Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El Supremo y las instituciones que nos atrasan

La sentencia del 5 de noviembre del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo es un lamentable indicador de nuestra realidad social

Fachada del Tribunal Supremo en octubre de 2019. Julián Rojas
Fachada del Tribunal Supremo en octubre de 2019. Julián RojasJULIÁN ROJAS

Los desafíos que se acumulan a raíz de la pandemia y la consiguiente crisis económica y social se agravan por las trabas de las instituciones a las medidas que reclama la sociedad. Falla el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y la oposición. La sentencia del 5 de noviembre del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo es un lamentable indicador de nuestra realidad social. Puede parecer increíble pero llevan diez años en los tribunales. Durante este periodo, el Alto Tribunal no ha cesado de contradecirse y resistirse a asumir la doctrina europea. En 2013 el Supremo calificó de abusivas por falta de transparencia estas estipulaciones que impedían a los hipotecados beneficiarse de la vital rebaja de los tipos de interés. Fue una declaración inocua que no obligó a los bancos a restituir a los perjudicados lo cobrado indebidamente. En 2015, corrigió y reconoció que los bancos debían devolver lo percibido injustamente desde el 9 de mayo de 2013. En 2017, tras el rapapolvo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tuvo que rectificar y asumir que las entidades financieras tenían que reembolsar lo cobrado indebidamente sin límites temporales.

La historia continuó. Ante el posible alud de demandas, los bancos ofrecieron a sus clientes rebajar las cláusulas suelo a cambio de que renunciaran a pleitear. En 2018, el Supremo aceptó estos cambios y validó las renuncias, lo que fue desautorizado el pasado julio por el TJUE. Ahora en su sentencia el Supremo vuelve a corregir, rechaza las renuncias, pero admite las cláusulas rebajadas con una interpretación restrictiva de la transparencia. Para Javier de la Torre, abogado que ha estado en la primera línea de la defensa de miles de afectados, “es una sentencia salomónica que trata de corregir el error de 2018 pero sigue vulnerando el derecho europeo”. La patraña no acaba aquí. El mismo asunto está pendiente de otro juicio en el TJUE promovido por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Hay que constatar que las correcciones europeas fueron anticipadas siempre por el entonces magistrado del Supremo, Javier Orduña. Es un tema con 234.053 asuntos que atascan los tribunales y millones de perjudicados a los que privaron de una atenuante vital. Nadie rinde cuentas.

Este sucinto relato revela la incapacidad de nuestro máximo tribunal. Nos aleja de Europa al devaluar el valor de la transparencia que exige dar toda la información a los ciudadanos. El Gobierno tampoco está por la labor. En la oposición, el PSOE presentó en 2017 una proposición de Ley de impulso a la Transparencia, pero en el poder se olvidó. La transparencia es más necesaria que nunca cuando España, pendiente de recibir 140.000 millones de euros de la UE, precisa demostrar la máxima credibilidad. Tampoco la oposición se pronuncia. La esperanza es que la UE exija a las autoridades un comportamiento transparente en su gestión.

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