Controversia ante una posible burbuja fotovoltaica

El pasado jueves, Red Eléctrica de España (REE) hizo pública la evolución de las energías renovables en 2019. Según sus datos, el incremento del 5,6% de la potencia instalada nacional (récord histórico con un valor de 110 gigavatios) se ha debido al aumento de la potencia instalada renovable, cumpliéndose así los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030. En ese periodo, REE ha gestionado y permitido la puesta en servicio de 6.456 MW de generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior.

“Dado que el despliegue de nuevas instalaciones de renovable deberá mantenerse toda la década, desde Red Eléctrica se continúa trabajando en la mejora del proceso de puesta en servicio”, dice el comunicado difundido por la empresa que preside Jordi Sevilla. Según REE, a 31 de diciembre de 2019 estaban en servicio un total de 34,2 gigavatios (25,5 GW de eólica y 8,7 GW de fotovoltaica). Pero, además, la empresa ha concedido permiso de acceso para otros 24,7 de eólica y de 77,3 de fotovoltaica. Eso supone que se han concedido permisos para más del doble de lo contemplado en el PNIEC. Los cálculos apuntan que para 2030 tanto la potencia fotovoltaica como la eólica ronden los 40 GW cada tecnología. Es decir, en el caso de la eólica ya se han concedido 10 GW más de los previstos y, en el de la fotovoltaica, alrededor de 46 GW por encima.

La normativa indica que para conseguir los permisos de acceso que otorga REE solo se precisa presentar unos avales (el ministro Álvaro Nadal los elevó de 10.000 a 40.000 euros) o una caución sin necesidad de contar con más requisitos, como la localización o autorizaciones medioambientales y de patrimonio. Al ser un filtro tan poco exigente, se han multiplicado las peticiones de permisos.

Ahí se produce la controversia. ¿Para qué se conceden tantos permisos si luego no se van a explotar todos? El temor radica en que se hayan hecho muchas compras especulativas y se pueda producir una burbuja por la reventa de permisos. Esa sensación se ha propagado principalmente en el entorno de las grandes compañías eléctricas, probablemente porque suelen ser las llamadas a adquirir los permisos o los activos de los ganadores de subastas a las que no acudieron o perdieron. La pregunta que surge es si se tienen que hacer más subastas. Las eléctricas las rechazan porque no quieren que perder mercado, aunque luego compren los puntos de conexión, y porque tienen capacidad para invertir en el mercado libre.

Sin embargo, la tendencia es que haya más subastas. El razonamiento es que permiten entrar en el mercado a inversores que, de otra forma, tienen menos posibilidades financieras de hacerlo. La duda radica en si esas subastas se hacen sobre capacidad (como las realizadas hasta ahora) o sobre energía, como la que se hizo en Portugal que garantizan un suelo, con precio mínimo.

Red Eléctrica ha otorgado autorizaciones para más del doble de las previstas

“Lo que hay es una liberación de una restricción de mercado”

Las grandes eléctricas rechazan  las subastas porque no quieren perder mercado y porque tienen  capacidad para invertir en mercado libre

En ese sentido, hay fuentes autorizadas que discrepan de la existencia de una burbuja en potencia. “Lo que hay es una liberación de una restricción del mercado y no una burbuja”, afirma una de ellas, que añade que “al mercado lo regula el propio mercado con la ley de la oferta y la demanda”. Y si la oferta va en aumento, el precio irá en descenso hasta el punto de que acabará no siendo rentable el mercadeo. Esas fuentes apuntan que antes la reventa tenía garantizado un buen precio; pero ahora ya no es así, si no hay reventa no puede haber burbuja. La reciente venta de activos por parte de ACS a Galp por 750.000 euros el MW, ya refleja la tendencia a la baja. Además quedan muchos años para desarrollar nuevos proyectos, lo que también disipa la burbuja.

Las fotovoltaicas, reunidas en UNEF, que son actores principales, además de mostrar sintonía con la circular de la CNMC de acceso y conexión (pendiente de que se resuelva el conflicto de competencias que existe entre el organismo regulador y el Ministerio para la Transición Ecológica) plantea medidas para resolver las discrepancias. Según su director general, José Donoso, “lo importante es que no haya que esperar cinco años para ver si un proyecto que ha recibido un punto de conexión se lleva a cabo o no, ya que está ocupando un lugar que podría ser utilizado por otro proyecto y dando una imagen de proyectos en curso que no se corresponde con la realidad, lo que puede llevar a tomar decisiones erróneas de política energética, además de favorecer a los especuladores”. Para evitarlo, considera que debe de haber una serie de hitos intermedios que presupongan la necesidad de identificar los proyectos y llevar a cabo trabajos previos antes de la solicitud de los puntos de conexión.

Los reguladores ya tienen su sala de retratos

José María Marín reunió a los expresidentes de las antiguas comisiones de Competencia, Energía y Telecomunicaciones para inagurar una sala con sus retratos y, de paso, comentar los progresos en las tareas de vigilancia y regulación y especular sobre el futuro (o futura) ocupante del cargo. En la foto, de izquierda a derecha, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Liborio Hierro, Reinaldo Rodríguez, Maite Costa, Marín, Gonsalo Solana, Carlos Bustelo, Joaquín García bernardo de Quirós, Bernardo Lorenzo y Luis Berenguer.