El Gobierno se apoya en la gran empresa para gastar los fondos europeos

El reto de gastar los fondos europeos es ingente. Así que el Gobierno se apoyará en las grandes compañías para asegurarse la buena ejecución de los proyectos. Estas están presentando ideas al Ejecutivo, y algunas ya han sido aprobadas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y remitidas a Bruselas. Además, en el último borrador del real decreto-ley para modernizar la Administración que se aprobará este martes, el Gobierno fomenta las sociedades de economía mixta como un nuevo modelo prioritario para trabajar con las empresas en los fondos europeos. Bajo este esquema, el Estado tendrá la mayoría del capital y ejecutará el proyecto junto al socio.

Gastar bien 70.000 millones en un plazo de entre cuatro y seis años no será tarea fácil. Solo para el año que viene el Gobierno tiene presupuestados del maná europeo unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU, unos 2.400 del fondo REACT EU destinados a sanidad, y las comunidades podrán optar a unos 8.000 millones del REACT UE que se vehicularán a través de Fondo Social Europeo y los Feder. En total, 34.634 millones.

Los ministerios transferirán una parte de esa cantidad, 10.793 millones, a las autonomías en los capítulos de competencias propias de energía, transportes, vivienda, educación o sanidad. De manera que, según consta en el informe económico-financiero de Presupuestos, el reparto de los fondos será del 54% para las comunidades, un 4% para los Ayuntamientos y el resto para el Estado. Mucho que gastar en un solo ejercicio. “Tenemos que cumplir con un calendario muy ajustado, no solo para presentar los planes de inversión y las reformas, también para la ejecución y la certificación ante la Comisión Europea”, declaró María Dolores Genaro, consejera del Tribunal de Cuentas, en unas jornadas celebradas por el Observatorio de la Contratación Pública.

Así que el Gobierno confiará la ejecución de estos recursos en la gran empresa. “Solo así se puede garantizar que se ponen en marcha proyectos de gran envergadura, que no acaban enfangados en problemas de ejecución e, incluso, que haya menos resquicios para la corrupción”, señala una fuente de la Administración.

Y así se deduce del borrador del real decreto-ley de modernización de la Administración, que irá al Consejo de Ministros este martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto recoge los ya conocidos como PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Estos tienen que aprobarse uno por uno en el Consejo de Ministros y se les concede una tramitación preferente de urgencia. Pero además en la última versión del decreto se añade una fórmula para concretar la colaboración con las empresas: las sociedades de economía mixta, una figura que se había usado bastante poco en España salvo en los municipios para la promoción de vivienda o la gestión del agua.

El Ejecutivo dice en el preámbulo que se agiliza y flexibiliza la elección de socios para estos instrumentos de colaboración público-privada. Y añade en el articulado que se adjudicarán directamente, si bien en realidad a continuación determina que se licitará igual que cualquier otro proyecto en concurrencia competitiva siguiendo la ley de contratos del sector público.

En esta sociedad, que se rige por la ley de sociedades de capital, el Estado entra en el capital y la gestión con una participación de, al menos, el 51%. Y el accionista minoritario es el que ejecuta la obra o servicio.

Se trata de un sistema muy utilizado en el mundo anglosajón que todavía tiene que aterrizar a España, ya que hasta ahora ha sido muy poco regulado. Supone una gran revolución en la forma de adjudicar y funcionar en la Administración y habría que desarrollarlo porque existe en torno a él un importante vacío legal, apuntan los expertos consultados.

Aunque haya una gestión pública, este partenariado se configura como una sociedad mercantil con sus estatutos, gobernanza, política retributiva, vida útil… Preocupa cómo se definirá cada una de estas particularidades y cuántas sociedades se crearán. También que se pueda cambiar el objeto de la licitación a posteriori.

En principio, la sociedad de economía mixta debería dotar a los proyectos de una mayor flexibilidad operativa. Y en general los expertos y abogados del Estado consultados alaban esta apuesta. Sin embargo, critican sobre el decreto la falta de mecanismos de gobernanza con la excepción de la conferencia sectorial creada con las comunidades y municipios. En otros países se han establecido comités independientes o comisarios técnicos ajenos al Gobierno para garantizar que imperan los mejores criterios.

Falta de transparencia

Y sobre todo censuran la falta de transparencia. Los ministerios de Industria y Transición Energética han publicado manifiestos en los que se pide a las empresas que expliciten su interés por los proyectos. Pero solo esbozan unas líneas muy generales. Se desconocen los proyectos y quiénes son las entidades interesadas. La patronal CEOE está ejerciendo de interlocutor diseñando una serie de iniciativas tractoras lideradas siempre por una gran empresa y una consultora. Pero, además, diversas fuentes empresariales explican que todas las grandes firmas están circulando por los despachos del Gobierno exponiendo sus ideas. “Hay un tapón en Moncloa para presentar proyectos”, dice una de ellas. Hay 30 componentes del plan del Gobierno, que contemplan grandes líneas de actuación como el despliegue del 5G, la rehabilitación energética o la capacitación digital. A medida que estos se aprueban en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se van remitiendo a Bruselas bajo la lógica de que el primero que los envíe, primero lo cobra.

“La rapidez no tiene que ir en menoscabo de la transparencia y el adecuado control de la gestión de los fondos”, afirma José María Gimeno, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Y también se abren otros interrogantes. “El problema es dónde quedan las pymes en todo esto y cómo se llega al resto de la economía”, subraya Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT. Conscientes de esta realidad, en el Ministerio de Industria, la titular Reyes Maroto ha establecido que el 40% de las inversiones se subcontraten a pymes. Y en el Ministerio de Economía la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, dedicará una parte importante de los recursos a la digitalización y capacitación tecnológica en la pyme.

Según fuentes conocedoras, el Gobierno ya ha avanzado mucho en el desarrollo del 5G y en los proyectos de transición energética. También se preparan grandes planes de rehabilitación verde de edificios, que emplearán bastante mano de obra y de cuyo diseño se ocuparán los Ayuntamientos, según se recoge en el real decreto-ley. Y el Ministerio de Transportes trabaja en mejorar la red de Cercanías. En cambio, va más rezagado por ejemplo el plan de inteligencia artificial.

Conforme se avanza a marchas forzadas, las dudas que plantean los economistas afloran con facilidad. Por ejemplo: ¿hasta qué punto se están utilizando los fondos para avanzar proyectos que las grandes empresas iban a abordar de todas formas?; ¿elevará de verdad la capacidad productiva del país la inversión renovable o el 5G?, o ¿acaso no se han digitalizado ya las pymes que lo necesitaban con la pandemia?

Hacienda gana control de la ejecución

Hacienda y la Intervención General del Estado ganan protagonismo en la última redacción del real decreto-ley de modernización de las Administraciones. La primera versión causó malestar e incertidumbre entre los funcionarios porque se retiraban elementos de fiscalización sobre estos fondos. Se daban solo cinco días a la Intervención para comprobar de manera previa, y si no se aplicaba un muestreo. Todo para poder agilizar el procedimiento. Sin embargo, en la segunda versión se ha visto la mano de Hacienda. El registro de las empresas interesadas pasa de Industria a Hacienda. Es decir, de un ministerio de gasto a uno más centrado en el control. Hacienda también llevará la interlocución sobre la ejecución de los fondos con las comunidades y Bruselas. Y la Intervención tendrá libertad de acceso a los sistemas de información para hacer una auditoría en línea de toda la documentación.

En el primer texto se permitía contratar sin publicidad con cantidades más altas. Ese punto se ha suprimido. Y ahora se incluye que las inversiones deben respetar la unidad de mercado, algo cuya comprobación ralentizará la ejecución.

En opinión del catedrático Gimeno, faltan por determinar los criterios de adjudicación, por ejemplo qué relevancia tendrá en la valoración el precio frente a la rentabilidad de la inversión. “Debe primar lo segundo sobre lo primero”, dice. A su juicio, tampoco se define bien cómo se diseñará el control de la ejecución de los fondos.