La Fiscalía italiana detiene al ex consejero delegado de Atlantia por el derrumbe del puente de Génova

La investigación apunta a que la empresa redujo los gastos de mantenimiento para maximizar sus beneficios y conocía el deterioro de los tensores de la infraestructura

Giovanni Castellucci, en Génova en una imagen de 2018.
Giovanni Castellucci, en Génova en una imagen de 2018.Gregorio Borgia / AP

El puente de Morandi, una mole de más de un kilómetro de largo y 90 metros de altura que sobrevolaba Génova, se derrumbó el 14 de agosto de 2018. Murieron 43 personas y 600 vecinos tuvieron que ser evacuados. Las heridas todavía continúan abiertas y la investigación en curso tuvo sus primeras consecuencias el miércoles. Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de Atlantia, la empresa que compró Abertis en 2018, fue detenido y sometido a un régimen de arresto domiciliario junto a otros cinco ejecutivos de la concesionaria Autostrade per l’Italia. Están acusados por la Fiscalía de Génova de “atentado a la seguridad del transporte” y fraude en el uso de materiales pactados para incrementar sus beneficios a costa de la seguridad de los usuarios.

La investigación por la que han sido arrestados es una derivada de las pesquisas principales por el derrumbamiento caso del puente. Durante este tiempo se pincharon teléfonos y se registraron conversaciones donde se ponía de manifiesto la estafa. “Las investigaciones de la Fiscalía y de la Guardia di Finanza no han hecho más que poner al descubierto una cierta forma de hacer política empresarial por parte de la entonces alta dirección de Autostrade per l’Italia (Aspi)”, declaró fiscal jefe de Génova. En la orden de arresto se dice explícitamente que los directivos eran “conscientes” de los defectos de las barreras acústicas y del peligro que podrían representar cuando las condiciones meterorológicas eran desfavorables. Además, miembros de la empresa “habrían manifestado su deseo de no realizar los trabajos de reposición y seguridad adecuados, eludiendo esta obligación con unas medidas temporales inadecuadas”.

Castellucci dimitió hace un año de su puesto como consejero delegado tras pactar una indemnización de 13 millones de euros. Pero la empresa, en el ojo de la huracán por la presión mediática y política, se cubrió reservándose la posibilidad de anular el pago si se demostraba alguna irregularidad en su gestión. La Fiscalía recoge ahora que los altos cargos de la filial de Atlantia no eran ajenos al estado del puento. “Los cables de Morandi están corroídos”, escribió por WhatsApp Michele Donferri Mitelli, exgerente de mantenimiento de Asti, a Paolo Berti, exgerente de operaciones centrales, mes y medio antes del accidente. La conversación, según la magistrada que ha realizado el escrito, fue eliminada tras el derrumbe del puente para limpiar su rastro y evitar autoinculparse.

Uno de los técnicos, además, fue grabado en una llamada en la que aseguraba que las barreras de aislamiento sonoro habían sido pegadas con Vinavil, un fijador corriente, para reducir los costes y evitar una obra mayor. Según la investigación, las barreras no se sustituyeron por unas nuevas “para evitar los costes que se habrían generado” una cifra que habría alcanzado los 140 millones de euros. Por ello, además de Castellucci se ha puesto bajo arresto también al que fuera responsable de mantenimiento, Michele Donferri Mitelli, y Paolo Berti, exdirector central operativo. También se ha emitido una orden de inhabilitación contra tres directivos actuales.

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