Un mercado bajo la anestesia de los bancos centrales

El cuento de Pedro y el lobo se repite recurrentemente en los fondos de inversión y, concretamente, en aquellos de renta fija (invierten en pagarés, deuda pública y bonos de empresas). Los mercados donde se negocian estos activos están tan tutelados e intervenidos por el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Japón o el de Inglaterra, que muchos expertos avisan que viven años de burbuja que se suceden uno tras otro. Y la covid-19 no ha hecho sino alargar este periodo de intervención, con el objetivo de que los países y las empresas puedan emitir deuda con facilidad para aumentar el gasto público o, simplemente, para sobrevivir a la parálisis temporal de sus negocios.

El consejero delegado y gestor de fondos de renta fija en Buy&Hold, Rafael Valera, hace referencia, por ejemplo, al bono griego a 10 años, que desde 2018 ha ofrecido al inversor una ganancia anual del 21,58% como consecuencia de la subida de precios y la caída de su rentabilidad (cuando baja la rentabilidad del bono sube su precio y viceversa). Actualmente, el bono griego —denostado en tiempos de crisis del euro—, ofrece una rentabilidad del 0,66%. Hace dos años este mismo bono estaba al 4,26%. “¿Ha mejorado tanto la economía griega para permitirse esa financiación tan barata?”, se pregunta Valera. En España, el bono a 10 años ha tocado esta semana el 0,024% frente al 1,51% de noviembre de 2018 y eso que ahora el país se encamina a tener una deuda sobre el PIB próxima al 130%. Pero nadie atisba un cambio rápido en esta tendencia, con el compromiso de los bancos centrales de seguir inyectando liquidez y comprando deuda pública y bonos emitidos por empresas.

La CNMV ha mostrado especial atención a estos mercados, ya que algo más de la mitad del dinero de los fondos de inversión en España (262.000 millones de euros) invierte en deuda pública o bonos y pagarés empresariales. Desde el organismo supervisor, aunque descartan problemas en estos productos, sí indican que “antes de suscribir participaciones de un fondo concreto es fundamental conocer el horizonte temporal, la liquidez del producto o el riesgo de pérdidas. Los inversores deben convertir en un hábito la consulta de la documentación, especialmente el DFI [documento con datos fundamentales para el inversor] y los informes periódicos”.

El esfuerzo de vigilancia del organismo para que estos productos no tuvieran falta de liquidez y pudieran devolver el dinero a sus partícipes si estos lo solicitaban, ha dado sus frutos en momentos tan complicados como los vividos en los pasados meses de marzo y abril con el dinero huyendo por la pandemia vírica. Así, desde la CNMV apuntan que sus actuaciones han estado relacionadas con la atención a las condiciones de liquidez de los activos y con la evolución de los reembolsos en las distintas entidades, “todo ello en contacto con las gestoras y con el fin de seguir la situación y recordarles sus obligaciones y las herramientas disponibles de liquidez”. Y el pasado marzo entre las medidas especiales por la covid se introdujo la posibilidad de establecer, con autorización o por decisión de la CNMV, periodos de preaviso para los reembolsos con carácter excepcional. “No ha sido necesario hacer uso de esta herramienta”, indican.

David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales, explica que en los fondos, el inversor tiene dos riesgos: el del mercado por el que su activo puede subir o bajar, y el de quiebra de la empresa en la que invierte. Pero el tercer riesgo intrínseco a cualquier inversión, el de la iliquidez, teóricamente no existe: el de la iliquidez. Los fondos están obligados a devolver el dinero a sus partícipes en el tiempo fijado en el folleto de inversión (normalmente 24 horas).

Sin embargo, Cano opina que la facilidad de comprar y vender activos como bonos o pagarés ha disminuido en los últimos tiempos. “Los bancos centrales están comprando deuda de empresas y la mantienen hasta su vencimiento, con lo que no dan liquidez a estas emisiones y retienen parte de estos títulos que podrían negociarse. Además, los creadores de mercados que se encargan de especular comprando y vendiendo estos títulos a los inversores han visto su número reducido debido a una regulación cada vez más penalizadora”. Así, el director de AFI explica que los gestores tienen más exigencias de liquidez para sus fondos en un momento en que la liquidez está penalizada, ya que los bancos cobran a los fondos por depositar su dinero.

Eso sí, las cifras no son preocupantes, ya que al cierre del primer semestre el volumen total de activos considerados de liquidez reducida ascendía a 2.785 millones de euros en la cartera de los fondos, según el supervisor. Una consideración que, obviamente, puede cambiar cualquier situación de estrés en los mercados.

Deterioro de la solvencia

Caídas del PIB de dos dígitos o cercanas a este nivel tienen su repercusión en la marcha de las empresas y en su compromiso para atender los pagos de deuda. Muchas compañías, incluidas algunas españolas, se asoman ya al precipicio del bono basura. La BBB- es el último peldaño de lo que se conoce como grado de inversión y perder este nivel supone entrar en el grupo de los high yield, o de alto riesgo. De hecho, este tipo de deuda crece a velocidad de crucero en Europa. Con cifras a junio el saldo vivo (deuda en circulación) alcanza los 165.000 millones de euros, frente a los 149.000 millones de marzo de este año.

Llevando esta menor solvencia al terreno de los fondos de inversión, muchos de ellos tienen en su ideario desprenderse de los bonos cuando estos bajan del grado de inversión. La CNMV también ha estado atenta y exige a los fondos que han aumentado su indicador sintético de riesgo (ISR) sin haber cambiado su política de inversión “comunicarlo mediante un hecho relevante y actualización del documento de datos fundamentales para el inversor (DFI).”

Pero, de momento, las gestoras no están asumiendo grandes riegos. En unas recientes declaraciones, el hasta ahora presidente de la CNMV, Sebastián Albella, aseguraba que el patrimonio total de los fondos con un 25% de la cartera en bonos de alto riesgo se sitúa en torno a los 8.000 millones de euros. Esta cifra representa algo más del 6% del patrimonio de los fondos españoles de renta fija. Eso sí, cada vez más fondos se apuntan a esta moda del alto riesgo debido a las bajísimas rentabilidades que ofrecen los bonos más seguros. Así, alrededor de 500 fondos dejan la puerta abierta a tomar posiciones en estos activos.