer frente al pago.

Según las fuentes consultadas, Asenjo relató que Villarejo entregó dos avances de informes con dos facturas distintas y ambas se le abonaron. En los trabajos se descubría un alzamiento de bienes: un mes antes del laudo, el socio había pasado a su mujer sus propiedades. Por el trabajo de 2012 la empresa del comisario se embolsó 70.000 euros. Las dos facturas de 2017 sumaron otros 70.000 euros. 

El exjefe de Seguridad, que abandonó la eléctrica en diciembre pasado, tras ser imputado, repasó durante su declaración los dos informes que sabe a ciencia cierta que llegaron a la mesa de Sánchez Galán, según las fuentes consultadas. Uno de ellos se desconocía hasta ahora. Asenjo encargó a Villarejo que comprobara los rumores que le llegaban sobre movimientos sospechosos de un directivo llamado Pedro Barriuso, que en la compañía consideraban la mano derecha y probable sucesor de Sánchez Galán.

Según declaró Asenjo, en los seguimientos a Barriuso el comisario jubilado descubrió que este preparaba con otros directivos de la casa una estructura empresarial para montar parques eólicos que supondría competencia directa con Iberdrola. El presidente despidió a su delfín tras conocer la investigación, según Asenjo. En su momento los medios económicos contaron que Barriuso dejó la eléctrica para acometer otros proyectos profesionales. 

El segundo informe que según Asenjo conoció Sánchez Galán examinaba la idoneidad de Inés Macho, a la que una empresa cazatalentos había propuesto como nuevo miembro del Consejo de Administración. Finalmente fue designada consejera y vicepresidenta de la compañía. Por este trabajo, que hizo en apenas dos días, Villarejo cobró 18.000 euros. 

Los fiscales del caso Villarejo no dan por terminado el interrogatorio a Asenjo, pero aún no se ha fijado cuándo se producirá la siguiente declaración. Como ocurrió el lunes, este martes Asenjo ha acudido de incógnito a la Audiencia Nacional.