Luxemburgo sube el salario mínimo a 2.200 euros al mes pese al rechazo de los empresarios

Tras la legión de prósperos banqueros, consultores, auditores y abogados que inundan sus despachos, hay un Luxemburgo que echa cuentas para llegar a fin de mes. Y las autoridades del Gran Ducado, ejemplo de país rico, tradicional dominador de las estadísticas europeas de renta per cápita —próxima a los 100.000 euros por habitante—, parecen no querer dejarlos atrás. El Parlamento dio este miércoles su visto bueno por unanimidad a subir el salario mínimo un 2,8% a partir del 1 de enero. Eso supondrá que ningún trabajador a tiempo completo cobrará menos de 2.201,93 euros brutos al mes, 2.642 euros en el caso de los empleos cualificados, un aumento de 60 y 72 euros respectivamente.

La medida beneficiará a más de 60.000 trabajadores, el 14,6% de todos los asalariados excluyendo a los funcionarios, sobre todo empleados de restauración, comercio e industria, pero no ha contentado a todo el mundo. La factura para las compañías se calcula en 54,3 millones de euros. Y las patronales y cámaras de comercio han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un golpe en plena pandemia, con bares y restaurantes cerrados y un toque de queda vigente hasta el 15 de enero. Para compensarles, el Ejecutivo ha prometido abonar a las firmas más tocadas por la crisis sanitaria —turísticas, de ocio y restauración— una ayuda de 500 euros mensuales en el primer semestre de 2021 por cada trabajador con salario mínimo, pero los empresarios insisten en pedir la supresión del incremento salarial.

“Los más pobres y los más débiles son también los más vulnerables durante una crisis”, ha señalado la ministra de Familia e Integración, Corinne Cahen, durante la tramitación parlamentaria. “No hay que olvidar que si aquellos que ganan un poco menos tienen un poco más de dinero para gastar, eso implicará también un poco más de dinero en la caja de los pequeños comerciantes”, ha argumentado para apaciguar las críticas de los empresarios.

El movimiento del Gobierno del liberal Xavier Bettel, que comparte grupo político en el Parlamento Europeo con Ciudadanos, no causa gran sorpresa si se observan los precedentes. El salario mínimo de Luxemburgo es el más alto de la Unión Europea, y ha subido una decena de veces en una década, tiempo en el que se ha revalorizado 444 euros, 533 euros en el caso de los trabajadores cualificados.

La cifra puede parecer desmesurada si se miran los niveles al Este o el Sur del continente. Supone casi el doble del salario mínimo español —de 950 euros, pero con 14 pagas— y multiplica por siete el de Bulgaria —312 euros—, si bien para hacerse una idea más real sobre su impacto en el poder adquisitivo hay que mirar la estadística ajustada a los precios, mucho más altos en el Gran Ducado. Ahí, Luxemburgo sigue liderando la UE, aunque menos holgadamente, seguido de Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Irlanda y España.

En el segundo país más pequeño de la UE tanto en población —626.000 habitantes— como en superficie —similar a la provincia de Álava—, una buena remuneración empieza en umbrales inconcebibles en otras latitudes. El salario medio bruto anual superó los 65.800 euros en 2018, y la mitad de las nóminas rebasa los 49.548 euros, pero ese bienestar, favorecido también por un régimen fiscal ventajoso para las empresas, no penetra en todas las capas de la población. Y el Gobierno busca corregir las enormes desigualdades que alberga en su seno, para lo que también ha aprobado medidas como la gratuidad del transporte público.

“El problema número uno es el alojamiento. Alquilar un piso es casi imposible con el salario mínimo”, señala Mohamed Esch, español de origen marroquí afincado en Luxemburgo. Su situación no es desahogada. Cobra el salario mínimo trabajando como taxista al volante de un vehículo que no es suyo, y paga 1.530 euros por su apartamento, agua y luz incluidas, un gasto que no podría afrontar en solitario, sin las ayudas sociales que recibe su esposa, desempleada.

“Es muy difícil vivir decentemente con el salario mínimo, porque al dedicar la mitad a gastos de alojamiento, al menor imprevisto todo se complica”, coincide David Wagner, diputado de La Izquierda. El elevado porcentaje del salario engullido por la vivienda ha provocado que sea común que muchos trabajadores, los denominados transfronterizos, elijan instalarse en Alemania, Francia o Bélgica para ahorrar, lo que cada día genera atascos infernales para entrar en la capital. De hecho, solo 33.600 de las 60.500 personas que cobran el salario mínimo viven en Luxemburgo. Para las organizaciones empresariales, la culpa es de los desbocados precios inmobiliarios, y ven con enfado que el Gobierno piense que subiendo el salario mínimo vaya a resolverse el desajuste de un mercado en ebullición desde hace más de una década e imparable incluso en tiempos de pandemia. La inquietud es tal que un sondeo elaborado por Luxemburger Wort y RTL situaba la crisis residencial como primera preocupación ciudadana por delante del virus.

El nuevo colchón aprobado por el Ejecutivo se pondrá en marcha pese a las quejas, e insuflará 708 euros brutos al año a la economía doméstica de los que cobran el salario mínimo, y 864 a los que están en esa franja pero desempeñan trabajos cualificados. El cambio puede tener efectos secundarios de altura: el umbral de la pobreza en Luxemburgo está en 1.804 euros al mes, y se estima que el 17,5% de la población está en riesgo de caer en ella, por encima de la media de la UE. Jóvenes, extranjeros, desempleados y familias monoparentales aparecen como los más vulnerables, por lo que las subidas del salario mínimo auspiciadas por el Gobierno pueden alejar los fantasmas en muchos hogares.