Trabajo busca mantener viva en enero la negociación del salario mínimo

La decisión final acerca de si el salario mínimo interprofesional (SMI) continúa por la senda del crecimiento que ha experimentado en los últimos años o se congela tendrá este martes una bola extra en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Trabajo logró introducir en el debate a última hora de ayer la posibilidad de decretar una prórroga del plazo de vigencia del real decreto 231/2020 aprobado en febrero por la ministra Yolanda Díaz, en el que se establecía tanto la cantidad como la duración del pago del SMI: 950 euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Con la aprobación de una prórroga, desde el departamento de Díaz pretenden que el SMI no caiga “en un limbo legal y jurídico” por no haberse estipulado todavía y estar el 1 de enero de 2021 a la vuelta de la esquina, lo que supondría el comienzo del nuevo año sin salario mínimo. Además, temen que como consecuencia de la falta de tiempo se produzca una congelación que decantaría una pugna en la que se encuentran inmersos tanto dentro del propio Gobierno de coalición como entre sindicatos y patronal. Fuentes de Trabajo aseguran que su intención es “seguir negociando, dar seguridad jurídica y proteger a los trabajadores que están pendientes de este SMI y que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre”.

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El difícil equilibrio entre pagar y cobrar lo mínimo

Las repetidas discrepancias públicas entre la titular de Trabajo y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acerca de la conveniencia de una nueva subida en un momento tan delicado para la economía del país, no han hecho más que demostrar el difícil equilibrio que existe en el Ejecutivo, algo que ha molestado a los sindicatos, ya que entienden que estos reproches han ralentizado los tiempos de una negociación en la que apenas se ha avanzado.

Movilizaciones

De hecho, tanto UGT como CC OO han acordado llevar a cabo una serie de movilizaciones a partir del próximo mes de febrero para afear al Gobierno su comportamiento en todo este tiempo. Fuentes de UGT consideran que esta medida es un “toque de atención” por la “la indisimulada pugna política dentro del Gobierno, que empieza a condicionar determinadas negociaciones”.

Las palabras de Montero, Calviño, e incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apelando al entendimiento necesario entre todos los agentes sociales para acordar una decisión ha molestado también a los sindicatos, que entienden que esa condición otorga a la CEOE “derecho de veto”, ya que el organismo que preside Antonio Garamendi se ha posicionado públicamente en contra de una nueva subida en reiteradas ocasiones.