El Gobierno congela el salario mínimo para el arranque de 2021
El criterio de los departamentos de Asuntos Económicos y Hacienda respecto a la idoneidad de un nuevo incremento en medio de la crisis se impone a las pretensiones de Trabajo
Sin acuerdo entre los agentes sociales, y en medio de una discrepancia interna que ha enfrentado a los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Hacienda, el Gobierno ha decidido finalmente congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) en este inicio de 2021, a la espera de que la situación económica del país mejore en los próximos meses, y de que los participantes de la Mesa del Diálogo Social abandonen la firmeza de sus posturas contrapuestas. El Consejo de Ministros, el último del año, ha aprobado este martes la prórroga del SMI actual por medio de un decreto-ley que otorga “el periodo necesario” para que las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos alcancen un consenso, algo que parece lejano. Sin embargo, mientras desde Trabajo se escudan en asegurar que los efectos de una hipotética subida ―se acuerde cuando se acuerde― tendrían efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos califican esta consideración de “prematura”.
Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo, refiriéndose a la delicada situación de la empresa privada en estos momentos de crisis, no han hecho más que evidenciar las reticencias del ala socialista del Gobierno de coalición, que no considera apropiada una nueva subida en estos momentos. “Cuando me preguntan por qué [la subida] sí a los funcionarios y a los pensionistas, y no en el sector privado, es porque en el sector privado quien hace ese desembolso y esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando porque lo necesita”, ha indicado Sánchez.
La condición necesaria de que sindicatos y patronal alcancen un punto de encuentro para tomar esta decisión, unido a las discrepancias políticas entre los socios de gobierno, han llevado a que se agote el tiempo que se recogía en el Real Decreto 231/2020 aprobado por Díaz el pasado mes de febrero, en el que establecía su vigencia hasta el 31 de diciembre, sin que antes se haya acordado un nuevo incremento. Este, que se estimaba en un 0,9% que lo equipararía a los incrementos anunciados para los funcionarios y pensionistas, elevaría los 950 euros actuales repartidos en 14 pagas en unos nueve euros. Sin embargo, al no haberse aprobado en tiempo y forma, no tendrá, por el momento, como punto de partida el próximo 1 de enero.
La ministra María Jesús Montero explicó los motivos de su posición contraria a la subida del SMI la semana pasada en una entrevista a EL PAÍS: “Estando en un escenario económico donde todavía hay incertidumbre, con riesgos de daño en nuestro tejido productivo en el próximo trimestre, tenemos que ser muy prudentes, muy cautelosos, muy responsables en acompañar a las empresas y al modelo productivo para que en esta última parte de la pandemia no vayan a producir ajustes que hemos evitado durante toda la parte previa”. Y agregó: “Después de pasar este primer semestre [de 2021], estaremos en mejores condiciones de poder ver si realmente tenemos los parámetros ya normales que nos permitan continuar en una senda de crecimiento del salario mínimo que tenemos prevista para toda la legislatura, que estamos comprometidas con ella y que por tanto si en este momento puntual no podemos acelerar, lo haremos más adelante porque nuestro compromiso es el que viene en el acuerdo de investidura, de llegar al 60% como establece la carta social”.
“No se puede prolongar más”
La noticia de la congelación no ha sido bien recibida por los sindicatos, que instan al Gobierno a que “cumpla su promesa” y suba el salario mínimo interprofesional lo antes posible, de forma que no permita que “las personas trabajadoras continúen pagando esta crisis”. En un comunicado conjunto enviado por UGT y CC OO, ambos sindicatos consideran que un nuevo incremento del SMI es “imprescindible para impulsar el crecimiento y avanzar en igualdad”, y que “no se puede prolongar más”, ya que “las personas necesitan una respuesta inmediata para salir de la crisis”.
Trabajo logró incluir a última hora del martes en el orden del día del Consejo de Ministros el debate acerca de decretar una prórroga del real decreto que regula el SMI, para “seguir negociando, dar seguridad jurídica y proteger a los trabajadores que están pendientes de este SMI y que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre”. Sin embargo, aunque el Consejo de Ministros ha acordado la prórroga, resulta un mero formalismo jurídico para que se mantenga vigente el Real Decreto de febrero, y por tanto, las condiciones recogidas en él.
“Si las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera los nueve euros es que estamos en una situación muy grave”, declaró Díaz recientemente, después asegurar que una nueva subida ―que hubiera sido la séptima consecutiva desde 2015― encajaría dentro del marco europeo, por las decisiones en esta línea (aunque con matices) que han adoptado países como Alemania o Francia. “No sería comprensible que nos alejáramos de Europa cuando se han subido salarios de empleados públicos y pensionistas un 0,9%. No podemos dejar descolgados a los trabajadores, que son los que más lo necesitan”, insistió tras su regreso de un viaje a Bruselas.
Para UGT y CC OO es “irrenunciable que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe a lo largo de esta legislatura en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea y el compromiso alcanzado en España con los agentes sociales”. Y añaden que “el año 2021 no puede ser una excepción, un paréntesis que nos aleje de este objetivo, sino que debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos”.
Sobre la firma
