El Tribunal Superior de Justicia de Galicia prohíbe a Alcoa parar las cubas donde produce aluminio

Alcoa no podrá apagar las cubas donde produce su aluminio. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha admitido en parte la solicitud de medida cautelar de los trabajadores, después de que la empresa anunciara el despido de 524 empleados. Los sindicatos pedían que la compañía estadounidense esté obligada a mantener las calderas en marcha —por la dificultad que significaría volver a la producción después de un apagado—, una intervención jurídica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la prohibición de despidos y la continuidad de la producción, mientras se resuelve la impugnación al expediente de regulación de empleo (ERE). Las últimas tres fueron desestimadas por los magistrados, por lo que la firma puede parar la producción y seguir con los despidos, pero debe mantener las cubas listas para trabajar.

El fallo inyecta un poco de oxígeno a la fábrica. El comité de empresa advirtió ya en marzo, y a lo largo de todas las negociaciones del despido colectivo, que el apagado de las cubas podría significar el final de la planta. La empresa tiene la visión opuesta, ya que mantener las calderas encendidas significa continuar con las numerosas pérdidas que la llevaron a decantarse por el ERE en primer lugar. Son equipos de mucho consumo energético y el coste de servicio para la industria electrointensiva es insostenible en España. Ese es el problema principal al que empleados y compañía se han enfrentado desde hace casi una década.

La resolución llega una semana después de una audiencia de más de ocho horas, en la que se ventilaron todas las tensiones entre la compañía y los trabajadores. El magistrado se vio obligado a recordar varias veces el motivo que reunía a la sala: las medidas cautelares y no el despido colectivo. No era para menos, ambas partes se han visto en medio de un tira y afloja durante más de cinco meses ante la mirada de la Xunta y el Gobierno. El proceso de ERE se prolongó en junio con el propósito de explorar la posibilidad de venta de la planta de Alcoa San Cibrao al grupo británico GFG Alliance. Esta opción buscaba escapar de un cierre que podría afectar a toda la comarca lucense de A Mariña, con algo más de 80.000 habitantes, y afectar a un tercio del PIB de la provincia.

La negociación no consiguió avanzar de la primera etapa: la hoja de términos. La pugna principal estaba en la refinería de alúmina anexa a la planta de aluminio. Liberty House, de GFG, reclamaba una compra de todo el complejo industrial que la estadounidense no estaba dispuesta a considerar. Finalmente la británica cedió pero pidió un suministro de 20 años de alúmina, necesaria para la producción de aluminio en la fábrica que iba a adquirir. De nuevo, Alcoa consideró inaceptables estos términos y, cuando la venta se venía abajo, el Ministerio de Industria introdujo una nueva oferta. La SEPI actuaría de intermediario en el traspaso. Todo quedó en nada, el ERE se puso en marcha y se anunció la hibernación de las cubas.

El fracaso en la venta elevó el tono de las discusiones con la empresa hasta llegar a los tribunales. Aun así, buena parte de la demanda de los sindicatos ha quedado desestimada. Los magistrados las consideran desproporcionadas y un impedimento para que la compañía cumpla con los plazos. La solicitud de intervención fue incluso rechazada por el abogado del Ministerio de Industria, que se presentó —junto a la Xunta, en la forma de autoridad laboral— como parte interesada en el proceso. Se calificó de desproporcionada, bajo la noción de que aún existe la posibilidad de negociar con la empresa. Este es un cambio de discurso tras las duras declaraciones del Gobierno y las amenazas de soluciones “menos amistosas” del secretario de Industria, Raúl Blanco.